Luís Díez
Cuarto Poder, 18/12/2012
Por una curiosa circunstancia, la aplicación del “tasazo” judicial que entró el lunes en vigor y encarece la justicia para los pobres, ha venido a coincidir con una reforma del Código Penal que equipara como delincuentes a quienes incurran en fraude al sistema de pensiones o al subsidio de desempleo con los defraudadores de millones de euros. Tal vez el término “equiparar” sea inexacto, pues los primeros serán castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión con independencia de lo percibido indebidamente, y los segundos, los de cuello blanco, sólo se considerarán delincuentes si el importe de la estafa fiscal supera 120.000 euros.
Además, si pagan voluntariamente su deuda con Hacienda o regularizan su situación antes de que se produzca la acusación y comience el proceso penal, quedarán libres de imputación. Y si lo hacen durante la tramitación de la causa –las penas pueden llegar a seis años de prisión–, se podrán beneficiar de la decisión del juez de dar carpetazo y archivar el asunto y, en todo caso, de una rebaja de la pena que puede ser de uno o dos grados.
Tamaña asimetría penal entre trabajadores y pensionistas con los grandes defraudadores confirma la vigencia de aquella apreciación recogida en 1905 por Azorín para El Imparcial entre los trabajadores de Lebrija (Sevilla), según la cual “las leyes se hacen para los ricos”. “No busque usted más, será completamente inútil –le decía el médico del pueblo–: esta no es una demagogia libresca, sino la constatación de la realidad”.
Esa asimetría llevó el lunes al socialista Julio Villarrubia a clamar ante el presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, contra una reforma penal que “legaliza la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes defraudadores y criminaliza a los desempleados, trabajadores y pensionistas”. El atropello –añadió Villarrubia– se consumará el jueves en el pleno Congreso por la mayoría absoluta del PP.
El portavoz socialista anunció asimismo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas porque “supone un ataque sin precedentes al derecho de acceso de todos los ciudadanos al servicio público de la justicia y un atentado a la tutela judicial efectiva”. La urgencia de Alberto Ruiz Gallardón, ya conocido como ministro de injusticia, al aprobar el “tasazo” sin tener siquiera los impresos de las nuevas tarifas, ha hecho que en 24 días, hasta ayer, la administración judicial haya dejado de ingresar unos 15 millones de euros.
“Con ese dinero se podía pagar el ERE de los mil jueces y magistrado sustitutos que van a eliminar en 2013”, argumentó Villarubia. Al presidente del CGPJ, Moliner, no le quedó más remedio que reconocer que esa medida va a suponer “un deterioro judicial”. En su opinión, la supresión de los jueces sustitutos con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una medida “discutible y de efectos impredecibles” para la rapidez y la calidad del servicio judicial.
Si tenemos en cuenta que el promedio de la UE está en 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 10 en España, y que los 5.171 jueces titulares han contado hasta ahora con la ayuda de 1.467 suplentes o magistrados eméritos que con la nueva ley desaparecen, y que de las 409 nuevas plazas que reclama el Poder Judicial sólo se van a crear 50 el próximo año, ninguno de los “efectos impredecibles” va a ser positivo. Jueces y fiscales dirigieron ayer una carta abierta al presidente Mariano Rajoy contra las reformas perjudiciales, sin diálogo ni concierto, de su ambicioso ministro.
