lunes, 15 de octubre de 2018

¿CÓMO SE ENGENDRÓ EL MONSTRUO BOLSONARO?

Gerardo Szalkowicz
Rebelión, 11-10-2018



Algo cambió el domingo en la política latinoamericana. La foto asusta: casi 50 millones de brasileños y brasileñas votaron por un proyecto abiertamente fascista. El 46% del electorado del país más grande de la región (y el quinto del mundo) eligió a un candidato que reivindica la tortura y hace apología de la dictadura, que despliega una retórica de odio, machista, racista y homofóbica descomunal y que promete armar a la población y privatizar las empresas estatales. De yapa, su hijo se convirtió en el diputado más votado de la historia brasileña.

El refortalecimiento de la derecha pura y dura ya se venía acentuando con los Macri, Piñera, el propio Temer, Mario Abdo, Iván Duque y varios más. Pero la irrupción de una ultraderecha troglodita que logra conquistar una enorme base social -un experimento que se instaló en EEUU con Trump y que se extiende en Europa- es un emergente novedoso en América Latina que nos alborota los diagnósticos. Y enciende todas las alarmas.

Brasil quedó al borde del abismo. Y más allá de las urgencias de cara a la segunda vuelta, toca desentrañar la película completa ante el retorno del oscurantismo. ¿Cómo se gestó este fenómeno político, sociológico y hasta religioso llamado Jair Messias Bolsonaro?

El triunfo de la “antipolítica”, o la política del odio

Para comprender este tsunami político es necesaria una mirada retrospectiva de largo aliento. O al menos de mediano. Un país cuya independencia fue proclamada por un príncipe portugués, que no vivió procesos revolucionarios, cuya última dictadura duró 21 años y tuvo una salida bastante consensuada, parió una sociedad históricamente despolitizada. Pero este sentimiento “antipolítica” se repotenció en los últimos años, estimulado por la operación Lava Jato y los grandes medios. Tras el golpe institucional que destituyó a Dilma en 2016 y la paupérrima gestión de Michel Temer, quedó en evidencia la putrefacción del sistema político y se impuso un sentido común de rechazo a la clase dirigente. De hecho, los principales castigados de la elección del domingo fueron los dos principales partidos del establishment: el PSDB, cuyo candidato Geraldo Alckmin no llegó al 5%, y el MDB de Temer que postuló a Henrique Meirelles y obtuvo un magro 1,2%.

Pero este proceso tuvo como condimento central una fuerte campaña de satanización mediática y judicial contra el PT, que permitió asociar la epidemia de corrupción unilateralmente a esa fuerza política y justificar socialmente la irregular prisión y proscripción de Lula.

En ese marco emerge este ignoto ex militar desbocado que logra capitalizar la implosión de los partidos de derecha y centro-derecha, la consolidación de ese fuerte sentimiento anti-PT y la aguda crisis económica que potenció el hastío. Como la política aborrece el vacío, Bolsonaro aparece como el candidato antisistema –pese a que hace 28 años ejerce como diputado- que promete resolver esta crisis multidimensional a fuerza de mano dura y prédica mesiánica. Y de ser un legislador marginal, que ganó fama cuando juró por el militar que torturó a Dilma, se convirtió en el efecto más siniestro de esta democracia agonizante.

El fundamentalismo religioso

No se pueden entender esos 50 millones de votos sin la militancia activa que desplegó la poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios. La fuerza evangélica neopentecostal -que juega cada vez más en el terreno político en toda la región- ataca en tres frentes simultáneos: en el Congreso, donde “la bancada de la Biblia” controla la quinta parte de la Cámara de Diputados; en la prensa masiva con su multimedio Record, el segundo del país achicándole distancias a la Rede Globo; y en las barriadas populares, donde tiene una penetración territorial que no logra ningún partido.

Quizá parte del ascenso abrupto de Bolsonaro se explique por el despliegue de miles de pastores haciendo campaña furiosa por el ex militar en los días previos a la votación.

Las otras tres patas de la mesa

Otro factor clave en la construcción de consenso alrededor de Bolsonaro fueron los grandes medios, que terminaron aceptando al mal menor ante la irreversible polarización con el PT y el fracaso de los candidatos del orden. Las fake news antipetistas se multiplicaron en las últimas semanas e hicieron estragos en las redes sociales. Algo similar pasó con el poder empresarial y financiero, que también cerró filas con Bolsonaro. No es para menos: su gurú económico es Paulo Guedes, un Chicago boy que asegura un rumbo ultraliberal.

Por último, el creciente poderío del llamado “Partido Militar”, que este domingo cuadruplicó su presencia al ritmo de la debacle de la política tradicional. Además de Bolsonaro y su compañero de fórmula, el inefable general Hamilton Mourão, al menos 70 candidatos militares fueron electos y tres disputarán gobernaciones estadales en segunda vuelta.

Los límites del progresismo

También al PT se merece reflexionar sobre su responsabilidad en la despolitización de la sociedad brasileña y en la creación del Frankenstein Bolsonaro. Durante 12 años faltó audacia para avanzar en transformaciones raizales, como hubiera sido la tan reclamada reforma política o una ley que limitara la concentración mediática. Y sobre todo, no se profundizó en el empoderamiento popular y la formación político-ideológica, facilitando el terreno para la diseminación de valores retrógrados y autoritarios.

Y una vez fuera del Palacio de Planalto, el progresismo brasileño se conformó en dar la pelea casi exclusivamente en el andamiaje institucional. Salvo la gimnasia de movilización permanente de los movimientos populares, la estrategia petista quedó atrapada en la telaraña de un sistema democrático controlado por el golpista entramado mediático, religioso, militar y financiero.

Tal vez en la respuesta callejera de las mujeres brasileñas y su poderosa consigna #EleNão se puedan encontrar algunas pistas de cómo enfrentar a los profetas del odio y su monstruo Bolsonaro.


Gerardo Szalkowicz, Periodista. Editor de Nodal. Colabora en diversos medios como Tiempo Argentino, TeleSUR, Rebelión, ALAI y otros. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo” por Radionauta FM. Coordinador, junto a Pablo Solana, del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”.

domingo, 7 de octubre de 2018

ECOEMBES, UN NEGOCIO POCO ECO

Yago Álvarez, Genoveva López y Carlos Saavedra
El Salto, 30/05/2017

[Los medios nos bombardean con la necesidad de reciclar... A continuación se explica qué hay detrás de la supuesta preservación del medios ambiente.]

Ecoembes, la empresa que monopoliza el reciclaje de envases, se beneficia de un modelo de gestión poco ecológico y eficiente pero muy lucrativo.



La gestión de los envases en España está copada por una empresa: Ecoembes. Tras una imagen corporativa basada en el amor a la naturaleza y sociedades colaborativas se encuentran las multinacionales distribuidoras más grandes del planeta: Unilever, Coca Cola o Procter & Gamble, todas ellas conocidas por las numerosas denuncias que acumulan por graves daños al medio ambiente. Más de 2.200 empresas se han unido en un negocio tan opaco como lucrativo.

SIG, Sistema Integrado de Gestión, es el modelo de gestión de Ecoembes. En este sistema, una gran empresa organiza a los distintos actores que interactúan: administraciones públicas, ciudadanía y empresas de reciclaje.

La Comunidad Valenciana, gobernada por Compromís, Podemos y PSOE, ha intentado recientemente implantar un modelo mixto, añadiendo, además del SIG, el SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Con este sistema, las personas pagan un poco más al comprar los envases y tras su devolución reciben una pequeña cantidad de dinero por el retorno.

La iniciativa de la Generalitat ha despertado una gran polémica por la virulencia con la que se ha opuesto Ecoembes. Las razones de la Comunidad Valenciana son claras: existen muchos envases que se quedan tirados en el monte o las calles que no llegan al contenedor amarillo y que con el SDDR serían reciclados. “Un SDDR favorece la recogida diferenciada de envases, permitiendo mejores tasas de recuperación, y abre la puerta a envases retornables, que permitirían la reutilización, con un menor coste ambiental que el reciclaje”, apunta Alberto Vizcaíno López, autor del blog productordesostenibilidad.es.

El SDDR se utilizaba en nuestro país hace años y en la actualidad está implantado en Alemania o Noruega. Sus cifras de recogida y reciclaje son mucho más altas que las nuestras. “En las encuestas que se han hecho en los últimos 40 años, existe un consenso del 85% por parte de los ciudadanos y ciudadanas, que ven con buenos ojos volver a esta práctica”, comenta Miquel Roset, director de Retorna, una organización que defiende el SDDR.

De los siete millones de envases consumidos diariamente en la Comunidad Valenciana, solamente dos acaban en la planta de reciclaje, previo paso por el ejército de contenedores amarillos distribuidos por toda su geografía. La repercusión ecológica (la mayoría de envases acaban en el fondo de los océanos) y económica (Ecoembes cobra por los siete millones de envases y no por los dos) de esta realidad ha provocado que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente se haya lanzado a implantar el SDDR a partir de 2018.

Se cumpliría así con el mandato de las Cortes Valencianas, que en septiembre del pasado año votó pedir formalmente al Gobierno autonómico el impulso definitivo del modelo de retorno.

Enfrente, Ecoembes, la pléyade de marcas a sus espaldas y el poder mediático que arrastran. Pero en los cálculos y datos que ofrecen, algo falla. Las cifras que proporciona Ecoembes para la Comunidad Valenciana elevan el porcentaje de envases reciclados al 75%, frente al 25% que baraja la Administración valenciana.

Los datos de Ecoembes son dudosos, sobre todo si se tiene en cuenta que esta empresa, tras la primeras reuniones con los responsables de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat, prometió esfuerzos para poder doblar las cifras actuales. Las negociaciones para implantar el sistema a partir de 2018 entre todas las partes implicadas continúan.

Mientras tanto, el PP valenciano propone reforzar el actual sistema, el de Ecoembes, y Ciudadanos alega falta de información para emitir un veredicto sobre un sistema, el SDDR, que, aunque en distinto momento de desarrollo, se está pensando implantar en Baleares, Cataluña o Navarra.

El modelo de negocio de Ecoembes es claro: cuantos más envases de usar y tirar se consuman, más ingresos obtiene. “Si se implantase un SDDR que sacase del sistema integrado los envases con más interés para el reciclaje, los resultados de Ecoembes se verían seriamente afectados, tanto en lo económico como en porcentaje de material recuperado —explica Vizcaíno—. Un modelo SIG como el que tenemos actualmente, basado en un contenedor amarillo de envases ligeros, obliga a mezclar muchos tipos de residuos y materiales diferentes, dificultando su posterior recuperación”.

En el resto del Estado, el problema con las cifras de reciclaje se mantiene, no salen las cuentas: “Asturias un 13%, Madrid un 47%… Quizá alguna otra comunidad autónoma lo esté haciendo francamente bien y consiga elevar la media, pero ¿cómo llegaríamos hasta el 75%? A estas alturas ya sabemos que las estadísticas oficiales sobre residuos no coinciden con las de la industria del envase de usar y tirar”, señala Vizcaíno.

Basta con cruzar las cifras anuales que presentan las empresas de envases fabricados y puestos en el mercado en el Estado: Coca Cola, 9.000 millones; la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas, 4.900… De los 17.000 millones de envases de los que presume la industria a la hora de hablar de volumen de negocio a los 7.000 millones de los que dice responsabilizarse.

Un negocio redondo

Las dos flechas enroscadas que identificamos como símbolo del reciclaje es lo que se denomina el punto verde, e indica que la empresa que produce el envase ha pagado una tasa para su gestión posterior. Esa tasa se cobra a los consumidores al comprar el producto. “Pagamos dos veces. Cuando compramos un envase pagamos el punto verde, y luego pagamos la tasa de basuras municipal”, dice Alodia Pérez, responsable de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra.

Ecoembes reparte muchos millones de euros entre los ayuntamientos cada año, en torno a unos 500, y eso le otorga mucho poder
Sin embargo, el contenedor amarillo no lo gestiona Ecoembes, sino los ayuntamientos. Las tornas se cambian y es la empresa privada la que paga a una Administración Pública por la gestión de un servicio a la ciudadanía. “Ecoembes reparte muchos millones de euros entre los ayuntamientos cada año, en torno a unos 500, y eso le otorga mucho poder”, dice Roset.

“Lo más perverso es ver cómo Ecoembes dice que se recicla el 70% y cómo el Ministerio acepta esas cifras, al menos públicamente. Nadie está poniendo en su sitio a esta empresa. Además, amenaza con que si ponen en marcha el sistema de retorno van a ir a la bancarrota y no van a poder dar el dinero que dan a los ayuntamientos”, añade Roset.

Una vez se han recogido los contenedores amarillos, el Ayuntamiento los lleva a las plantas de gestión de residuos, generalmente públicas. Allí los residuos se separan y una vez retirados los materiales del contenedor amarillo que no deberían estar ahí, los impropios, Ecoembes paga a los ayuntamientos según el peso de lo recogido. “Ecoembes debería pagar en función del número de envases que pone en el mercado, no en función de lo que se recoge en el contenedor amarillo. Si no están bien separados, los envases pueden acabar en vertedero o en incineradora”, admite Pérez.

A las plantas de gestión de residuos se dirigen los fabricantes y allí compran los envases a Ecoembes para volver a utilizarlos. “La asociación de empresarios de PET, el material que se usa para embotellar el agua, que sí compran restos, dice que les llegan muchos impropios, pero Ecoembes es la única fuente que tienen para comprar envases de segunda mano”, añade. Ecoembes, por tanto, cobra dos veces: a la ciudadanía por el punto verde y a los fabricantes por el material separado.

Existen estudios que demuestran que el SDDR es mucho más eficaz que el SIG, sin embargo, en España ha sido imposible implantarlo hasta ahora.

El lobby que realiza Ecoembes para mantener su imperio y defender su sistema de gestión es inmenso. Ecoembes financia cátedras universitarias, periódicos, radios, organizaciones y campañas de publicidad. Patrocina la sección de medio ambiente de los periódicos de gran tirada, como El País, Público, El Mundo o eldiario.es, también la Cadena SER.

“Hablando con periodistas me han comentado que pueden hablar de cualquier cosa menos del sistema de depósito si el patrocinio lo realiza Ecoembes”, comentan en Amigos de la Tierra. “La única cátedra que se dedica al estudio de los residuos en la Universidad Politécnica de Madrid es la Cátedra Ecoembes. Recientemente ha sacado estudios con las universidades de Alcalá de Henares y Valencia sobre lo perjudicial que era el sistema de depósito, con muy poco rigor. Para calcular los costes del sistema, por ejemplo, han utilizado el precio del metro cuadrado de la calle Serrano de Madrid, que evidentemente no es significativo ni similar al metro cuadrado de los comercios al uso”, denuncia Pérez.

Una S.A. “sin ánimo de lucro”

Si hay algo que llama la atención de esta empresa es su forma jurídica. Ecoembes es una “sociedad anónima sin ánimo de lucro”. Este apellido, sumado a su monopolio del reciclaje, facilita mostrar una imagen de ONG medioambiental. Pero esa imagen se resiente cuando comprobamos quién está detrás del accionariado de esta S.A. Son más de 12.000 empresas las que están adheridas al sistema de Ecoembes, pero solo unas 60 conforman su accionariado.

El 60% del accionariado está controlado por el “grupo de envasadores”, en el que se encuentran la mayoría de las grandes compañías de alimentación y bebidas, las principales productoras de envases. Gigantes como Campofrío, Bimbo, Danone, Nestlé, L’Oréal, Procter & Gamble o Henkel se unen en este curioso accionariado sin ánimo de lucro a PepsiCo y a Coca-Cola, representada mediante la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes.

Otro 20% lo representa el “grupo de materias primas”, en el que se encuentran las mayores asociaciones de reciclaje de materias primas, como Cicloplast, la Asociación Ecológica para el reciclado de hojalata (Ecoacero), la Federación Española del Envase de Madera (Fedemco) y productores de envases específicos como la conocida Tetra Pak, responsable de los ampliamente utilizados tetra briks, muy criticados por su difícil tratamiento para el reciclaje.

La quinta parte restante del accionariado está en manos de otro de los principales actores en la cadena de los residuos, las grandes cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Día, El Corte Inglés o la valenciana Mercadona.

La presencia de estas empresas se hace más clara al ver la composición de su junta directiva. Aunque la cara visible es la de su consejero delegado, Óscar Martín, el presidente es Ignacio González Hernández, consejero delegado de Nueva Pescanova S.L., empresa resultante de la quebrada Pescanova S.A. El secretario, Ignacio Larracoechea, es presidente de Promarca, un lobby que engloba a la mayor parte de los fabricantes líderes de sectores como la alimentación, la bebida o la perfumería, y que tiene como principal misión la de ensalzar la imagen de las marcas de los fabricantes que la conforman frente a las marcas blancas. Además, entre los consejeros de Ecoembes podemos encontrar representación de Pepsi, L’Oréal, Danone o Carrefour.

También es llamativa la retribución del “personal de alta dirección”. El selecto club de 10 personas que dirige esta sociedad sin ánimo de lucro se embolsó 1.610.000 euros en 2015, un 9% más que el año anterior, con un sueldo medio de 13.416 euros por directivo al mes.

viernes, 21 de septiembre de 2018

INDA, AL BANQUILLO Y ENFRENTÁNDOSE A 100.000€ DE CONDENA POR CALUMNIAS AL LÍDER DE PODEMOS EN VALDEPEÑAS

S. Jiménez
Periódico CLM, 20/09/18

Al trullo, sicario.

CIUDAD REAL.- El Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra Eduardo Inda por un delito de calumnia, tras la querella presentada contra él por el secretario general de Podemos Valdepeñas, Luis Benítez de Lugo, al que atribuyó una falsa condena sobre un delito contra el patrimonio, y por la que el director de 'OkDiario'’ podría enfrentarse a una condena de dos años de prisión.

Una querella que tiene su origen en las acusaciones sin fundamento que fueron realizadas por Inda tanto en su propio diario como en diversas intervenciones en televisión. Medios de comunicación a los que la juez, estimando la petición de indemnización planteada por el querellante, ha dado un plazo de un día, desde la notificación del auto -publicado en primicia por 'PeriódicoCLM'-, para depositar 100.000 euros como responsables civiles subsidiarios.

La empresa de Inda, Dos Mil Palabras S.L., Mediaset España Comunicación S.A. y la mercantil Atresmedia Corporación de Medios Comunicación S.A. deben presentar dicha cantidad económica con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.

Asimismo, para el conocimiento y fallo de esta causa, declara como órgano competente al Juzgado de lo Penal, que será el encargado de dictaminar si Eduardo Inda cometió un delito de calumnia.

Y es que, cabe recordar, el pasado 19 de octubre de 2018 el propio acusado reconocía ante la juez su “error” al atribuir al que entonces era candidato de Podemos al Senado por Ciudad Real, docente universitario y arqueólogo de profesión, una falsa condena por un delito contra el patrimonio. Un supuesto error del que responsabilizaba a sus encargados de información, al tiempo que en su descargo esgrimía las subsanaciones al mismo que había realizado.


Explicaciones que no convencieron a la titular del Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid, que decretó la continuidad de la tramitación de las diligencias previas por si los hechos investigados fueran constitutivos de delito.

Hechos que se remontan a los meses de octubre y noviembre de 2016, cuando Eduardo Inda en diversas tertulias televisivas, tanto en el programa de Ana Rosa como en La Sexta Noche, se refería a Benítez de Lugo como “condenado” por un delito contra el patrimonio histórico.

Una condena que nunca se había llegado a producir puesto que meses antes, en junio, la Audiencia Provincial de Ciudad Real había ya decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra Benítez de Lugo, después de atender los informes emitidos tanto por la Fiscalía como por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los que explicaba que el arqueólogo no había provocado los daños en el patrimonio que se le imputaban.

Proceso que tuvo como punto de partida un informe emitido por el Ayuntamiento de Valdepeñas, que fue aprobado por la mayoría absoluta del Partido Socialista, y que estuvo acompañado de la celebración de dos plenos en los que se acusó al arqueólogo de “expoliador”. Acusaciones a las que se dio mayor repercusión a través de un ‘oportuno’ comunicado de prensa, emitido justo antes de las elecciones desde el Consistorio.

Un informe, recuerda Benítez de Lugo, que fue redactado por dos imputados por tráfico de influencias y que estaba “repleto de falsedades”, lo cual hizo que fuera desestimado por la Justicia. Acusaciones que fueron descartadas por los tribunales, tal y como recogía el auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de fecha 27 de junio, el cual fue obviado por Inda.

Como también fue pasada por alto por otro digital, en este caso el dirigido por Alfonso Rojo, 'Periodista Digital', cuando en julio de 2017 y con motivo de la declaración del entonces presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular como testigo en el caso de la financiación ilegal de la formación, no encontraba otra forma de atacar al letrado que interrogaba a Mariano Rajoy como representante de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, José Mariano Benítez de Lugo -progenitor de Luis Benítez de Lugo-, que refiriéndose a él como “padre de un podemita imputado”.

Información de la que también se hizo eco el PP de la Comunidad de Madrid desde su cuenta oficial de Twitter. Publicación que generó numerosos comentarios y críticas hacia los populares, incluidas las del propio Luis Benítez de Lugo, quien les recordaba que la imputación había sido desestimada al tiempo que les invitaba a “actualizarse”. Advertencias que tampoco fueron atendidas por los gestores de la cuenta del PP madrileño, que no varió su publicación a pesar de ello.

Para Luis Benítez de Lugo la apertura de este juicio oral contra Inda representa una satisfacción. “Nos alegramos de que la Justicia ponga límite a las calumnias que Inda difunde sistemáticamente”, explicaba en declaraciones a 'PeriódicoCLM' el secretario general de Podemos Valdepeñas, a quien el director de 'OkDiario' acusó de haber delinquido, “algo completamente falso”, subraya.

“No se puede permitir que precisamente a quienes desde Podemos estamos trabajando comprometidos para acabar con la corrupción institucionalizada, se nos acuse de aquello que estamos combatiendo”, y es por ello que está dispuesto a demostrar “quiénes son los verdaderos delincuentes”.

Ahora será la Justicia la que tendrá que dictaminar si los reiterados ataques de Eduardo Inda a Luis Benítez de Lugo constituyeron un delito de calumnia.

INDA PIERDE LOS PAPELES CUANDO RECIBE SU PROPIA MEDICINA (Audio)

[Ja ja ja. Inda: qué poco te gustan las críticas cuando te las hacen a ti. Pues jódete, intoxicador.]

lunes, 17 de septiembre de 2018

MULTA DE 17.000 EUROS A JIMÉNEZ LOSANTOS POR "INCITAR AL ODIO" CONTRA LOS ALEMANES

‪El Periódico, 17/09/2018

[A pagar, terrorista mediático.]

El periodista vertió comentarios amenazantes tras la decisión de un tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont por rebelión.

Al trullo, mafioso.

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 17.000 euros a la empresa Libertad Digital por considerar comentarios de Jiménez Losantos vertidos el pasado 3 de abril en su programa esRadio como susceptibles de incitar al odio a los alemanes. El locutor hablaba de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el poder judicial alemán en relación con Carles Puigdemont.

Según ha informado el organismo regulador en un comunicado, la sanción administrativa de "carácter leve" se impone por infringir el artículo 4.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).

En particular, se considera probado que el periodista Federico Jiménez Losantos, que conduce el programa informativo 'Es la mañana de Federico', que se emite de lunes a viernes de 6 a 12 horas, utilizó, en la fecha indicada, expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que pueden incitar al odio y a la discriminación por razón de nacionalidad.

Pendiente de recurso

El organismo regulador recuerda que según el artículo citado "la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres".

La CNMC recuerda que contra esta Resolución Libertad Digital podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

En su alocución del 3 de abril, reproducida en el expediente, el periodista se refería a la necesidad de actuar ante la decisión de los tribunales alemanes de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont.

Rehenes en Baleares

"La bofetada que le dio ayer la Unión Europea a España no se la ha dado a nadie. A ningún país de la Unión Europea se le ha dado nunca, jamás, y es no entender la gravedad de lo pasado ehhh, si no se entiende esa gravedad es imposible, los remedios que son necesarios para que no se vuelva a repetir o, mejor dicho, para que el que la ha hecho la pague, es decir, para que Alemania sepa, que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, ¡oy! el ratón le ¡huy! el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías, todaclase de fechorías. En Baleares, ¡todas! En Baleares hay como doscientosmil alemanes de rehenes. ¿En Baviera?, bueno en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías", señala la transcripción en la que seguidamente se insta a reaccionar.

La CNMC considera probado que el periodista Federico Jiménez Losantos utilizó expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que "pueden incitar al odio y a ladiscriminación por razón de nacionalidad".

El organismo, que cita en sus fundamentos de derecho resoluciones del Tribunal Supremo, Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos, señala que de la normativa aplicable y de la jurisprudencia se desprendeque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus límites en la protección de otros bienes jurídicos como la dignidad y la igualdad. "En particular, el discurso que inste al odio o a la discriminación contra determinados colectivos no está amparado por esta libertad, y es sancionable", recalca.

Así, describe que las declaraciones del locutor, esencialmente quejosas, se centran en el, a su juicio, desprecio del tribunal alemán hacia España y por extensión a sus ciudadanos, expresando su frustración y su deseo de que la afrenta sea devuelta, "si bien este último extremo desde una inadecuada perspectiva que puede hacer incluso referencia vagamente a actuaciones indeseablemente violentas contra el colectivo de ciudadanos alemanes".

Tras el análisis, la CNMC concluye que las expresiones son susceptibles de incitar al odio y a la discriminación por razón de la nacionalidad, en este caso alemana. "La intervención se revela como una expresión desafortunada que tiene calado potencial para generar por sí sola un clima de hostilidad hacia la ciudadanía alemana", concluye.

Alegaciones de la empresa

En su alegaciones, Libertad Digital argumentó que la imposición de la sanción propuesta supondría una lesión del derecho fundamental a la libertad de expresión, pues la Administración no justifica cómo se han rebasado los límites en el ejercicio del derecho.

Asimismo, considera que las declaraciones no tienen por objeto incitar al odio por razón de nacionalidad, ni se emitieron con dicha intención y que el comportamiento objeto del presente procedimiento no es susceptible de ser sancionado por el tipo que se propone, pues es una conducta atípica.

Además, añade que el programa matinal se realizó en directo por parte del locutor, improvisando y sin sujeción a un guión concreto, propia de su línea editorial, de sobra conocida por la opinión pública. Además, asegura que el procedimiento adolece de defectos de formas que favorecen su indefensión. 


HOLANDA PONE FIN AL APOYO A LOS TERRORISTAS Y CASCOS BLANCOS EN SIRIA , YA QUE AL ASSAD » PRONTO GANARÁ»

News Front, 11/09/2018

[Id diciendo adiós a vuestra pasta, gusanos...]

¿Lo ha visto Vd bien Sr. Igancio Escolar?

Los Países Bajos decidieron finalizar su apoyo a los terroristas en Siria, ya que el programa no arrojó resultados «esperados». La decisión se produce cuando los periodistas encontraron que uno de los grupos había sido etiquetado como terrorista por el propio país.

«La oportunidad de cambiar rápidamente la situación [en Siria] es extremadamente pequeña», se lee en la carta de la cámara baja del parlamento del Ministro de Asuntos Exteriores holandés Stef Blok y el Ministro de Comercio Exterior Sigrid Kaag, anunciando el final de los programas de apoyo para los militantes en Siria.

El programa de apoyo a grupos antigubernamentales «moderados» en Siria se estableció en estrecha cooperación con «donantes afines que persiguieron los mismos objetivos que los Países Bajos» y le costó al país más de $ 80 millones (unos € 80 millones) a lo largo de los años según el documento Sin embargo, no logró «obtener los resultados esperados» y se cerrará debido a que las tropas sirias «ganarán pronto» la guerra contra los grupos militantes.Los Países Bajos decidieron finalizar su apoyo a los militantes en Siria, ya que el programa no arrojó resultados «esperados». La decisión se produce cuando los periodistas encontraron que uno de los grupos había sido etiquetado como terrorista por el propio país.

«La oportunidad de cambiar rápidamente la situación [en Siria] es extremadamente pequeña», se lee en la carta de la cámara baja del parlamento del Ministro de Asuntos Exteriores holandés Stef Blok y el Ministro de Comercio Exterior Sigrid Kaag, anunciando el final de los programas de apoyo para los terroristas en Siria

El programa de apoyo a grupos antigubernamentales «moderados» en Siria se estableció en estrecha cooperación con «donantes afines que persiguieron los mismos objetivos que los Países Bajos» y le costó al país más de $ 80 millones (unos € 80 millones) a lo largo de los años según el documento Sin embargo, no logró «obtener los resultados esperados» y se cerrará debido a que las tropas sirias «ganarán pronto» la guerra contra los grupos terroristas

Con los años, los Países Bajos asignaron $ 29 millones (€ 25 millones) al programa llamado «asistencia no letal» (NLA), $ 14.5 millones (€ 12.5 millones) fueron donados a los llamados Cascos Blancos y $ 17.1 millones ( € 14,8 millones) fue para el programa de Acceso a la Justicia y Servicio Comunitario (AJACS). El AJACS supuestamente fue diseñado para apoyar el trabajo de «policía comunitaria» en Siria, específicamente el llamado grupo de la Policía Siria Libre (FSP).

El apoyo para los terroristas está programado para finalizar de inmediato, sin embargo, los Cascos Blancos se financiarán hasta diciembre, según el documento. Dado que los cascos blancos ahora operan solo en la provincia de Idlib, que se cree que es el destino de la inminente ofensiva del ejército sirio y sus aliados, su futuro es bastante dudoso, según el documento.

La medida se produjo en medio de una investigación periodística condenatoria realizada por los dos periódicos holandeses: Nieuwsuur y Trouw. Según su informe, 22 grupos armados militantes fueron sujetos a recibir suministros a través del programa NLA. Los bienes «no letales» suministrados por el gobierno holandés incluían teléfonos satelitales, uniformes, equipos variados e incluso las camionetas «icónicas» Toyota Hilux, ampliamente utilizadas por varios grupos militantes en Siria.

Al menos uno de los grupos suministrados por los Países Bajos, Jabhat al-Shamiya, resultó etiquetado como grupo terrorista por el propio departamento de justicia del país, revelaron los periodistas. Actualmente, un hombre holandés es procesado por unirse al grupo en 2015, y la acusación lo describe como un movimiento «salafista y jihadista» que solo puede calificar como una «organización criminal con intención terrorista». El objetivo final del grupo es la creación de un «califato», según la acusación.

Otros cinco grupos militantes que los periodistas lograron identificar también han estado involucrados en violaciones de derechos humanos y cooperaron con grupos terroristas, dice el informe de investigación. Más información sobre los militantes será publicada por los dos periódicos en los próximos días.

El alcance del apoyo holandés a los verdaderos terroristas en Siria podría ser aún mayor, ya que los otros destinatarios abiertamente mencionados en la carta del gobierno son bastante controvertidos, por decir lo menos.

El FSP ha estado operando exclusivamente en la provincia siria de Idlib, controlada en gran parte por la rama local de Al-Qaeda, Al-Nusra Front (ahora rebautizada como Hayat Tahrir al-Sham). El FSP se destacó en diciembre pasado, cuando la BBC transmitió el programa Panorama titulado «Jihadis You Pay For». El programa afirmaba que los agentes de FSP tenían que ser aprobados por secuaces de Al-Nusra para alistarse en la «fuerza policial».

Tras la emisión del programa, la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido suspendió los fondos para el FSP a través del programa AJACS, y lo finalizó por completo en agosto.

Los Cascos Blancos también han sido acusados repetidamente de cooperar estrechamente con grupos jihadistas y de servir efectivamente como su rama de medios. El grupo se ha anunciado como una fuerza voluntaria y la «defensa civil» de Siria. Los Cascos Blancos han sido ampliamente elogiados en Occidente e incluso recibieron un Oscar por una película «documental». La creciente evidencia, sin embargo, sugiere que han estado participando activamente en otros tipos de «cine», es decir, escenificando ataques químicos que fueron atribuidos al gobierno sirio.

UNA DE HUMOR...