lunes, 20 de noviembre de 2017

SEPA QUIÉN ES Y POR QUÉ ESTABA PRESO ANTONIO LEDEZMA, EL PROTEGIDO DE MARIANO RAJOY

Insurgente
Kaos en la red, 19/11/2017



Otro de los objetivos del plan, por el que es vinculado Ledezma, era el bombardeo a instituciones gubernamentales y la sede del canal internacional de noticias teleSUR.

El ex alcalde de Caracas y dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma fue detenido en febrero de 2015 por estar implicado en el fallido plan de Golpe de Estado llamado “La Salida”.

“La Salida” fue un plan convocado por los también dirigentes de la derecha venezolana Leopoldo López y María Corina Machado, con el fin de derrocar al Gobierno Bolivariano, el cual ocasionó la muerte de 43 ciudadanos.

Otro de los objetivos del plan, por el que es vinculado Ledezma, era el bombardeo a instituciones gubernamentales y la sede del canal internacional de noticias teleSUR.

En 2015 la Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra Ledezma, por lo que fue llevado a la cárcel de Ramo Verde, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

El ex alcalde venezolano recibió una intervención quirúrgica y fue trasladado a su hogar para recibir beneficio de arresto domiciliario, pero luego en 2016 el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) admitió la acusación y evidencias presentadas por el Ministerio Público y ordenó su enjuiciamiento.

Tras no cumplir las condiciones que debe respetar un detenido que posea el beneficio de arresto domiciliario y por sospechas de fuga, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano revocó la medida cautelar a Ledezma.

El 1 de agosto de 2017 organismos de seguridad venezolano trasladaron al dirigente opositor nuevamente a la cárcel, luego de haber difundido un video en el que incurría al llamado a la rebelión civil, alzamiento militar y a la violencia, por lo que fue cesado el beneficio.

Cuatro días después (4 de agosto), funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) trasladaron nuevamente a su residencia al dirigente opositor para cumplir el arresto domiciliario.

¿Quién es Antonio Ledezma?

Antonio José Ledezma Díaz nació en San Juan de los Morros, estado Guárico (centro), el 1° de enero de 1955. Es abogado de profesión. Su carrera política se inició en el partido Acción Democrática (AD), organización partícipe del Pacto de Punto Fijo, acuerdo bipartidista que gobernó a Venezuela en el período 1958-1998.

Vida política

1984-1992: Diputado de AD por el estado Guárico.

1992: Gobernador del Distrito Federal de Caracas, designado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Su gestión se caracterizó por la represión de la protesta social, en particular contra estudiantes y periodistas.

1994-1996: Es electo vicepresidente de la Cámara de Senadores.

1996-2000: Alcalde del Municipio Libertador. Acusado de irregularidades y represión contra trabajadores de la economía informal (buhoneros) y adultos mayores que reclamaban una pensión de vejez justa.

1998: Jefe de campaña de Luis Alfaro Ucero (candidato presidencial de AD). En un acto de traición política, para “frenar” el ascenso de Hugo Chávez, participa en una componenda que despoja de la candidatura a Alfaro Ucero para apoyar a Henrique Salas Romer.

1999-2000: Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Venezuela.

2000: Renuncia a AD y funda el partido Alianza al Bravo Pueblo. Se postula como precandidato presidencial, pero debido al escaso respaldo popular desiste de la candidatura.

Se lanza como candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador (Caracas), pero es derrotado por el candidato de la Revolución Freddy Bernal. Desconoce los resultados.

2002: Respalda el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Apoya a los militares reunidos en la Plaza Altamira de Caracas que desconocieron al gobierno y la Constitución.

Participa activamente en el paro petrolero-empresarial que pretendía derrocar al presidente Chávez y torcer la voluntad del pueblo por hambre. La acción causó pérdidas al país por 21.000 millones de dólares.

2004: coordinó acciones en el “Plan Guarimba”. Fue acusado de incitar a militantes de Alianza al Bravo Pueblo y AD a quemar la sede del partido Movimiento V República en Caracas.

Desconoce los resultados del Referendo Revocatorio de mandato contra el presidente Chávez, que reafirmó el apoyo popular al gobierno Bolivariano.

2005: Lidera los llamados opositores a retirarse de las elecciones a diputados, en un esfuerzo fracasado por deslegitimar la democracia venezolana.

2008: Es elegido alcalde Metropolitano de Caracas. A su llegada a la institución despide a 2.252 trabajadores y congela el salario a los trabajadores jubilados.

2012: Se postula como precandidato presidencial, pero no obtiene respaldo en las filas opositoras.

2014: Participa en el plan “La Salida”, convocada por Leopoldo López y María Machado que incluyó acciones violentas que ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos venezolanos. Es señalado de planificar el supuesto asesinato de López con el objetivo de ahondar la crisis política y derrocar al gobierno constitucional.

2015: Es detenido en febrero por estar implicado en el fallido plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

2015: Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad por motivos de salud.

2015: Se fuga de su arresto domiciliario. Llega a Madrid procedente de Colombia. Lo recibe en la Moncloa el presidente del Reino de España, Mariano Rajoy.

martes, 14 de noviembre de 2017

IMPULSAN UNA PETICIÓN EN CHANGE.ORG CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SALVADOR SOSTRES EN TVE

Nueva Tribuna, 13/11/2017

[No solo hay que denunciar al energúmeno fascista de Sostres (no le llamo periodista porque ni siquiera tiene hecha la carrera) sino también al impresentable Carlos Herrero, un juntaletras del mismo plumaje que Sostres.]

¿Cómo se llama la película? La parada de los monstruos.

El polémico tertuliano, célebre por sus comentarios machistas y misóginos, fue invitado por Carlos Herrera el 4 de noviembre al programa de TVE ‘¿Cómo lo ves?’.

Tras la emisión, el pasado día 4 de noviembre, del programa de TVE ¿Cómo lo ves? en el que se invitó como tertuliano a Salvador Sostres, la Red EQUO Mujeres ha iniciado una petición en Change.org solicitando a José A. Sánchez, como presidente de la Entidad Pública RTVE, y a Eladio Jareño, como director de TVE, la “retirada inmediata” del programa. 

Asimismo, la petición también solicita el cese de Carlos Herrera como director del programa, por haber dado cobertura a discursos “machistas y misóginos” en un medio público, “seguramente con la única intención de subir la cuota de audiencia desastrosa que viene teniendo su programa” afirman desde la Red Equo Mujeres.

“Creemos que se cruzaron todos los límites de la responsabilidad periodística cuando se invitó al tertuliano Salvador Sostres, conocido por hacer apología de la violencia machista, para hablar, nada menos que sobre acoso sexual. No nos defraudó, pudimos escucharle barbaridades del tipo: ‘la Ley de Violencia de Género es una ley impresentable, es fascismo…’, o ‘el acoso sexual es subjetivo’. La presencia de un individuo que se regocija habitualmente en proferir comentarios racistas, misóginos e incluso pedófilos, es un insulto a todas las víctimas de maltrato y violencia sexual que tratan de ser valientes para denunciar, mientras a semejante personaje se le ofrece una plataforma como la televisión pública para ridiculizarlas” han expresado desde la Red Equo Mujeres.

En España, solo en lo que va de año, ha habido más de 80 mujeres asesinadas por violencia machista, tal como denuncian desde la plataforma Feminicidio.net, y se denuncia una violación cada ocho horas, según datos del Ministerio del Interior. 

“Hoy comienza el juicio por la violación múltiple en las fiestas de Pamplona, nos enfrentamos a una situación donde las fiestas multitudinarias se saldan habitualmente con agresiones sexuales, a veces, extremadamente violentas y donde el abuso sexual a menores continúa siendo un tema tabú del que apenas se habla. Sin embargo, en ¿Cómo lo ves? de TVE se convierte el debate sobre un problema social de primer orden en un circo, donde se banaliza el sufrimiento de las víctimas y su indignación”, denuncia Equo Mujeres. 

La red también advierte de que se incumple lo regulado por el artículo 3 de la Ley 17/2006, que especifica que TVE, en su función de servicio público, deberá promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.

La petición en Change.org ya supera las 5.000 firmas, para pedir que esta clase de manifestaciones no tengan voz en ningún espacio, especialmente en aquellos que se financian con dinero público.

INDA SEGÚN ENEKO


lunes, 13 de noviembre de 2017

MAMEN MENDIZÁBAL (LA SEXTA) VA POR LANA Y SALE TRASQUILADA

Esta plumífera que ya tuvo un enganchón con Gabriel Rufián, al que intentó liar en vivo y en directo para que dijera lo que ella quesiera con el lógico cabreo del entrevistado, ahora intenta equiparar a Monedero con Esperanza Aguirre porque los dos han usado la expresión "no me consta" en dos alocuciones que nada tienen que ver entre sí, y Monedero, evidentemente, la pone en su sitio. Lo del periodismo de este país es PATÉTICO.


viernes, 10 de noviembre de 2017

DESPIDEN AL DIBUJANTE ENEKO DE ‘20 MINUTOS’ Y SUS VIÑETAS COBRAN FUERZA EN LA RED

Naiz, 02/11/2017

[Otra muestra de lo muco que respetan la libertad de expresión nuestros mass mierda.]

El diario 20 minutos ha despedido el dibujante cómico Eneko las Heras. Eso es lo que ha anunciado el mismo artista desde su cuenta de Twitter donde también ha asegurado que no sabe cuáles son los motivos del despido: "20 minutos me ha comunicado que prescinde de mis dibujos". Con el tuit también ha aprovechado para despedirse de sus compañeros del rotativo.





Las Heras aseguraba, en su Twitter, que no sabe cuáles son los motivos del despido, pero informaba de que algunas de sus últimas viñetas no habían sido publicadas en papel.

Las redes sociales se hicieron eco de este despido y fueron numerosos los que mostraban su apoyo a Eneko y abogaban por la libertad de expresión. Muchos recordaron sus viñetas en los mensajes:



Esta última viñeta, en la que se observa la silueta del Toro Osborne con un cuerno en el que se distingue el brazo y un arma de un policía antidisturbios con el lema Marca España, ha tomado fuerza como denuncia de este despedido. Sin embargo, el propio artista ha aclarado que este dibujo salió hace tiempo en ’Interviu’ y nada tiene que ver con 20minutos.


martes, 31 de octubre de 2017

EL GRAN COLOCÓN DE LA GUERRA

Jacinto Antón
El País, 30/10/2017

[Gran artículo. Solo tengo una pega: alguien debería decir a los periodistas de El País que un epígrafe en negrita y en mayúsculas que dice EL MITO DEL "EJÉRCITO YONQUI" (y además ejército yonqui entre comillado) EN VIETNAM predispone al lector a encontrarse con una negación de la idea entrecomillada y sin embargo, después de afirmar en el epígrafe que es un mito que el ejército norteamericano en Vietnam fuera un ejército de yonquis, leemos más abajo que es cierto que era un ejército de yonquis. !Pero si además se hace acompañar el artículo con una foto de soldados americanos pinchándose heroina!... Por favor, señores de El País dejen de tomar el pelo al lector.]


Lukasz Kamienski pasa revista en un libro pionero al uso de las drogas en combate a lo largo de la historia, desde los hoplitas griegos hasta las fuerzas especiales de EE.UU.

No hay guerra sobria. Que en la guerra siempre se han usado drogas es sabido, Lo que no lo es tanto es la escala. De hecho, la mayoría de los guerreros de la historia han entrado en combate colocados de algo. Desde los hoplitas griegos (opio y vino) a los actuales pilotos de cazabombarderos estadounidenses (“pastillas go”: anfetaminas), pasando por los guerreros vikingos (hongos alucinógenos), los zulúes (extractos de diversas plantas “mágicas”) o los kamikazes japoneses (tokkou-jo,“pastillas de asalto”: metanfetamina), los combatientes de todas las épocas y clases han echado mano de alguna sustancia psicoactiva para enardecerse, mejorar el rendimiento, y vencer el miedo y ser capaces de luchar contra el enemigo con armas mortíferas, un trauma, matar y eventualmente morir, que significa un verdadero desafío a la naturaleza humana.

A explicar la historia social, cultural y política del uso de esas sustancias en el campo de batalla ha dedicado el profesor de la Facultad de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Jaguelónica de Polonia Lukasz Kamienski (Cracovia, 1976) su libro Las drogas en la guerra (Crítica), una obra que cubre un gran vacío sobre el tema y que está llena de información apasionante y detalles impagables, como que la victoria británica en El Alamein tuvo que ver con el uso de la bencedrina —de la que Montgomery era un entusiasta—, y la de los marines en Tarawa con el speed. Kamienski apunta de pasada que Bismarck era un “asiduo morfinómano” y que John F. Kennedy se inyectaba dexedrina e iba colocado de speed durante la crisis de los misiles.

“La guerra es en buena medida inseparable de las drogas”, señala Kamienski, que no deja de recordar que la propia guerra es una droga. “A lo largo de la historia encontramos continúas referencias a hongos y plantas mágicos y a todo tipo de sustancias tóxicas que ayudan a los guerreros para inspirarles en la lucha, hacerlos mejores combatientes o contribuir a paliar los efectos físicos o psicológicos del combate. También para hacerles soportable el aburrimiento que a menudo conlleva la guerra. No digo que todos los guerreros de todos los ejércitos hayan usado y usen asistencia farmacológica, pero la melodía principal de la historia militar sí que tiene ese tono farmacológico. El homo furens es un homo narcoticus”

El estudioso, que considera que “la práctica de colocarse es entre los que combaten tan vieja como la propia guerra”, analiza el “subidón” bélico bajo varios aspectos: las drogas recetadas por las propias autoridades militares y distribuidas por ellas a los soldados (evidenciando una hipócrita doble moral), las autorrecetadas por los combatientes, y las utilizadas como herramientas de guerra (desde el uso hace tres milenios por los caldeos de humaredas de cáñamo indio para embotar al enemigo —con el riesgo de que te soplara el viento en contra—) hasta los planes estadounidenses durante la Guerra Fría para lanzar una lluvia de LSD sobre las tropas soviéticas. No menos descabellados han sido proyectos posteriores de EE UU como el de bombardear con feromonas a las fuerzas enemigas para descontrolar sexualmente a los soldados o el de usar viagra con los integrantes de las fuerzas especiales propias para hacerlos más agresivos.

Kamienski destaca el uso del alcohol, “el coraje líquido”, como “la droga más popular de cuantas han empleado los ejércitos” y “uno de los puntales” de las tropas de todos los tiempos (excepto, claro, las islámicas), al menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha empleado, recuerda, como anestésico, estimulante, relajante y fortalecedor. No se entiende el imperio británico, señala, sin el ron, que se daba a los marinos y soldados, ni el ejército ruso sin el vodka, que propició victorias y también causó derrotas. En Chechenia los soldados llegaron a canjear blindados por cajas de vodka.

Las drogas en la guerra sigue el empleo de estas de manera cronológica, hasta llegar a las guerras actuales, con el ISIS colgado de captagón (fenetilina) y los estadounidenses usando el psicoestimulante de nueva generación modafinilo, muy eficaz para combatir la fatiga y la privación del sueño. Lo último, dice Kamienski, sin embargo, es “la neuroestimulación directa del cerebro”. El futuro, vaticina, apunta a una ciborgización de los soldados en vez de su yonquización.

El libro pasa revista a los guerreros griegos (que consumían opio disuelto en vino), a los asesinos nizaríes de Alamut asociados al hachís, y a los comedores de hongos y el furor berserker germano y escandinavo que relaciona con la ingesta de Amanita muscaria o A. pantherina, setas que también tomaban, sostiene, para luchar rabiosamente los tártaros.

Kamienski, que sonríe educadamente cuando se le comenta el uso de la poción mágica por los galos de Astérix, explica que Napoleón hubo de tomar medidas drásticas contra el hábito de consumir hachís de sus tropas en Egipto. Luego pasa revista a las guerras del opio y recalca la epidemia de adicción a la morfina que provocó la Guerra de Secesión estadounidense, donde se repartió a diestro y siniestro como panacea.

 En las guerras coloniales, según el estudioso, la mayoría de los pueblos guerreros que se enfrentaban a las potencias europeas iban definitivamente colocados. La élite guerrera zulú con dagra, variedad sudafricana euforizante del cannabis. La Primera Guerra Mundial fue la contienda de la cocaína, que consumían los ases de caza alemanes, se administró a los soldados australianos en Galípoli y se suministraba regularmente en general a las tropas británicas en forma de grageas Forced March (!).

La segunda contienda fue la del speed y la meta de la Wehrmacht, comercializada como pervitin. Los nazis buscaron un estimulante aún más poderoso, “una verdadera bala mágica”, en el DI-X, que probaron los comandos de Otto Skorzeny. Pero en realidad todos los ejércitos emplearon las anfetaminas. Caso especial, apunta Kamienski fue el de las tropas finlandesas, colocadas hasta las cejas con heroína, morfina y opio.

En el gran colocón de la Segunda Guerra Mundial, los únicos tradicionales fueron los soviéticos, fieles al vodka y la valeriana.

EL MITO DEL “EJÉRCITO YONQUI” EN VIETNAM

Kamienski dedica un amplio espacio a la Guera Fría, a la búsqueda de sustancias para colocar al enemigo y al “arsenal alucinógeno de los EE UU”, como el polvo de ángel, experimentado a menudo en soldados propios y en civiles sin que estos lo supieran. También sigue la verdadera obsesión paranoica para lograr un “suero de la verdad”.

La guerra del Vietnam es “la primera verdadera guerra farmacológica”, con un consumo entre el personal militar estadounidense que alcanzó cotas nunca vistas. El estudioso apunta que en 1973, año de la retirada de EE UU del país del sudeste asiático, el 70 % de los soldados tomaban algún estupefaciente, fuera marihuana, dexedrina, heroína, morfina, opio, sedantes o alucinógenos. El ejército llegó a poner en marcha un programa de análisis de orina masivos, denominado Operación Flujo Dorado (!). El coloque masivo fue lo que dio pie al mito del “ejército yonqui”, aunque el autor considera que el consumo de drogas, “en términos generales, no interfirió excesivamente en el rendimiento en combate”. En todo caso, solo unos pocos se consolaban en Vietnam escribiendo a casa y escuchando a Barbra Streisand.

martes, 17 de octubre de 2017

EL CÁRTEL DEL FUEGO (II)

Daniel Toledo 
CTXT, 27/09/2017

Portugal: marca España



El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”. 

En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores. 

El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa. 

Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.

Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero. 

Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta. 

La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de  suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.

CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”. 

Portugal: marca España

El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”. 

En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores. 

El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa. 

Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.

Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero. 

Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta. 

La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de  suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.

CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”. 

“Y segundo”, continúa Pinto Coelho, en la causa abierta por el Ministerio Público “cada línea que leemos pone al descubierto un crimen, y sólo está siendo juzgado el envío del pliego de condiciones del contrato a Jaime Gomes. Pero es que el resto también es constitutivo de delito, y me pregunto por qué no hay más procesos abiertos y acusados. Una de las razones es que forma parte del caso Vistos Gold --la trama corrupta que entregaba fraudulentamente visados a extracomunitarios para circular por Europa a grandes inversores-- y sólo el punto 4 se ocupa del caso de los Kamov. Esto no tiene sentido. En Derecho Administrativo un contrato es nulo si, en la base de ese contrato, se encuentran indicios de delito. Y aquí tenemos varios contratos. Todo esto tiene elementos de prueba, esto consta en la acusación”. 

En 2014, la filial que trabaja para Avialsa en Portugal, Agro-Montiar, ganó un concurso con la ANPC de cesión de dos aviones anfibios, por un período de 5 meses, por valor de 1,79 millones de euros. Como muchos otros contratos con empresas de lucha contra incendios, la empresa fue escogida mediante el método llamado “de ajuste directo”. En condiciones normales, el ajuste directo sólo es ejercido por las administraciones públicas para contratos inferiores a 150.000 euros. Pero un organismo público puede, según el Código de Contratos Públicos portugués, hacer uso del ajuste directo si se dan “casos de urgencia imperiosa, cuando solo existe un único proveedor, o cuando un anterior concurso haya quedado desierto”. 

Aquí el cártel del fuego se hace fuerte. El ajuste directo debe estar justificado jurídicamente, y es el cártel quien se encarga de justificarlo por medio de la colusión ilegal entre empresas. Cuando se detecta manipulación del mercado, al evitar la libre competencia, existen entes públicos reguladores encargados de luchar contra estas prácticas —como la CNMV en España—. Otras veces los hechos pasan al ámbito penal —como la que nos ocupa, por sospechas de pertenencia a organización criminal, cohecho, soborno, falsedad de documento público y mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación—. Y otras, demasiadas, pasan desapercibidas o se descubren cuando ya no hay nada que hacer. 

La empresa portuguesa Heliportugal impugnó el contrato ganado por Agro-Montiar, y más tarde fue anulado por el Tribunal de Cuentas portugués por claras irregularidades a la hora de escoger el método de ajuste directo, pero la anulación llegó a posteriori de la entrada en vigencia del mismo. Es decir, y para sorpresa del Tribunal y de Heliportugal, cuando la ANPC, por orden y despacho directo del ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, envió al Tribunal el contrato para su fiscalización, los aviones ya habían realizado la mayor parte de las horas de vuelo. “Las consecuencias que esto puede tener para un Estado de derecho son muy importantes”, declara Pinto Coelho, “porque parece ser una señal de que la Justicia en Portugal nunca más se va a recuperar de estos dos grandes asuntos —Vistos Gold y caso de los Kamov—“.

El director de recursos de la ANPC entonces era el coronel José Teixeira, también dimitido y en proceso disciplinario y criminal por este asunto, aunque continúa como director de la Guardia Nacional Republicana —el equivalente a la Guardia Civil en Portugal—. Parece que nadie consigue apoltronarse en las butacas más altas de la ANPC.
A pesar de la sentencia del Tribunal de Cuentas y de la investigación en marcha, un año más tarde, en mayo de 2015, Agro-Montiar volvió a ganar un concurso de cesión de dos “aeronaves complementarias —aviones anfibios medios—”, para los cursos del 2015 al 2017 por valor de 4,9 millones de euros. El representante de Agro-Montiar y expiloto de Avialsa, Carlos Craveiro, y el presidente de la ANPC, Mayor General Francisco Grave Pereira, firmaron un contrato entre la Administración Interna y Agro-Montiar en el que a ésta se le permitía “subcontratar (…) a la empresa Avialsa T-35” lo que precisamente se le contrataba a Agro-Montiar. Es decir, una subcontrata dentro de una subcontrata sin razón aparente. Grave Pereira también está siendo investigado por su participación en el contrato con Everjets.

Según se deduce cruzando las causas abiertas en Portugal y España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma descarada en el mercado portugués. La manipulación ha sido tan espectacular que ya han caído dos exministros, varios dirigentes de la Autoridade Nacional de Protecção Civil, se ha sacrificado a la estatal Empresa de Meios Aéreos, dejado de pagar contratos pasados a empresas fuera del cártel, como Heliportugal, y se han visto implicados tanto gobiernos locales como el Gobierno central. 

Los correos, contactos, invitaciones a cacerías, regalos y prebendas se cruzaron entre ambos países con el objetivo de crear una red amplia e infalible. El juzgado de Sagunto tiene constancia del correo enviado por Vicente Huerta a Carlos Craveiro, ya en febrero de 2010, en el que se refería a Portugal: “Ganar como sea el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal, además de contar con AT —el avión AT-802— de Martínez y otro de Faasa para el concurso. El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal, amigo Carlos, y vamos a atacar con todo el arsenal posible”.

Y así lo hicieron. Según el auto del juzgado de Sevilla, el 2 de marzo de 2010 Vicente Huerta “envió un correo a los integrantes de la ‘Asociación’, relativo al concurso en Portugal, en el que expuso que deberían presentar dos ofertas, una por parte de Avialsa T-35, y otra por parte de Aviación Agrícola de Levante, S.A., dirigida esta última a ganar el concurso, siendo la otra de cebo, al fijar como precio total 2.050.000 euros, y la segunda por importe de 1.999.999 euros, si bien, presentándose esta última el mismo día de cierre de presentación de ofertas”. Aviación Agrícola de Levante fue en realidad fundada en 2007 por el mismo Vicente Huerta y Francisco Alandí que dirigían Avialsa. De hecho, el Holding Empresarial Avialsa ejerció de socio y administrador único de Aviación Agrícola de Levante. 

Ángel Martínez Ridao contestó dos días después dando su visto bueno a la oferta cebo y a la ganadora, así como Manuel González Gabaldon, de Faasa. Dicho y hecho, en la lista de contratos públicos del Gobierno portugués aparece registrado, el 4 de mayo de 2010, el contrato entre la estatal Empresa de Meios Aéreos, S.A., y Aviación Agrícola de Levante, por 2 millones de euros.

En total, los contratos conseguidos por las empresas españolas del cártel en Portugal suman alrededor de 53 millones de euros, sin contar con el contrato de 46 millones de Everjets, ni con los de la brasileña Helisul, que suman 47 millones y que en 2014 formó una Unión Temporal de Empresas con Inaer para conseguir su único contrato con Protección Civil. En julio de 2011, Cristóbal Castellanos —del departamento de I+D de Avialsa–, recibía otro correo de Miguel Angel Martínez —Ridao—: “Por último, siguiendo palabras textuales de Ángel, el acuerdo del contrato de Portugal es 50% para Avialsa y el 50% para Angel Martínez, no quisiera tener ningún problema al final de año en lo referente a Portugal. Ángel ha hecho punto por punto lo que Paco —Francisco Alandí— ha indicado”.
El hombre desde dentro 

A estas alturas surge una pregunta de forma natural: ¿puede un cártel de empresas españolas influir en un mercado extranjero sin contar con apoyo sobre el terreno, esto es, con apoyo de otras empresas nacionales? ¿Quiénes fueron los contactos que ayudaron al cártel a infiltrarse en el mercado portugués? 

El país vive inmerso en una vorágine de imágenes de incendios incontrolables, antiguos pueblos consumidos por las llamas, ancianos indefensos que pierden todo lo que tenían. Portugal parece hechizada por el shock de los fuegos. Mientras, el hiperactivo presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mueve más que un bombero entre incendio e incendio para proclamar que está, estamos, ante una “causa nacional”. 

Quizá lo que Rebelo de Sousa y el país entero tiene enfrente es un caso de corrupción generalizada que consume decenas de miles de hectáreas de espacios naturales al año. Igual que ocurre en Andalucía, parte de las administraciones portuguesas han de estar contaminadas de una forma u otra. Desde el exministro Miguel Macedo, el ex secretario de Estado y exministro Luís Marques Mendes —socio de Macedo en la empresa JMF, utilizada como sociedad instrumental para pagos de sobornos, según el Ministerio Público—, el también imputado António Figueiredo, expresidente del Instituto dos Registos e Notariado, hasta probablemente funcionarios de las mesas de contratación, es obvia la colaboración estatal de una u otra forma.

Y para esto han necesitado de un hombre, u hombres, desde dentro. Ya en una de las actas de acuerdos de las reuniones celebradas por el cártel en el hotel El Cruce de  Manzanares, puede leerse: “Se encarga a Jaime Arqué que inicie gestiones en Portugal en relación con los concursos de aeronaves de la que fija que licite ese país para 2009”. Si el Grupo 6 quería un agente fuerte en Portugal, no podían elegir mejor persona que Jaime Arqué. Director general desde 1993 de Helicsa, cuya fusión con Helicópteros del Sureste fundó Inaer en 2008, también director general de Cegisa y, cuando ésta fue absorbida a su vez por Inaer, posteriormente nombrado Director Bussiness Development para el sureste de Europa dentro del Grupo Inaer, Arqué tenía una larga y valiosa experiencia en trabajar a varias bandas. Además, es presidente de la propia AECA —la Asociación Española de Compañías Aéreas donde están agrupadas las 14 empresas investigadas en la Audiencia Nacional— y presidente también de la Asociación Europea de Helicópteros, desde la que acostumbra a hacer hincapié, en declaraciones y conferencias, en el mercado portugués —debido a su evidente falta de medios propios aéreos—.

Por supuesto las intenciones de manipular el mercado en Portugal se mantuvieron durante años hasta el día de hoy. En un correo de 2012 enviado por Arqué a Huerta y a Francisco Alandí, se explica: “Os quiero informar que la Alta Dirección del Grupo está de acuerdo en llevar adelante el proyecto de colaboración multinacional para ampliar las operaciones en Portugal, Francia e Italia. Todo ello con la adquisición de los aviones que sean necesarios”, y que “ambas partes —Avialsa e Inaer— declaremos nuestra intención de negociar los correspondientes contratos, que supongan, por un lado la adquisición de los aviones, y por otro la entrada de Inaer en los contratos de Operación Portugal y Francia en la medida que se acuerde para el año 2013”. La adquisición de aviones ad hoc no podía corresponder sino a una estrategia a largo plazo. En el mismo correo se indica su intención de influir en las instituciones estatales Vigili del Fuoco, italiana, y Sécurité Civile, francesa.

Otro de los nombres que suena con frecuencia es el de Carlos Craveiro, ex piloto de Avialsa, gerente de Agro-Montiar, y también investigado y cuya implicación queda bien clara en los correos mencionados más arriba. A pesar de que Craveiro aparece repetidas veces tanto en la causa abierta en la Audiencia Nacional como en la abierta por la Procuradoria portuguesa, continúa desempeñando funciones para empresas públicas y privadas. Sin ir más lejos, fue el designado como  comandante y director de operaciones de las pruebas de un avión Air Tractor en Madeira, adonde se desplazó el 2 de mayo de 2017 para demostrar su idoneidad como instrumento de combate al fuego en el archipiélago. El Airt Tractor por supuesto pertenece  a Avialsa, y un mes más tarde el Ministerio de Administração Interna confirmaba las buenas aptitudes del avión. Otro contrato para Avialsa, esta vez con el Gobierno Regional de Madeira.

El abogado defensor de Heliportugal, Pinto Coelho, aunque sin hacer acusaciones, también puso el punto de mira sobre otra persona: Filipe Lobo D’avila, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Luso-Española. Además de tener un perfil político de alto nivel —exdiputado, ex secretario de Estado de la Administração Interna, ex alto funcionario del Ministério da Justiça—, D’avila también es abogado, y fue el que defendió a Everjets cuando ésta interpuso una demanda precisamente al Ministerio de Administração Interna —MAI—. Lo particular del caso es que Everjets tramitó su demanda cuando D’avila era secretario de Estado en la MAI, y cuando D’avila salió del MAI, fue el abogado defensor contra el propio ente. 

EL SUPREMO CONDENA A ALFONSO ROJO POR LLAMAR "MANGANTE" Y "GILIPOLLAS" A IGLESIAS

SER, 22/09/2017

[¡A apoquinar, fascista miserable!]




El alto tribunal hace firme la sentencia que condena al periodista por vulnerar el honor del líder de Podemos, aunque rebaja de 20.000 a 6.000 euros la indemnización que debe pagarle por insultarle en tertulias y también en las redes sociales

Alfonso Rojo tendrá que pagar 6.000 euros a Pablo Iglesias por insultarle tanto en tertulias televisivas como también a través de las redes sociales. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme su condena por vulnerar el honor del líder de Podemos, aunque rebaja notablemente la indemnización de 20.000 euros que estableció en un primer momento la Justicia.

La sentencia, dictada por los diez jueces del pleno de la sala de lo civil, explica que Pablo Iglesias decidió llevar a Rojo ante la Justicia por diversas manifestaciones hechas en los primeros meses de 2014 en diversos medios de comunicación: por ejemplo, llamarle "chorizo" y "mangante" durante una tertulia en La Sexta, asegurar que "en España no cabe un gilipollas más" en su cuenta de Twitter, y finalmente referirse a él nuevamente como "gilipollas" en una tertulia de 13TV.

En un primer momento, la Audiencia Privincial de Madrid le condenó a indemnizar a Iglesias con 20.000 euros y también a publicar la sentencia en el medio digital que dirige, aunque ahora el Supremo deja la condena en 6.000 euros, confirmando el resto de los pronunciamientos y en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía confirmar la condena de forma íntegra.

Los jueces del Supremo explican en su sentencia que la libertad de expresión va incluso más allá de la libertad de información, pero que "el uso de términos insultantes es completamente innecesario para la crítica política, no está justificado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no ampara ninguna facultad para insultar, humillar y escarnecer, tampoco en el caso de que el destinatario del insulto ostente un cargo público y los insultos se realicen con ocasión de polémicas de carácter político", destacando además que Rojo no profirió los insultos al calor del debate sino que los repitió días más tarde y "en frío, cuando ya no existía ese ambiente de polémica y contradicción".

Esta es la prueba de que por increíble que parezca 
se puede manipular más que El País.

Añaden los jueces que llamar "chorizo" a Iglesias no se corresponde con acusarle de cobrar dinero de países como Venezuela, "puesto que lo que se imputaba al Sr. Iglesias no es que se apropiara ilícitamente de tales subvenciones, sino que las aceptara de países que el periodista consideraba que no respondían a estándares democráticos mínimos".

lunes, 16 de octubre de 2017

EL CÁRTEL DEL FUEGO (I)

CTXT,  12/10/2017

Una investigación judicial revela que en España y Portugal existe una mafia empresarial que ha conseguido 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción




Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.

Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017. 

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil. 

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch. 

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano. 

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes. 

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”. 

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones. 

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”. 

Investigados por la Audiencia Nacional

1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG; 
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN; 
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU; 
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA; 
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO; 
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios; 
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo; 
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez; 
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María  Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén