Oriol Sabata | 7/02/2025
En los círculos progres todo son elogios para Open Arms y su fundador, Òscar Camps. Y es que, ¿quién podría oponerse a una labor tan encomiable como la de salvar vidas en el mar?
La ONG ha recibido varios premios y distinciones como la Creu de Sant Jordi, concedida en 2018 por la Generalitat de Catalunya, el Premio Ciudadano Europeo en 2016, otorgado por el Parlamento Europeo, o el Premio UNICEF en 2017. Además, cuenta con un amplio apoyo mediático que le ofrece gran visibilidad y buena reputación tanto a nivel nacional como internacional. Es una organización que ‘está de moda’. Por las calles de Barcelona he visto a personas vistiendo con orgullo la camiseta de Open Arms.
Sin embargo, detrás de esta historia humanitaria de salvación que tanto gusta a la opinión pública occidental no todo es tan magnífico como parece. Una parte importante de los inmigrantes que Open Arms salva en el mar Mediterráneo llegan a través de pateras fletadas por mafias. La actividad que lleva a cabo la ONG retroalimenta a estas organizaciones criminales, que se lucran mediante el tráfico de personas a través de estas rutas marítimas.
Mientras haya demanda y estas bandas puedan seguir haciendo negocio, continuarán poniendo en riesgo las vidas de miles de inmigrantes en las aguas del Mediterráneo. Es un bucle en el que la actividad de Open Arms termina fomentando el tráfico de personas y facilitando la tarea de los traficantes.
Un informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) señala precisamente que los traficantes, conocedores de la presencia de barcos humanitarios en aguas internacionales, cada vez hacen rutas con embarcaciones más sobresaturadas de personas, con materiales de peor calidad y con menos combustible, teniendo en cuenta que los trayectos son más cortos. De esta manera, mientras las mafias abaratan los costes e incrementan sus ganancias, las rutas son más peligrosas para los inmigrantes.
Pero probablemente esta cuestión no le importe demasiado a Open Arms, que busca mantener por encima de todo su actividad. La ONG se ha convertido en un negocio. Si revisamos sus últimas cuentas publicadas en 2023, comprobamos que a través de la Fundación PROA, Open Arms dispone de un patrimonio neto que supera los 3’5 millones de euros (3.684.223 euros).
En una entrevista para Público, Òscar Camps afirmaba que mover el tipo de barcos que usa su ONG ‘cuesta 7.500 euros al día’. Solo con ese dato ya podemos hacernos una idea de las ingentes cantidades de dinero que maneja la ONG. Y es que Òscar Camps, a pesar de su fachada humanitaria, es, ante todo, un empresario. Los trabajadores de su empresa de socorrismo Pro-Activa Serveis Aquàtics SL lo saben bien. Lo denunciaron por vulnerar sus derechos laborales, acusándolo incluso de persecución sindical.
La plantilla llegó a secundar una huelga en el año 2016. En una entrevista para el programa La Zurda realizada en 2019, se recoge el testimonio de los socorristas, donde alertan sobre la explotación laboral y las precarias condiciones en las que trabajaban en el sector (horas extra que no eran remuneradas como tal, incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, etc). Y no solo hubo problemas en Barcelona. En Menorca la empresa de Camps fue condenada en el año 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por cinco despidos improcedentes. Los trabajadores denunciaron jornadas de hasta 56 horas en vez de 40.
Hace falta un cambio de rumbo
Open Arms no es la solución. Es hora de abordar la cuestión de la inmigración con seriedad. Y esta respuesta debe venir del Estado, no de ONGs que responden a intereses personalistas y de lucro. Los gobiernos tienen una responsabilidad en este ámbito y no pueden seguir delegándola en organizaciones supuestamente humanitarias que lo único que hacen es retroalimentar la problemática. Por eso hay que implementar un nuevo modelo que permita controlar y planificar la inmigración, de manera que se cree un censo de la población real que se encuentra residiendo en el país. Hay que planificar la inmigración y los recursos necesarios que se necesitarán para garantizar la integración de estas personas en la sociedad que las acoge. Todo lo demás es demagogia barata y discurso sensacionalista. Si queremos acabar con las muertes en el mar, si queremos terminar con los guetos por falta de integración, si queremos garantizar unas condiciones materiales dignas para la clase trabajadora autóctona e inmigrante, hay que apostar por esa vía sin complejos.
