HOLA, ABOLICIONISTA (Vídeo)

INDRA, EL FRAUDE ELECTORAL Y EL MIEDO A LA RESPONSABILIDAD (Vídeo)

LOS BRICS VAN A CREAR SU PROPIA INTERNET

Red Voltaire, 30/12/2017

Los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) han decidido dotarse de su propio sistema de internet para escapar al control de Estados Unidos.

Lo que hoy conocemos como internet se halla hasta ahora bajo la administración de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), una asociación paraadministrativa del Departamento del Comercio de Estados Unidos.

La creación de una nueva “internet” con su propio órgano de administración y gestión es una proposición del Consejo de Seguridad Nacional de la Federación Rusa. Todavía no se sabe cómo se articularía eso con el sistema de DNS (Domaine Name System) alternativo que ya funciona en China.

De llegar a extenderse ese sistema, Estados Unidos perderá el control de las telecomunicaciones mundiales. Incluso es posible que las comunicaciones vía internet se dividan entonces en dos zonas, de manera que, para estar al alcance de todos los internautas, los sitios web tendrían que estar adscritos a ambos sistemas.

ELECCIONES EN HONDURAS: LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Manuel-Fabien Aliana, 

La Marea, 09/12/2017

“Además de Honduras, la ‘partidización’ de las instituciones latinoamericanas concierne hoy a países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela”, sostiene Manuel-Fabien Aliana.

Dos semanas después de las elecciones generales del 26 de noviembre, Honduras sigue sin presidente electo y el pueblo sigue en las calles protestando contra el gobierno. Según los últimos datos emitidos por el Tribunal Electoral, después de un primer recuento parcial de 1.006 actas en el que no participaron los partidos políticos, el conservador Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional, mantiene una ventaja de 1,5 puntos por delante del candidato de centro-izquierda Salvador Nasralla (Partido Alianza). Pero ante la presión de las calles y la determinación política de la oposición, el Tribunal no se ha atrevido a proclamar a Hernández vencedor. Para desmovilizar las protestas, el Consejo de Ministros decretó el 2 de diciembre un toque de queda nocturno de diez días que suspendió las garantías constitucionales, justificando la medida por los disturbios causados durante las protestas.

Este decreto, que no fue firmado por el presidente Hernández y fue calificado de ilegal por la oposición, no consiguió amedrentar al pueblo, que siguió protestando pacíficamente en todo el país. Pero fue la noche del 11 de diciembre cuando las relaciones de fuerza se invirtieron, y unidades especializadas de la policía (Los Cobras), así como sectores enteros de la Policía Nacional, se declararon de brazos caídos, rechazando órdenes de reprimir al pueblo, permitiendo las manifestaciones nocturnas, y exhortando a los políticos a resolver sus problemas entre ellos con el fin de encontrar una pronta salida a la crisis post-electoral que atraviesa el país.

Dadas las pruebas contundentes de fraude presentadas por la oposición, las criticas emitidas por los observadores internacionales, con la policía en huelga y un saldo de 14 muertos, 51 heridos y mas de 800 arrestados, el Gobierno hondureño y el Tribunal Electoral se encuentran arrinconados. Por ende, se han visto obligados a dar marcha atrás, primero revocando progresivamente el toque de queda, y ahora aceptando un segundo recuento parcial de 4.753 actas que el Partido Alianza señalaba como irregulares.

Sin embargo, siguen sin ceder a la exigencia de abrir los cuadernos de votación, por lo cual Alianza no participará en este recuento y ha optado por rechazar la legitimidad de un Tribunal Electoral desacreditado. Dentro de las exigencias de esta formación política están la creación de un tribunal internacional que supervise el recuento las mas de 18.000 actas y el acceso a los cuadernillos de votación para poder verificar el numero de papeletas y las firmas de los delegados de cada mesa, así como una auditoría forense sobre las causas que produjeron las múltiples “caídas” del sistema de cómputo informático del Tribunal Electoral. En ese sentido, la crisis política se ha agudizado, puesto que la oposición ya no acepta a este tribunal como interlocutor válido.

Lo que pasa en Honduras se enmarca en un contexto de inestabilidad democrática que sufren varios países de la región. Como bien lo escribe Joaquín Mejía, abogado hispano-hondureño especialista en derechos humanos, el fraude comienza con el control de las instituciones. En otras palabras, la partidización de las instituciones genera parcialidad y clientelismo, y da una clara ventaja al partido que busca perpetuarse en el poder. Por ser el fraude un delito complejo, solo puede prepararse desde una hegemonía partidista, y requiere para su éxito una participación eficiente y piramidal, desde los representantes políticos, pasando por los cargos públicos, y movilizando hasta las bases del partido en cuestión.

Además de Honduras, la partidización de las instituciones latinoamericanas concierne hoy a países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela, en donde se denunciaron fraudes electorales durante los últimos comicios presidenciales. Es menester incluir a México en esta lista, que a pesar de permitir un acceso relativamente equitativo y transparente a la función publica, sigue caracterizándose por sus persistentes fraudes electorales, sus transiciones pactadas, su corrupción institucionalizada y sus atentados a la libertad de prensa.

La cargada agenda electoral latinoamericana del año 2018 incluye elecciones presidenciales en México y Venezuela, y lo que pase en Honduras tendrá claramente repercusiones en ambos países. En México, el panorama está muy lejos de ser alentador, ya que está por aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que contribuirá a militarizar el país en vísperas de las elecciones, dándole al Ejército la facultad de reprimir las movilizaciones sociales en un marco legal, en caso de que estas presentaran un peligro para la “seguridad del país”. En Venezuela, democracia fragmentada y en crisis, las movilizaciones y las sanciones internacionales parecen haber surtido efecto. Gobierno y oposición están actualmente reunidos en Santo Domingo para negociar una salida a la crisis política que vive el país, y la oposición está decidida a usar este marco para obtener garantías por parte del gobierno bolivariano para la celebración de comicios transparentes. Estas garantías pasarían por una reforma del Consejo Nacional Electoral, con el fin de volverlo transparente e imparcial, reforma esencial si se quiere sanear y legitimar una institución que en 2013, si bien accedió al recuento de las Actas ante las acusaciones de fraude, no aceptó que se abrieran los cuadernos de votación, tal y como está pasando hoy en Honduras.

El caso hondureño nos enseña que la movilización electoral masiva de un pueblo que cree en el cambio y pone su confianza en un partido, junto a la creación de comandos anti-fraude por parte de partidos y organizaciones de la sociedad civil, son dos factores esenciales que permiten desenmascarar un fraude aún cuando este haya sido bien tramado. Disponer de pruebas resulta esencial a la hora de informar al pueblo y llamarlo a las calles, y luego, para coordinar a ese mismo pueblo para que se manifieste pacíficamente y respalde con sus movilizaciones las acciones políticas en contra del fraude. En Honduras se ha seguido ese camino, y el país podría convertirse en el primero en la historia del continente latinoamericano en lograr revertir un fraude electoral. Cierto es que el camino que ha escogido la oposición es el más difícil, pero de mantenerse el pueblo en las calles, la situación podría volverse tan insostenible que obligaría al Gobierno a aceptar el recuento total de los votos, según los términos del partido Alianza.

Manuel-Fabien Aliana es latinoamericanista de nacionalidad franco-nicaraguense, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lyon.

LOS AMOS DEL GRAN CAPITAL ESPAÑOL SON EXTRANJEROS

Carlos Elordi

El Diario, 29/11/2017

[Esto es lo que hay detrás de las banderas...]

Los fondos de inversión norteamericanos, y sobre todo el gigante Blackrock, acudieron al desesperado llamamiento que el ministro Luis de Guindos hizo en las principales capitales financieras y especialmente en Londres y Nueva York

Los paquetes accionariales de control de 19 de las 35 empresas que componen el IBEX están en manos extranjeras, casi todas norteamericanas y en particular del fondo Blackrock, el nuevo gran oligarca del capital español. Aunque venía de antes, el desembarco masivo se ha producido en los últimos años, en la era Rajoy. Y es inquietante. Porque esos fondos no tienen vocación industrial o productiva alguna. El día que su inversión deje de ser rentable se irán. Mientras tanto, la amenaza de que pueden hacerlo convierte en decisivas las posiciones que han alcanzado en las mayores empresas de nuestro país.

Un libro ( Ibex 35, una historia herética del poder en España) describe con detalle y precisión el proceso que ha llevado a ese hecho extraordinario y que en la UE solo tiene como parangón la colonizada Irlanda y alguno de los países del Este, en los cuales no se llega sin embargo a los niveles españoles.

El autor del texto, Rubén Juste, se remonta a la etapa de los gobiernos socialistas para iniciar el relato de cómo ha cambiado el panorama del poder económico español en los últimos 30 años. El protagonismo de la “beautiful people” amparada por los gobiernos de Felipe González en los años 80 y 90 del siglo pasado y particularmente por su ministro de economía Carlos Solchaga fue el primer hito de la sustitución por nuevos actores de la oligarquía de los 7 grandes bancos que en el franquismo dominaba las grandes empresas.

A partir de 1996, José María Aznar cambió significativamente esa situación y creó un grupo de poder empresarial directamente vinculado a él mismo y cuyos principales responsables le debían sus cargos. La vía para lograrlo fue la privatización de las grandes empresas que hasta entonces eran propiedad del Estado -Telefónica, Endesa, Argentaria, Repsol, Tabacalera y otras- y el nombramiento como presidentes de las misma de fidelísimos a Aznar. El ascenso de Miguel Blesa a la presidencia de CajaMadrid, que sería el instrumento financiero principal de los planes del presidente, fue un complemento imprescindible de la operación.

En su segundo gobierno -2000-2004- Aznar dio un paso más. Con su nueva ley del suelo y sus planes de inversión estatal en infraestructuras elevó al olimpo empresarial a las grandes constructoras, que se convirtieron en algunas de las mayores del mundo. La irracional asunción de riesgos en el ladrillo por parte de las cajas de ahorro, potenciada por el gobierno, dio el sustento financiero a esas iniciativas. La gran corrupción, generalizada, nació de ese condumio entre el poder político y los nuevos mandamases, no pocos de ellos políticos hasta algo antes: la presencia de antiguos altos cargos de la administración en los consejos del IBEX no dejó de crecer, aunque ya había empezado en la etapa Solchaga.

José Luis Rodríguez Zapatero no hizo nada significativo por modificar esa situación. Los poderosos de la era Aznar siguieron teniendo el mismo poder. Lo único relevante que hizo el presidente socialista fue elevar a la condición de aliado sin reservas a Emilio Botín y a su todopoderoso banco, el Santander. “Tienes mi apoyo y el de mi gobierno y, lo sabes, el de toda la población”, le dijo un día. La relación de fuerzas en el marco de la gran empresa no se modificó, y los amigos de Aznar siguieron mandando. Y tampoco se cambiaron las políticas de Aznar, particularmente las relativas al ladrillo.

Rajoy llegó al gobierno en plena crisis y ésta se agudizó al poco tiempo de su llegada. La dramática situación del sector financiero le obligó a cargarse las cajas de ahorro -esa fue una de las condiciones que le impuso Bruselas a cambio del rescate bancario- y sólo eso produjo cambios importantes en la estructura del poder empresarial. Pero hizo algo más: no poner impedimento alguno, incluso alentar abiertamente, a que el capital financiero extranjero ocupara en las grandes empresas españolas el espacio que muchos de sus grandes accionistas querían abandonar porque preferían dinero en mano que seguir corriendo riesgos. Así son no pocos de nuestros capitalistas.

Los fondos de inversión norteamericanos, y sobre todo el gigante Blackrock, acudieron al desesperado llamamiento que el ministro Luis de Guindos hizo en las principales capitales financieras y especialmente en Londres y Nueva York, que él conocía bien de su etapa como directivo de Lehman Brothers. Felipe González también contribuyó animando a Carlos Slim a hacerse con el emporio FCC y con Aqualia, la mayor distribuidora de aguas de España. Y se dice que ahora el magnate mexicano tiene los ojos puestos en Repsol.

Como resultado de esos movimientos, en pocos años y a buen precio, los fondos extranjeros se han hecho con participaciones de referencia o de control en 19 de las 35 empresas del IBEX, por no hablar del control prácticamente total que las multinacionales extranjeras ejercen en las primeras empresas de nuestro sector industrial y del creciente dominio de fondos norteamericanos en el patrimonio inmobiliario heredado de las cajas de ahorro o comprado directamente a algunos ayuntamientos, como el de Madrid gobernado por Ana Botella. Casi siempre a precios de ganga. Ayer mismo el BBVA, cuyo paquete de control está en manos de Blackrock, por cierto, vendía al fondo USA Cerberus su patrimonio inmobiliario, nada menos que 70.000 inmuebles.

Las eléctricas Endesa, Enagás o Iberdrola han pasado a manos extranjeras. Blackrock es el primer accionista del Banco Santander y del BBVA. 5 de los 7 bancos del IBEX tienen participaciones extranjeras de referencia. Blackrock está también presente y casi siempre controla DIA, Merlin Properties, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica, Mediaset, Acerinox y Aena. CEPSA pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dhabi. Prácticamente lo mismo CLH, que monopoliza la distribución y el almacenamiento de crudo. Iberia es una filial de bajo coste de British Airways. La lista es aún más larga. En ella también figuran algunas de las principales empresas del sector de medios de comunicación, con Mediaset, Antena 3 y Prisa a la cabeza. Y podría crecer muy pronto. Las grandes constructoras, todas ellas muy endeudadas, pueden estar en el punto de mira de esos fondos.

Habrá quien piense que es igual que intereses estratégicos tan decisivos para la economía española estén en manos extranjeras. Se equivocará. Y más en un tiempo en el que se consolida el nacionalismo económico, y no sólo en los Estados Unidos de Trump. Las dudas sobre el futuro de las filiales españolas de algunas multinacionales industriales, entre ellas la de automóvil, son ejemplos de esos problemas. Que, además, se agravan si los nuevos amos del IBEX 35 son fondos de inversión que pueden perfectamente retirarse de España de un día para otro sin problema alguno. O sea que por mucho que el gobierno alardee de éxito económico, la realidad, sin hablar de la desigualdad social y del paro, es que nuestra estructura presenta muy serias debilidades que un día podrían costarnos caras.

MIEDO DE LA POLICÍA

Cristina Fallarás

La Marea, 22/11/2017

La Ley Mordaza y los últimos acontecimientos dan autoridad a la policía. Las amenazas a Carmena y otros resultan alarmantes

Un policía es un funcionario público. Su obligación, para la cual pagamos todos los ciudadanos, es velar por nuestra seguridad y procurar el cumplimiento de la Ley.

En marzo de 2015 el Congreso de los Diputados aprobó con el voto único del PP la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. La Ley Mordaza convierte al policía en una autoridad pública con capacidad para condenar. La Ley Mordaza permite al policía multar con 600/6.000/60.000 euros a un ciudadano por algo que él -el policía- considere “desobediencia”, o considere “falta de respeto”. Sin más prueba que su criterio.

Una autoridad

Tras el atentado de las Ramblas los gobiernos español y catalán permitieron que la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra se enzarzaran en asuntos de corte político, altos asuntos relativos a la seguridad del Estado, que no les competen.

Antes, durante y después del 1-O en Cataluña, los Gobiernos español y catalán centralizaron su actuación política en la policía. Y no solo eso, si no que utilizaron a los agentes de uno y otro lado como arietes políticos, convirtiéndolos así, además, en héroes/villanos para la población.

El pasado 12 de octubre día de la Hispanidad, o de la Raza, o de las Fuerzas Armadas, por primera vez, el Gobierno español puso a desfilar a la Policía Nacional junto a los cuerpos del Ejército.

En los últimos dos años y medio, han sucedido en España dos asuntos paralelos y preocupantes:

Asunto 1. El Gobierno español ha convertido a la Policía Nacional en una autoridad moral y política. Los ciudadanos lo han celebrado con besos a los agentes.

Asunto 2. Las redes sociales han permitido que proliferen foros, cuentas y grupos de policías, guardias civiles y similares con los resultados ya conocidos.

De primera mano

He sufrido los rigores de la Ley Mordaza. También he sufrido ataques por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que tuvieron como consecuencia amenazas de muerte a mí y a mis hijos.

En aquel momento hablé con algún miembro del SUP. “Tú no gustas”, me dijo. Y también me alertó sobre la presencia de miembros de extrema derecha en dicho entorno.

Sin duda, toda esta disparatada construcción policial no es responsabilidad de los distintos cuerpos de seguridad (energúmenos hay en todas partes), si no del Ministerio del Interior.

Pero quiero recordar que esos mostrencos que desean la muerte de Manuela Carmena, de otros de nuestros representantes políticos, de inmigrantes y periodistas, van armados y están en la calle.

Mi relación no siempre ha sido pacífica con la policía española. Recibí algún porrazo y también bastantes identificaciones, no todas arbitrarias. Lo mismo me sucede con la Guardia Civil. Quise mucho a Ion Arretxe, ya desaparecido, torturado hasta el límite donde la vida es muerte y que sobrevivió. Y un día vi en Barcelona cómo golpeaban los muslos de un amigo hasta convertirlos en dos bolsas moradas.

Mi relación con policías y guardias civiles no siempre ha sido amable. Y sin embargo esta semana por primera vez en democracia he tenido miedo de la policía.

CRISTINA FALLARÁS: MEDIOS DE MANIPULACIÓN Y DEMOCRACIA 2.0 (vídeo)