Aurora Labio, Prof. de Periodismo de la Universidad de Sevilla
En los últimos meses, el sistema de medios español ha vivido diferentes cambios que reflejan la inestabilidad del sector y la improvisación de las políticas de comunicación llevadas a cabo. Por un lado, la crisis ha marcado la deriva económica de grupos como Prisa y Unidad Editorial, que han tenido que vender negocios o llevar a cabo importantes ajustes y duros Expedientes de Regulación de Empleo. A ello, se ha venido a sumar la evidencia de un modelo de implantación de Televisión Digital Terrestre que hace aguas. De hecho, los operadores han tenido que cerrar hasta nueve canales para cumplir con la Sentencia del Tribunal Supremo, que consideraba que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no respetó la Ley General Audiovisual en 2010 al adjudicarlos sin concurso público.
Todas estas cuestiones se enmarcan, además, en un entorno comunicativo en el que las conexiones entre medios y poder siguen dejando al “periodismo, herido”, en palabras del catedrático José Manuel de Pablos Coello. Utilizando el símil de las revolving doors, hablaríamos, en este caso, de las connecting doors o puertas interconectadas entre periodismo, política y economía. En las siguientes líneas, haremos un recorrido por todas estas cuestiones tomando ejemplos recientes de la estructura informativa española.
De los problemas de Prisa al cese de Pedro. J
Hace unos días, el grupo Prisa aceptaba la oferta de compra de Telefónica sobre la plataforma Canal Plus, mientras unas semana antes anunciaba la venta de la editorial Santillana a la empresa anglo-alemana Penguin Random House, participada por Bertelsmann y Pearson. Ambas operaciones se enmarcaban dentro de los planes de reestructuración que desde hace años ha tenido que iniciar la compañía española, acuciada por una profunda crisis interna con consecuencias para todas sus áreas de negocio y también para sus trabajadores. Por eso, uno de sus principales activos, el diario El País, ha aparecido en los últimos tiempos como el mejor reflejo para entender los problemas del grupo.
El pasado mes de febrero, Juan Luís Cebrián, presidente de Prisa, anunciaba que la dirección del periódico recaería a partir de mayo en Antonio Caño, quien sustituiría a Javier Moreno. Las causas de dicho relevo parecen justificarse en la paulatina caída en el número de lectores y en el desgaste en la redacción, provocado por el Expediente de Regulación aplicado en 2012. A ello se unía también la posibilidad, no confirmada, de un posible cambio en la línea editorial, ya que la figura de Antonio Caño despertaba ciertas suspicacias en el ala más progresista del periódico. Aunque tendremos que esperar a ver la evolución de la cabecera ahora que el nuevo director ha tomado posesión de su cargo, no nos debería sorprender que El País pudiera cambiar de línea editorial. Hacemos esta afirmación tras comprobar que hoy en día, los medios de comunicación se encuentran en manos de corporaciones que olvidan la consideración de función pública propia del periodismo, para centrarse exclusivamente en la consecución de beneficios, aún a costa de instrumentalizar la información.
Además, no sería la primera vez que Prisa alterara su tradicional línea ideológica. Hace unos años, el grupo Mediapro-Imagina, vinculado al entorno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, irrumpió en la estructura informativa española, convirtiéndose en una dura competencia para Prisa, sobre todo en el terreno de los derechos audiovisuales del fútbol. El enfrentamiento hizo que El País criticara durante algún tiempo diversas políticas del ejecutivo socialista, lo que provocó cierto malestar entre los ministros, como fue el caso de Carmen Chacón, por aquel entonces en la cartera de Vivienda. El desencanto de Prisa con Zapatero, ante la pujanza de Mediapro, terminó escenificándose en el funeral de Jesús de Polanco, cuando Felipe González manifestó su preocupación por “el fuego amigo” en el entorno presidencial.
Estas interferencias entre elementos políticos, empresariales e informativos han estado, y continúan, presentes en la evolución mediática de España. Curiosamente, poco antes de anunciarse el relevo en la dirección de El País, sorprendía el cese de otro veterano periodista, Pedro J. Ramírez, que había estado al frente de El Mundo durante veinticinco años. Presiones de Moncloa y desavenencias con los dueños del periódico, el grupo italiano Rizzoli Corriere della Serra, fueron las razones que el propio Ramírez encontró en su cese. En su carta de despedida del pasado 2 de febrero, el ex director de El Mundo afirmaba: “Todo administrador debe velar por los intereses de sus accionistas y es innegable que las relaciones con el Gobierno y las demás instituciones del Estado forman parte del marco en el que desarrolla su actividad una empresa periodística e inciden en la marcha del negocio.” A pesar de que Pedro J. agradecía a los propietarios de Unidad Editorial que le hubieran mantenido en el puesto durante más de dos décadas, también dejaba entrever que las informaciones críticas con el gobierno del PP podían ser la causa de la decisión tomada: “Han sido los propietarios del periódico quienes, en uso de sus legítimas atribuciones, han decidido poner fin a esta etapa”.
La destitución de Pedro J. Ramírez no puede desvincularse tampoco de los problemas económicos que Unidad Editorial viene arrastrando. Desde que en 2007, RCS decidiera comprar Recoletos e integrar todas sus publicaciones en la editora de El Mundo, los datos negativos de la empresa han ido en aumento. De hecho, Pietro Scott Jovane, Consejero Delegado de RCS, en entrevista concedida a El País, afirmaba que los motivos para tomar la decisión del cese del controvertido director de El Mundo se encontraban en la caída en la venta de ejemplares y beneficios. Con un fuerte descenso de ingresos por publicidad, la empresa ha llevado a cabo también duros Expedientes de Regulación de Empleo, el próximo de los cuales prevé una reducción de la plantilla en torno al treinta por ciento.
La crisis generalizada por la que pasa el sector de medios escritos ha llevado en los últimos tiempos a que se lancen diferentes rumores sobre posibles uniones. Así ocurrió el pasado verano, cuando en los mentideros digitales saltó la noticia de una posible fusión entre ABC y La Razón. Francisco Marhuenda, director de esta última cabecera, desmintió no hace mucho esa posibilidad, al considerar que las fusiones entre periódicos no “aportaban nada” y “carecían de utilidad”. En el mismo sentido se ha pronunciado también Bieito Rubido, director de ABC, para quien las fusiones que se estaban planteando no generaban valor al rotativo.
En todos los casos, los grupos de comunicación se encuentran especialmente preocupados por buscar una salida al modelo de negocio mediático. Por ello, están llevando a cabo reconversiones hacia el sector audiovisual y digital con más urgencia que acierto, tal y como demuestra la radiografía del panorama televisivo.
De esta forma, Prisa parece haber abandonado los presupuestos de un grupo tradicional de medios para convertirse en una compañía de tecnología avanzada orientada al consumidor. Esta nueva consideración ha venido acompañada además de la entrada en su accionariado del fondo de inversiones estadounidense Liberty, la venta de parte de algunos de sus negocios y la consolidación de la fusión de su cadena, Cuatro, con Telecinco.
El ejemplo de Prisa nos sirve para ilustrar algunas de las características que hoy en día poseen las compañías de medios: concentración, diversificación, transnacionalización y relación con sectores ajenos a la comunicación. A todo ello, tenemos que añadir además el respaldo que el poder político ha prestado a las diferentes empresas informativas a través de unas decisiones gubernamentales arbitrarias y alejadas del interés ciudadano.
TDT: De la improvisación al duopolio
El desarrollo audiovisual privado ha venido así marcado por la presencia de un selecto grupo de compañías cuya cercanía a los ejecutivos bipartidistas ha sido más que evidente. De esta forma, y aunque siempre se abanderara el pluralismo, podemos afirmar que las medidas legales han apoyado la concentración hasta llegar al duopolio televisivo que hoy tenemos en manos de Mediaset España Comunicación y AtresMedia. Al mismo tiempo, se ha diseñado un panorama televisivo caótico en el que también se ha dado cabida a la televisión de pago y el alquiler de canales.
Al repasar la evolución en la puesta en marcha de las televisiones privadas encontramos una fuerte dependencia entre la concesión realizada por el ejecutivo y la línea editorial de los grupos beneficiados. Las últimas licencias se otorgaron en 2005, tras la aprobación de la la Ley de Medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, que modificó la Ley de Televisión Privada de 1988, suprimiendo de manera expresa el límite de tres concesiones administrativas para la prestación de servicios de televisión terrestre con una cobertura nacional. Esto hizo posible el nacimiento de Cuatro, como la transformación de la codificada Canal Plus, y La Sexta. En aquel momento, era el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero el que otorgaba dos licencias a compañías próximas a su entorno: Prisa y Mediapro.
En el caso de Prisa tenemos que recordar que el grupo ha sido el gran apoyo mediático del PSOE durante los gobiernos de Felipe González a través de sus diferentes medios, sobre todo El País y la cadena SER. Por su parte, el nuevo grupo dueño de La Sexta se va a posicionar en los círculos del ejecutivo de Rodríguez Zapatero, también con el desaparecido diario Público.
La puesta en marcha de estas dos cadenas se va a producir un contexto incómodo ya que Veo TV y la entonces Net TV, las otras dos televisiones digitales generalistas, vieron en la decisión gubernamental una nueva prerrogativa del gobierno socialista hacia medios próximos a su entorno y una dificultad para lograr mercado en la lucha por la audiencia. La oposición de los grupos perjudicados terminó con unas negociaciones entre los operadores y el gobierno, que se comprometió a eliminar la publicidad en Televisión Española para que los grupos privados tuvieran mayor cuota.
Precisamente, Veo TV y Net TV tampoco se libraban de su proximidad política a otro gobierno, en esta ocasión el del Partido Popular. Cuando el ejecutivo de Aznar otorga ambas licencias en el año 2000, lo hace dirigiéndose también hacia empresas acomodadas en la línea partidista de los populares. En este sentido, recordamos que detrás de Veo TV se encontraba el grupo Unidad Editorial, dueño también del periódico El Mundo, mientras que tras Net TV se iba a situar Vocento, propietario de diario ABC.
El panorama audiovisual dibujado hasta aquí tiene que completarse con la presencia de las que fueron las primeras cadenas de televisión privada en abierto en España: Antena 3 y Telecinco. La primera de ellas se encontraba en manos de Planeta y el grupo alemán Bertelsmann antes de que se produjera la fusión con La Sexta, y poseía una fuerte herencia ideológica cercana al Partido Popular al haber estado en manos de la politizada Telefónica en época Aznar. Por su parte, Telecinco estaba controlada por Mediaset, una filial del grupo italiano Fininvest, detrás del cual se encuentra Silvio Berlusconi. Aunque la cadena no poseía una línea partidista clara, sí tenemos que destacar que cuando el grupo se hace con más de la mitad del accionariado de la cadena, se eliminaron programas que resultaban incómodos a los Populares, como fue el caso de Caiga Quien Caiga. Hemos de añadir que esta toma de control de Mediaset sobre Telecinco fue además posible por un segundo cambio en la Ley de Televisión Privada, en 2002, bajo el gobierno de José María Aznar, que permitió alcanzar el 100% del accionariado, lo que venía a consolidar la tendencia a la concentración propia del sector.
Así las cosas, la nueva tecnología digital iba a irrumpir en un terreno televisivo en el que seis operadores iban a tener que repartirse el nuevo espacio radioeléctrico, la audiencia y la publicidad: Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV. La crisis que ya atenazaba al sector, hizo que desde 2009 se iniciaran movimientos para sobrevivir en el mercado. El primero de ellos viene con el Decreto de Fusión de televisiones de febrero de 2009, aprobado con urgencia a pocos meses de que saliera a la luz la Ley General Audiovisual. La norma, sin embargo, entra a cuestionar de lleno hasta qué punto se daba prioridad a la concentración frente al pluralismo, ya que supuso levantar las restricciones impuestas con anterioridad: a partir de ese momento las cadenas de televisión privadas podrán tener accionistas comunes o incluso fusionarse mientras queden al menos tres de ámbito estatal.
Los motivos de no esperar a la Ley pudieron estar en el anuncio de fusión que en el mes de junio de ese mismo año hacen Cuatro y La Sexta. Ambas cadenas, en una situación económica más que delicada, decidieron entonces unir esfuerzos para intentar hacerse fuertes en el mercado televisivo. Problemas en la negociación, sin embargo, impidieron posteriormente que dicha unión se consumara.
Apenas un año después, y ya con la Ley General Audiovisual aprobada, se consolida el duopolio televisivo en España. Con la única limitación de no superar el 27% de audiencia en el momento de la fusión, empiezan las conversaciones entre las grandes televisiones, Telecinco y Antena 3, con las minoritarias Cuatro y La Sexta respectivamente. La primera se produce en noviembre de 2010, y da lugar meses más tarde a Mediaset España Comunicación, bajo la que se engloban ocho canales surgidos al amparo de los múltiplex digitales. En términos estructurales, la fusión supone un balón de oxígeno económico para Prisa, que entra a formar parte del accionariado de la nueva sociedad, en el que sigue controlando Mediaset. Ya hemos afirmado en otras ocasiones que esto produce, además, la paradoja de encontrarnos bajo una misma sociedad a dos grupos que, en teoría, representan a intereses ideológicos contrapuestos. No olvidemos que tradicionalmente se ha relacionado a Prisa con el entorno socialista, mientras que el propietario de Mediaset es líder del partido conservador Pueblo de la Libertad. Advertimos al lector, sin embargo, que esta aparente contradicción no es tal desde el momento que hoy en día tenemos que entender que el sector de la comunicación es considerado como una industria más en la que lo más importante es la rentabilidad por encima de cualquier fidelidad partidista.
La segunda fusión, entre Antena 3 y La Sexta, se anuncia a finales de 2011 y se hace efectiva, tras algunas vicisitudes en las negociaciones, en septiembre de 2012. La nueva sociedad, AtresMedia, va a estar respaldada por Planeta, Bertelsmann e Imagina. Al indagar en la diversificación del grupo Planeta nos encontramos también con medios que, en principio, se encuentran enfrentados editorialmente. El grupo accionista posee así La Sexta, una cadena que podemos situar dentro de una ideología de izquierdas cercana al socialismo, mientras que también es dueño del diario conservador La Razón. Para intentar dar coherencia a su proyecto mediático, el presidente de Planeta, José Manuel Lara se pronunció hace unos meses diciendo que pretendía que La Sexta fuera “una televisión de centro-izquierda, respetuosa con la derecha".
La lectura de esta evolución nos permite hablar de un duopolio televisivo en manos de Mediaset España Comunicación y AtresMedia, que logran más del 50% de audiencia y consiguen casi el 90% de ingresos de los anunciantes. Los otros dos múltiplex de Net TV y Veo TV quedan marginados en el espectro radio eléctrico, lo que se va concretando con la desaparición de sus canales. Hace tan solo unas semanas, Intereconomía cerraba como cadena nacional de Net TV, mientras que Veo 7 había hecho lo propio en el verano de 2011.
La improvisación en las políticas de comunicación del audiovisual ha venido a ratificarla el Tribunal Supremo, que ordenó al gobierno, a finales de 2013, ejecutar la sentencia del cierre de nueve canales de televisión de TDT al considerar que fueron adjudicados en 2010 sin mediar concurso público. De esta forma, en mayo de este mismo año Atres Media se quedó sin Nitro, Xplora y La Sexta; Mediaset cerró Siete y La Nueve, mientras que Net TV hacía lo propio con sus dos canales de teletienda y Veo TV perdía La Tienda en Casa y AXN. Todo ello, sin descartar la posibilidad de que puedan cerrar otros ocho canales cuestionados en un proceso contencioso administrativo todavía no resuelto.
Connectig doors
Estos vínculos político-mediáticos tienen además una conexión directa con intereses corporativos y financieros a escala nacional e internacional. Hemos ya hecho referencia a la entrada del fondo de inversión Liberty en el accionariado de Prisa, pero la relación con este tipo de sociedades no acaba aquí. En abril de 2010, el grupo vendía el 25% de la emblemática editorial Santillana al Fondo de capital DLJ South American Partners. Junto a estas firmas financieras, Prisa también le da la mano a otros sectores ajenos a la comunicación, como ocurre con Movistar, con la que comparte accionariado en Canal Plus.
Por su parte, la familia Ybarra posee un importante peso en Vocento, lo que le lleva a relacionarse con BBVA, Repsol y la Comisión Trilateral. Presidida por Jean Claude Trichet, ex presidente del Banco Central Europeo, en esta organización se unen personalidades del mundo de la política y el sector privado para tratar asuntos globales y establecer lazos entre Estados Unidos, Europa y Asia. Emilio Ybarra que, junto a su hermano Santiago, mantiene el control del Vocento, es miembro de la Comisión Trilateral, en la que también figuran nombres como el de Ana Patricia Botín o Ignacio Polanco, vinculado al grupo Prisa. Asimismo, la otra rama familiar presente en el grupo, los Bergareche, extienden sus tentáculos hasta Cepsa y Ferrovial, ya que Santiago Bergareche es Consejero de Vocento al tiempo que ocupa la presidencia del Consejo de Administración de la petrolera y es también Consejero delegado de la constructora.
Respecto a Planeta, destacamos que la familia Lara posee intereses directos en Banco Sabadell a la vez que se convierte en socio de referencia en proyectos con la Caixa. José Manuel Lara, que es II Marqués de Pedroso de Lara (título otorgado por el rey a su padre en plena expansión de la compañía), es vicepresidente del Banco Sabadell. Bien conectados con el poder político en Cataluña, los Lara crearon la sociedad de capital riesgo Capital Hemisferio, en cuyo consejo de administración encontramos a Jordi Fainé de Garriga, hijo del director general de La Caixa.
En el caso de Unidad Editorial, su pertenencia total a Rizzoli Corriere della Sera le lleva hasta Mediobanca, una entidad de inversión italiana, entre cuyos accionistas se encuentran el BSCH, el Deutsche Bank y Mediolanum, este último participado a su vez por el grupo Fininvest, el holding empresarial de Silvio Berlusconi. No olvidemos que una de las consejeras de BSCH es Ana Patricia Botín, a quién también situamos como miembro de la Comisión Trilateral. Además, en el accionariado de RCS se encuentran otras industrias ajenas a la comunicación, como la automovilística, a través de Fiat, que controla algo más del 20 por ciento en la compañía.
Todas estas conexiones muestran el complejo entramado de intereses políticos y económicos que afecta a los medios de comunicación en España. Una elite que está presente en casi todos los sectores, y que encuentra su acomodo en la clase política o incluso forma parte de ella, es la que domina también la cultura, la información y el entretenimiento. La historia nos da ejemplos de cómo dicha minoría que controla la comunicación, lo hace para ejercer su influencia sobre la sociedad. En el mundo globalizado actual, alcanzado el grado de neoliberalismo en el sistema de economía de mercado, esta constante de poder y control legitima los intereses de la clase dominante.
