La Unión Internacional de Telecomunicaciones inauguró esta semana en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, la cual sesionará por 15 días con el objetivo de revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales.
La celebración de este evento ha estado precedida por una campaña de prensa negativa financiada y organizada desde los Estados Unidos y que ha resonado en numerosos medios de todo el mundo. Pero antes de entrar en detalles, hagamos un poco de historia…
En 1865 fue fundada la Unión Telegráfica Internacional (UTI) por 20 estados. Ese mismo año, en el marco del Convenio Telegráfico Internacional, se establece el primer reglamento del servicio telegráfico. En el año 1932 la Unión Telegráfica Internacional cambió su nombre por el de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y posteriormente, en 1948, en virtud de un acuerdo con la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la UIT se convirtió en su agencia especializada en el sector de las telecomunicaciones.
Por su parte, el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) tiene su génesis en el reglamento del servicio telegráfico de 1865 y los reglamentos telegráfico y telefónico de 1932. El mismo surge ante la necesidad de contar con disposiciones con carácter de tratado aplicables a los servicios y redes internacionales de telecomunicaciones para, entre otros aspectos, establecer los principios generales de prestación de servicios y su funcionamiento, fijar las reglas de interconexión y compatibilidad mundiales y servir de base al desarrollo del sector en todos los países.
La versión actual del RTI es un tratado firmado por 178 países en 1988 y aplicado en todo el mundo desde que entró en vigor en 1990.
Entonces, ¿Por qué tanto alboroto ahora?
Internet es la culpable
En el año 1988, cuando el RTI se revisó por última vez, Internet no estaba muy extendida, por lo cual no se menciona en el Reglamento.
Sin embargo, hoy en día Internet y sus tecnologías asociadas constituyen una parte fundamental y creciente de las telecomunicaciones internacionales. Por tanto, uno de los temas en discusión en la Conferencia que se celebra en Dubai es la modificación y ampliación del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales para incluir el tema de Internet.
En efecto, durante el proceso preparatorio del evento muchos Estados Miembros de la UIT han presentado propuestas sobre Internet, la mayoría sobre dos temas que preocupan a muchos países: su aspecto económico y su seguridad. Sin embargo, la campaña orquestada desde los EEUU acusa a la UIT y a las Naciones Unidas de querer “controlar”, “restringir el acceso” o “imponer censura” a Internet.
Dobles raseros e intereses
Pero Estados Unidos es precisamente quien controla los recursos críticos de Internet a través de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN); quien restringe el acceso a sitios de Internet a países, como a Cuba, a los que le aplica medidas unilaterales violatorias del derecho internacional; y quien impone censura a contenidos de Internet que afectan sus intereses, como por ejemplo, los del sitio Wikileaks.
Además, son estadounidenses las principales empresas de contenidos y de infraestructura que controlan y reciben la mayoría de los flujos de dinero en Internet. Y también los EEUU es uno de los países que consideran a Internet como teatro de operaciones militares. Por tanto, el intento de desacreditar a la UIT y a la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales tiene por finalidad evitar cualquier modificación al Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales que pueda afectar este dominio de facto que tienen sobre Internet.
Pero también persigue unos propósitos más fundamentales.
Regular o no regular, esa es la cuestión
Internet, al no estar contemplado en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales aprobado en 1988, no ha estado sometida a regulación alguna, sólo a la ley del mercado y del más fuerte. Luego, una de las cuestiones primarias que se discuten en Dubai es si se considera a Internet un servicio de telecomunicaciones y, por tanto, es susceptible de ser regulada. Esto no es una discusión puramente técnica, pues la misma tiene implicaciones importantes para las personas que reciben los servicios de telecomunicaciones.
Por ejemplo, una de las regulaciones del sector de las telecomunicaciones es la “obligación de servicio universal” bajo la cual los operadores deben suministrar el servicio de telecomunicaciones en todos los lugares y no sólo en aquellos donde obtengan ganancias. Esta regulación es la que ha permitido que en las zonas rurales o urbanas de bajos ingresos exista el servicio de telefonía. Sin embargo no hay una regulación equivalente para el servicio de Internet.
Otro ejemplo es la regulación que obliga a los proveedores de servicios telefónicos a tener su propia fuente de energía eléctrica para poder garantizar la disponibilidad del servicio ante emergencias. Los proveedores de Internet no tienen que cumplir con esta regulación a pesar que la telefonía por Internet es un servicio que está sustituyendo a la telefonía tradicional.
El efecto negativo de no contar con esta regulación se puso de manifiesto durante la reciente tormenta Sandy donde la caída de la red de electricidad provocó la caída del servicio de la telefonía por Internet dejando a miles de personas incomunicadas en situación de emergencia.
A pesar de estos ejemplos, y de otros que ponen de manifiesto la necesidad de las regulaciones para corregir los “errores” del mercado como único ente regulador, los Estados Unidos y sus aliados darán la batalla en Dubai para que las regulaciones no lleguen a Internet, y consecuentemente, para que dentro de poco tiempo todas las telecomunicaciones estén desreguladas.
Esta batalla es una más que los partidarios del neoliberalismo están librando para tratar de imponer su visión de un mundo donde imperen los mercados sin ninguna restricción y donde los estados y las instituciones intergubernamentales, como las del sistema de las Naciones Unidas, dejen de cumplir sus roles de garantes del interés público.
Juan Alfonso Fernández González / Asesor en el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) y Profesor Adjunto en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI)
