César Pérez Navarro
Tercera Información, 08/12/2012
"Los monopolios en medios de comunicación no favorecen el debate democrático. Impulsar el pluralismo es legítimo. Pero en Argentina el peligro es que el pluralismo se encoja, no que se amplíe. Legislar con medidas diseñadas contra medios o grupos específicos, y anteponer las decisiones administrativas a las judiciales, supone caer en la arbitrariedad y el autoritarismo (...)".
El editorial de El País del 6 de diciembre -"Defensa de la libertad" (*)-mantiene una tesis que da la vuelta a las consecuencias que traerá la puesta en marcha de la Ley de Medios Audiovisuales del gobierno argentino. Según el subtítulo de El País, "la desinversión de emisoras forzada por Kirchner socavará el pluralismo".
El 7 de diciembre vence el recurso legal que el grupo Clarín interpuso hace más de un año contra la ley SCA, por "inconstitucionalidad". La prolongación del recurso fue negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 28 de noviembre pasado, lo que supone que las dos disposiciones claves de la nueva ley entrarán en vigor desde hoy. El art. 45 limita la concentración de los medios de comunicación reduciendo la cantidad de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que puede concederse a un mismo grupo de medios de comunicación e impide que éste pueda ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Otra disposición del art.161 obliga a que los principales grupos de medios de comunicación cedan a plazos algunos canales de radio y televisión –incluidos los de cable y vía satélite–, en nombre de la desconcentración del espectro audiovisual. Eso quiere decir que -en la práctica- lo que se producirá es una cesión de parte de las licencias de los grandes grupos de comunicación en Argentina a otras empresas pequeñas o colectivos sociales de la comunicación, subastándose las sobrantes a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA).
Es evidente que ambos artículos tratan de frenar el monopolio de los medios por parte de los grandes grupos de la comunicación diversificando la oferta mediática y aumentando la pluralidad. La opinión sobre esta ley por parte de organizaciones como RSF o instituciones como la ONU y la OEA es opuesta a la de El País, Clarín, La Nación, y otros medios parecidos. Reporteros sin Fronteras participó en noviembre de 2008, en Buenos Aires, en los debates preliminares sobre la futura legislación destinada a remplazar la Ley de Radiodifusión de 1980, invitada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y en presencia de Relatores Especiales de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión. Frank La Rue, relator de la ONU, indicó que la ley "es un modelo para todo el continente";
"Esta es una ley muy importante (...) La he mencionado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo es, porque para la libertad de expresión el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es fundamental", dijo La Rue.
Así pues, tanto los ciados organismos como RSF, dieron su apoyo público a la ley del gobierno Kirchner. Hoy, RSF vuelve a reiterar que es "una garantía importante de igualdad y pluralismo" y que "procura un verdadero lugar a las radios y televisiones comunitarias, que abundan en América Latina pero que con frecuencia son discriminadas y excluidas del espacio de difusión en numerosos países".
Evidentemente, el editorial de El País prefiere no recoger la postura de la ONU, de la OEA o de RSF. Prefiere hablar de "autoritarismo" y desviar la atención sobre el contenido de la misma. Así, para El País
"(...) la ofensiva desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín —el mayor de Argentina— busca claramente silenciar una plataforma independiente y crítica que el poder actual —frente a la situación reinante con Néstor Kirchner— considera como su mayor enemigo (...)"
La clave está en que la ley no afecta únicamente al grupo Clarín, como han querido insinuar otras muchas informaciones que entienden estas reformas en el contexto de una guerra particular del gobierno contra este grupo mediático. Se quiere transmitir que la ley obedece a represalias personales de Cristina Fernández contra Clarín, reduciendo la dimensión de la reforma y diluyendo sus objetivos. Nada más lejos. Según el Afsca, hay unos 20 grupos mediáticos que no se han adecuado a lo que exige la legislación de la Ley de Medios. Entre ellos está -por supuesto- el Grupo Prisa, que posee más del 35% en el mercado de radio en Argentina, y que -por tanto- sobrepasa el máximo de 30% que un medio puede tener en capital extranjero. Nos nos extrañemos entonces al leer el último y vehemente párrafo del editorial;
"(...) Además, los periodistas independientes y críticos se están viendo sometidos a acosos y amedrentamientos. La libertad de expresión está en entredicho en Argentina. Con esta forma de actuar, el Gobierno de Fernández de Kirchner recuerda el autoritarismo del régimen de Chávez en Venezuela. No es la línea recomendable. Así está dañando la imagen del país y generando aún más inseguridad jurídica. Convendría que reconsiderara su posición para evitar caer en un nuevo error".
El País, que sigue definiendo a Clarín, a cualquier otro medio privado y a sí mismo con el calificativo "independiente", pretende vender a sus lectores en el título del editorial una supuesta "defensa de la libertad de prensa o de la información" cuando lo que realmente defiende son sus intereses comerciales.
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Actualización: un fallo de dos jueces de la Cámara Civil y Comercial ha prorrogado por otros tres meses la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín. El Gobierno argentino apeló ayer en la Corte Suprema con el fin de que “suspenda de manera inmediata” y luego “declare nulo” dicho fallo.
