HOLA, ABOLICIONISTA (Vídeo)

INDRA, EL FRAUDE ELECTORAL Y EL MIEDO A LA RESPONSABILIDAD (Vídeo)

LOS BRICS VAN A CREAR SU PROPIA INTERNET

Red Voltaire, 30/12/2017

Los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) han decidido dotarse de su propio sistema de internet para escapar al control de Estados Unidos.

Lo que hoy conocemos como internet se halla hasta ahora bajo la administración de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), una asociación paraadministrativa del Departamento del Comercio de Estados Unidos.

La creación de una nueva “internet” con su propio órgano de administración y gestión es una proposición del Consejo de Seguridad Nacional de la Federación Rusa. Todavía no se sabe cómo se articularía eso con el sistema de DNS (Domaine Name System) alternativo que ya funciona en China.

De llegar a extenderse ese sistema, Estados Unidos perderá el control de las telecomunicaciones mundiales. Incluso es posible que las comunicaciones vía internet se dividan entonces en dos zonas, de manera que, para estar al alcance de todos los internautas, los sitios web tendrían que estar adscritos a ambos sistemas.

ELECCIONES EN HONDURAS: LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Manuel-Fabien Aliana, 

La Marea, 09/12/2017

“Además de Honduras, la ‘partidización’ de las instituciones latinoamericanas concierne hoy a países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela”, sostiene Manuel-Fabien Aliana.

Dos semanas después de las elecciones generales del 26 de noviembre, Honduras sigue sin presidente electo y el pueblo sigue en las calles protestando contra el gobierno. Según los últimos datos emitidos por el Tribunal Electoral, después de un primer recuento parcial de 1.006 actas en el que no participaron los partidos políticos, el conservador Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional, mantiene una ventaja de 1,5 puntos por delante del candidato de centro-izquierda Salvador Nasralla (Partido Alianza). Pero ante la presión de las calles y la determinación política de la oposición, el Tribunal no se ha atrevido a proclamar a Hernández vencedor. Para desmovilizar las protestas, el Consejo de Ministros decretó el 2 de diciembre un toque de queda nocturno de diez días que suspendió las garantías constitucionales, justificando la medida por los disturbios causados durante las protestas.

Este decreto, que no fue firmado por el presidente Hernández y fue calificado de ilegal por la oposición, no consiguió amedrentar al pueblo, que siguió protestando pacíficamente en todo el país. Pero fue la noche del 11 de diciembre cuando las relaciones de fuerza se invirtieron, y unidades especializadas de la policía (Los Cobras), así como sectores enteros de la Policía Nacional, se declararon de brazos caídos, rechazando órdenes de reprimir al pueblo, permitiendo las manifestaciones nocturnas, y exhortando a los políticos a resolver sus problemas entre ellos con el fin de encontrar una pronta salida a la crisis post-electoral que atraviesa el país.

Dadas las pruebas contundentes de fraude presentadas por la oposición, las criticas emitidas por los observadores internacionales, con la policía en huelga y un saldo de 14 muertos, 51 heridos y mas de 800 arrestados, el Gobierno hondureño y el Tribunal Electoral se encuentran arrinconados. Por ende, se han visto obligados a dar marcha atrás, primero revocando progresivamente el toque de queda, y ahora aceptando un segundo recuento parcial de 4.753 actas que el Partido Alianza señalaba como irregulares.

Sin embargo, siguen sin ceder a la exigencia de abrir los cuadernos de votación, por lo cual Alianza no participará en este recuento y ha optado por rechazar la legitimidad de un Tribunal Electoral desacreditado. Dentro de las exigencias de esta formación política están la creación de un tribunal internacional que supervise el recuento las mas de 18.000 actas y el acceso a los cuadernillos de votación para poder verificar el numero de papeletas y las firmas de los delegados de cada mesa, así como una auditoría forense sobre las causas que produjeron las múltiples “caídas” del sistema de cómputo informático del Tribunal Electoral. En ese sentido, la crisis política se ha agudizado, puesto que la oposición ya no acepta a este tribunal como interlocutor válido.

Lo que pasa en Honduras se enmarca en un contexto de inestabilidad democrática que sufren varios países de la región. Como bien lo escribe Joaquín Mejía, abogado hispano-hondureño especialista en derechos humanos, el fraude comienza con el control de las instituciones. En otras palabras, la partidización de las instituciones genera parcialidad y clientelismo, y da una clara ventaja al partido que busca perpetuarse en el poder. Por ser el fraude un delito complejo, solo puede prepararse desde una hegemonía partidista, y requiere para su éxito una participación eficiente y piramidal, desde los representantes políticos, pasando por los cargos públicos, y movilizando hasta las bases del partido en cuestión.

Además de Honduras, la partidización de las instituciones latinoamericanas concierne hoy a países como Nicaragua, Paraguay y Venezuela, en donde se denunciaron fraudes electorales durante los últimos comicios presidenciales. Es menester incluir a México en esta lista, que a pesar de permitir un acceso relativamente equitativo y transparente a la función publica, sigue caracterizándose por sus persistentes fraudes electorales, sus transiciones pactadas, su corrupción institucionalizada y sus atentados a la libertad de prensa.

La cargada agenda electoral latinoamericana del año 2018 incluye elecciones presidenciales en México y Venezuela, y lo que pase en Honduras tendrá claramente repercusiones en ambos países. En México, el panorama está muy lejos de ser alentador, ya que está por aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que contribuirá a militarizar el país en vísperas de las elecciones, dándole al Ejército la facultad de reprimir las movilizaciones sociales en un marco legal, en caso de que estas presentaran un peligro para la “seguridad del país”. En Venezuela, democracia fragmentada y en crisis, las movilizaciones y las sanciones internacionales parecen haber surtido efecto. Gobierno y oposición están actualmente reunidos en Santo Domingo para negociar una salida a la crisis política que vive el país, y la oposición está decidida a usar este marco para obtener garantías por parte del gobierno bolivariano para la celebración de comicios transparentes. Estas garantías pasarían por una reforma del Consejo Nacional Electoral, con el fin de volverlo transparente e imparcial, reforma esencial si se quiere sanear y legitimar una institución que en 2013, si bien accedió al recuento de las Actas ante las acusaciones de fraude, no aceptó que se abrieran los cuadernos de votación, tal y como está pasando hoy en Honduras.

El caso hondureño nos enseña que la movilización electoral masiva de un pueblo que cree en el cambio y pone su confianza en un partido, junto a la creación de comandos anti-fraude por parte de partidos y organizaciones de la sociedad civil, son dos factores esenciales que permiten desenmascarar un fraude aún cuando este haya sido bien tramado. Disponer de pruebas resulta esencial a la hora de informar al pueblo y llamarlo a las calles, y luego, para coordinar a ese mismo pueblo para que se manifieste pacíficamente y respalde con sus movilizaciones las acciones políticas en contra del fraude. En Honduras se ha seguido ese camino, y el país podría convertirse en el primero en la historia del continente latinoamericano en lograr revertir un fraude electoral. Cierto es que el camino que ha escogido la oposición es el más difícil, pero de mantenerse el pueblo en las calles, la situación podría volverse tan insostenible que obligaría al Gobierno a aceptar el recuento total de los votos, según los términos del partido Alianza.

Manuel-Fabien Aliana es latinoamericanista de nacionalidad franco-nicaraguense, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lyon.

LOS AMOS DEL GRAN CAPITAL ESPAÑOL SON EXTRANJEROS

Carlos Elordi

El Diario, 29/11/2017

[Esto es lo que hay detrás de las banderas...]

Los fondos de inversión norteamericanos, y sobre todo el gigante Blackrock, acudieron al desesperado llamamiento que el ministro Luis de Guindos hizo en las principales capitales financieras y especialmente en Londres y Nueva York

Los paquetes accionariales de control de 19 de las 35 empresas que componen el IBEX están en manos extranjeras, casi todas norteamericanas y en particular del fondo Blackrock, el nuevo gran oligarca del capital español. Aunque venía de antes, el desembarco masivo se ha producido en los últimos años, en la era Rajoy. Y es inquietante. Porque esos fondos no tienen vocación industrial o productiva alguna. El día que su inversión deje de ser rentable se irán. Mientras tanto, la amenaza de que pueden hacerlo convierte en decisivas las posiciones que han alcanzado en las mayores empresas de nuestro país.

Un libro ( Ibex 35, una historia herética del poder en España) describe con detalle y precisión el proceso que ha llevado a ese hecho extraordinario y que en la UE solo tiene como parangón la colonizada Irlanda y alguno de los países del Este, en los cuales no se llega sin embargo a los niveles españoles.

El autor del texto, Rubén Juste, se remonta a la etapa de los gobiernos socialistas para iniciar el relato de cómo ha cambiado el panorama del poder económico español en los últimos 30 años. El protagonismo de la “beautiful people” amparada por los gobiernos de Felipe González en los años 80 y 90 del siglo pasado y particularmente por su ministro de economía Carlos Solchaga fue el primer hito de la sustitución por nuevos actores de la oligarquía de los 7 grandes bancos que en el franquismo dominaba las grandes empresas.

A partir de 1996, José María Aznar cambió significativamente esa situación y creó un grupo de poder empresarial directamente vinculado a él mismo y cuyos principales responsables le debían sus cargos. La vía para lograrlo fue la privatización de las grandes empresas que hasta entonces eran propiedad del Estado -Telefónica, Endesa, Argentaria, Repsol, Tabacalera y otras- y el nombramiento como presidentes de las misma de fidelísimos a Aznar. El ascenso de Miguel Blesa a la presidencia de CajaMadrid, que sería el instrumento financiero principal de los planes del presidente, fue un complemento imprescindible de la operación.

En su segundo gobierno -2000-2004- Aznar dio un paso más. Con su nueva ley del suelo y sus planes de inversión estatal en infraestructuras elevó al olimpo empresarial a las grandes constructoras, que se convirtieron en algunas de las mayores del mundo. La irracional asunción de riesgos en el ladrillo por parte de las cajas de ahorro, potenciada por el gobierno, dio el sustento financiero a esas iniciativas. La gran corrupción, generalizada, nació de ese condumio entre el poder político y los nuevos mandamases, no pocos de ellos políticos hasta algo antes: la presencia de antiguos altos cargos de la administración en los consejos del IBEX no dejó de crecer, aunque ya había empezado en la etapa Solchaga.

José Luis Rodríguez Zapatero no hizo nada significativo por modificar esa situación. Los poderosos de la era Aznar siguieron teniendo el mismo poder. Lo único relevante que hizo el presidente socialista fue elevar a la condición de aliado sin reservas a Emilio Botín y a su todopoderoso banco, el Santander. “Tienes mi apoyo y el de mi gobierno y, lo sabes, el de toda la población”, le dijo un día. La relación de fuerzas en el marco de la gran empresa no se modificó, y los amigos de Aznar siguieron mandando. Y tampoco se cambiaron las políticas de Aznar, particularmente las relativas al ladrillo.

Rajoy llegó al gobierno en plena crisis y ésta se agudizó al poco tiempo de su llegada. La dramática situación del sector financiero le obligó a cargarse las cajas de ahorro -esa fue una de las condiciones que le impuso Bruselas a cambio del rescate bancario- y sólo eso produjo cambios importantes en la estructura del poder empresarial. Pero hizo algo más: no poner impedimento alguno, incluso alentar abiertamente, a que el capital financiero extranjero ocupara en las grandes empresas españolas el espacio que muchos de sus grandes accionistas querían abandonar porque preferían dinero en mano que seguir corriendo riesgos. Así son no pocos de nuestros capitalistas.

Los fondos de inversión norteamericanos, y sobre todo el gigante Blackrock, acudieron al desesperado llamamiento que el ministro Luis de Guindos hizo en las principales capitales financieras y especialmente en Londres y Nueva York, que él conocía bien de su etapa como directivo de Lehman Brothers. Felipe González también contribuyó animando a Carlos Slim a hacerse con el emporio FCC y con Aqualia, la mayor distribuidora de aguas de España. Y se dice que ahora el magnate mexicano tiene los ojos puestos en Repsol.

Como resultado de esos movimientos, en pocos años y a buen precio, los fondos extranjeros se han hecho con participaciones de referencia o de control en 19 de las 35 empresas del IBEX, por no hablar del control prácticamente total que las multinacionales extranjeras ejercen en las primeras empresas de nuestro sector industrial y del creciente dominio de fondos norteamericanos en el patrimonio inmobiliario heredado de las cajas de ahorro o comprado directamente a algunos ayuntamientos, como el de Madrid gobernado por Ana Botella. Casi siempre a precios de ganga. Ayer mismo el BBVA, cuyo paquete de control está en manos de Blackrock, por cierto, vendía al fondo USA Cerberus su patrimonio inmobiliario, nada menos que 70.000 inmuebles.

Las eléctricas Endesa, Enagás o Iberdrola han pasado a manos extranjeras. Blackrock es el primer accionista del Banco Santander y del BBVA. 5 de los 7 bancos del IBEX tienen participaciones extranjeras de referencia. Blackrock está también presente y casi siempre controla DIA, Merlin Properties, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica, Mediaset, Acerinox y Aena. CEPSA pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dhabi. Prácticamente lo mismo CLH, que monopoliza la distribución y el almacenamiento de crudo. Iberia es una filial de bajo coste de British Airways. La lista es aún más larga. En ella también figuran algunas de las principales empresas del sector de medios de comunicación, con Mediaset, Antena 3 y Prisa a la cabeza. Y podría crecer muy pronto. Las grandes constructoras, todas ellas muy endeudadas, pueden estar en el punto de mira de esos fondos.

Habrá quien piense que es igual que intereses estratégicos tan decisivos para la economía española estén en manos extranjeras. Se equivocará. Y más en un tiempo en el que se consolida el nacionalismo económico, y no sólo en los Estados Unidos de Trump. Las dudas sobre el futuro de las filiales españolas de algunas multinacionales industriales, entre ellas la de automóvil, son ejemplos de esos problemas. Que, además, se agravan si los nuevos amos del IBEX 35 son fondos de inversión que pueden perfectamente retirarse de España de un día para otro sin problema alguno. O sea que por mucho que el gobierno alardee de éxito económico, la realidad, sin hablar de la desigualdad social y del paro, es que nuestra estructura presenta muy serias debilidades que un día podrían costarnos caras.

MIEDO DE LA POLICÍA

Cristina Fallarás

La Marea, 22/11/2017

La Ley Mordaza y los últimos acontecimientos dan autoridad a la policía. Las amenazas a Carmena y otros resultan alarmantes

Un policía es un funcionario público. Su obligación, para la cual pagamos todos los ciudadanos, es velar por nuestra seguridad y procurar el cumplimiento de la Ley.

En marzo de 2015 el Congreso de los Diputados aprobó con el voto único del PP la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. La Ley Mordaza convierte al policía en una autoridad pública con capacidad para condenar. La Ley Mordaza permite al policía multar con 600/6.000/60.000 euros a un ciudadano por algo que él -el policía- considere “desobediencia”, o considere “falta de respeto”. Sin más prueba que su criterio.

Una autoridad

Tras el atentado de las Ramblas los gobiernos español y catalán permitieron que la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra se enzarzaran en asuntos de corte político, altos asuntos relativos a la seguridad del Estado, que no les competen.

Antes, durante y después del 1-O en Cataluña, los Gobiernos español y catalán centralizaron su actuación política en la policía. Y no solo eso, si no que utilizaron a los agentes de uno y otro lado como arietes políticos, convirtiéndolos así, además, en héroes/villanos para la población.

El pasado 12 de octubre día de la Hispanidad, o de la Raza, o de las Fuerzas Armadas, por primera vez, el Gobierno español puso a desfilar a la Policía Nacional junto a los cuerpos del Ejército.

En los últimos dos años y medio, han sucedido en España dos asuntos paralelos y preocupantes:

Asunto 1. El Gobierno español ha convertido a la Policía Nacional en una autoridad moral y política. Los ciudadanos lo han celebrado con besos a los agentes.

Asunto 2. Las redes sociales han permitido que proliferen foros, cuentas y grupos de policías, guardias civiles y similares con los resultados ya conocidos.

De primera mano

He sufrido los rigores de la Ley Mordaza. También he sufrido ataques por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que tuvieron como consecuencia amenazas de muerte a mí y a mis hijos.

En aquel momento hablé con algún miembro del SUP. “Tú no gustas”, me dijo. Y también me alertó sobre la presencia de miembros de extrema derecha en dicho entorno.

Sin duda, toda esta disparatada construcción policial no es responsabilidad de los distintos cuerpos de seguridad (energúmenos hay en todas partes), si no del Ministerio del Interior.

Pero quiero recordar que esos mostrencos que desean la muerte de Manuela Carmena, de otros de nuestros representantes políticos, de inmigrantes y periodistas, van armados y están en la calle.

Mi relación no siempre ha sido pacífica con la policía española. Recibí algún porrazo y también bastantes identificaciones, no todas arbitrarias. Lo mismo me sucede con la Guardia Civil. Quise mucho a Ion Arretxe, ya desaparecido, torturado hasta el límite donde la vida es muerte y que sobrevivió. Y un día vi en Barcelona cómo golpeaban los muslos de un amigo hasta convertirlos en dos bolsas moradas.

Mi relación con policías y guardias civiles no siempre ha sido amable. Y sin embargo esta semana por primera vez en democracia he tenido miedo de la policía.

CRISTINA FALLARÁS: MEDIOS DE MANIPULACIÓN Y DEMOCRACIA 2.0 (vídeo)

SEPA QUIÉN ES Y POR QUÉ ESTABA PRESO ANTONIO LEDEZMA, EL PROTEGIDO DE MARIANO RAJOY

Insurgente

Kaos en la red, 19/11/2017

Otro de los objetivos del plan, por el que es vinculado Ledezma, era el bombardeo a instituciones gubernamentales y la sede del canal internacional de noticias teleSUR.

El ex alcalde de Caracas y dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma fue detenido en febrero de 2015 por estar implicado en el fallido plan de Golpe de Estado llamado “La Salida”.

“La Salida” fue un plan convocado por los también dirigentes de la derecha venezolana Leopoldo López y María Corina Machado, con el fin de derrocar al Gobierno Bolivariano, el cual ocasionó la muerte de 43 ciudadanos.

Otro de los objetivos del plan, por el que es vinculado Ledezma, era el bombardeo a instituciones gubernamentales y la sede del canal internacional de noticias teleSUR.

En 2015 la Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra Ledezma, por lo que fue llevado a la cárcel de Ramo Verde, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

El ex alcalde venezolano recibió una intervención quirúrgica y fue trasladado a su hogar para recibir beneficio de arresto domiciliario, pero luego en 2016 el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) admitió la acusación y evidencias presentadas por el Ministerio Público y ordenó su enjuiciamiento.

Tras no cumplir las condiciones que debe respetar un detenido que posea el beneficio de arresto domiciliario y por sospechas de fuga, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano revocó la medida cautelar a Ledezma.

El 1 de agosto de 2017 organismos de seguridad venezolano trasladaron al dirigente opositor nuevamente a la cárcel, luego de haber difundido un video en el que incurría al llamado a la rebelión civil, alzamiento militar y a la violencia, por lo que fue cesado el beneficio.

Cuatro días después (4 de agosto), funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) trasladaron nuevamente a su residencia al dirigente opositor para cumplir el arresto domiciliario.

¿Quién es Antonio Ledezma?

Antonio José Ledezma Díaz nació en San Juan de los Morros, estado Guárico (centro), el 1° de enero de 1955. Es abogado de profesión. Su carrera política se inició en el partido Acción Democrática (AD), organización partícipe del Pacto de Punto Fijo, acuerdo bipartidista que gobernó a Venezuela en el período 1958-1998.

Vida política

1984-1992: Diputado de AD por el estado Guárico.

1992: Gobernador del Distrito Federal de Caracas, designado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Su gestión se caracterizó por la represión de la protesta social, en particular contra estudiantes y periodistas.

1994-1996: Es electo vicepresidente de la Cámara de Senadores.

1996-2000: Alcalde del Municipio Libertador. Acusado de irregularidades y represión contra trabajadores de la economía informal (buhoneros) y adultos mayores que reclamaban una pensión de vejez justa.

1998: Jefe de campaña de Luis Alfaro Ucero (candidato presidencial de AD). En un acto de traición política, para “frenar” el ascenso de Hugo Chávez, participa en una componenda que despoja de la candidatura a Alfaro Ucero para apoyar a Henrique Salas Romer.

1999-2000: Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Venezuela.

2000: Renuncia a AD y funda el partido Alianza al Bravo Pueblo. Se postula como precandidato presidencial, pero debido al escaso respaldo popular desiste de la candidatura.

Se lanza como candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador (Caracas), pero es derrotado por el candidato de la Revolución Freddy Bernal. Desconoce los resultados.

2002: Respalda el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Apoya a los militares reunidos en la Plaza Altamira de Caracas que desconocieron al gobierno y la Constitución.

Participa activamente en el paro petrolero-empresarial que pretendía derrocar al presidente Chávez y torcer la voluntad del pueblo por hambre. La acción causó pérdidas al país por 21.000 millones de dólares.

2004: coordinó acciones en el “Plan Guarimba”. Fue acusado de incitar a militantes de Alianza al Bravo Pueblo y AD a quemar la sede del partido Movimiento V República en Caracas.

Desconoce los resultados del Referendo Revocatorio de mandato contra el presidente Chávez, que reafirmó el apoyo popular al gobierno Bolivariano.

2005: Lidera los llamados opositores a retirarse de las elecciones a diputados, en un esfuerzo fracasado por deslegitimar la democracia venezolana.

2008: Es elegido alcalde Metropolitano de Caracas. A su llegada a la institución despide a 2.252 trabajadores y congela el salario a los trabajadores jubilados.

2012: Se postula como precandidato presidencial, pero no obtiene respaldo en las filas opositoras.

2014: Participa en el plan “La Salida”, convocada por Leopoldo López y María Machado que incluyó acciones violentas que ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos venezolanos. Es señalado de planificar el supuesto asesinato de López con el objetivo de ahondar la crisis política y derrocar al gobierno constitucional.

2015: Es detenido en febrero por estar implicado en el fallido plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

2015: Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad por motivos de salud.

2015: Se fuga de su arresto domiciliario. Llega a Madrid procedente de Colombia. Lo recibe en la Moncloa el presidente del Reino de España, Mariano Rajoy.

IMPULSAN UNA PETICIÓN EN CHANGE.ORG CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SALVADOR SOSTRES EN TVE

Nueva Tribuna, 13/11/2017

[No solo hay que denunciar al energúmeno fascista de Sostres (no le llamo periodista porque ni siquiera tiene hecha la carrera) sino también al impresentable Carlos Herrero, un juntaletras del mismo plumaje que Sostres.]

¿Cómo se llama la película? La parada de los monstruos.

El polémico tertuliano, célebre por sus comentarios machistas y misóginos, fue invitado por Carlos Herrera el 4 de noviembre al programa de TVE ‘¿Cómo lo ves?’.

Tras la emisión, el pasado día 4 de noviembre, del programa de TVE ¿Cómo lo ves? en el que se invitó como tertuliano a Salvador Sostres, la Red EQUO Mujeres ha iniciado una petición en Change.org solicitando a José A. Sánchez, como presidente de la Entidad Pública RTVE, y a Eladio Jareño, como director de TVE, la “retirada inmediata” del programa. 

Asimismo, la petición también solicita el cese de Carlos Herrera como director del programa, por haber dado cobertura a discursos “machistas y misóginos” en un medio público, “seguramente con la única intención de subir la cuota de audiencia desastrosa que viene teniendo su programa” afirman desde la Red Equo Mujeres.

“Creemos que se cruzaron todos los límites de la responsabilidad periodística cuando se invitó al tertuliano Salvador Sostres, conocido por hacer apología de la violencia machista, para hablar, nada menos que sobre acoso sexual. No nos defraudó, pudimos escucharle barbaridades del tipo: ‘la Ley de Violencia de Género es una ley impresentable, es fascismo…’, o ‘el acoso sexual es subjetivo’. La presencia de un individuo que se regocija habitualmente en proferir comentarios racistas, misóginos e incluso pedófilos, es un insulto a todas las víctimas de maltrato y violencia sexual que tratan de ser valientes para denunciar, mientras a semejante personaje se le ofrece una plataforma como la televisión pública para ridiculizarlas” han expresado desde la Red Equo Mujeres.

En España, solo en lo que va de año, ha habido más de 80 mujeres asesinadas por violencia machista, tal como denuncian desde la plataforma Feminicidio.net, y se denuncia una violación cada ocho horas, según datos del Ministerio del Interior. 

“Hoy comienza el juicio por la violación múltiple en las fiestas de Pamplona, nos enfrentamos a una situación donde las fiestas multitudinarias se saldan habitualmente con agresiones sexuales, a veces, extremadamente violentas y donde el abuso sexual a menores continúa siendo un tema tabú del que apenas se habla. Sin embargo, en ¿Cómo lo ves? de TVE se convierte el debate sobre un problema social de primer orden en un circo, donde se banaliza el sufrimiento de las víctimas y su indignación”, denuncia Equo Mujeres. 

La red también advierte de que se incumple lo regulado por el artículo 3 de la Ley 17/2006, que especifica que TVE, en su función de servicio público, deberá promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.

La petición en Change.org ya supera las 5.000 firmas, para pedir que esta clase de manifestaciones no tengan voz en ningún espacio, especialmente en aquellos que se financian con dinero público.

INDA SEGÚN ENEKO

MAMEN MENDIZÁBAL (LA SEXTA) VA POR LANA Y SALE TRASQUILADA

Esta plumífera que ya tuvo un enganchón con Gabriel Rufián, al que intentó liar en vivo y en directo para que dijera lo que ella quesiera con el lógico cabreo del entrevistado, ahora intenta equiparar a Monedero con Esperanza Aguirre porque los dos han usado la expresión "no me consta" en dos alocuciones que nada tienen que ver entre sí, y Monedero, evidentemente, la pone en su sitio. Lo del periodismo de este país es PATÉTICO.

DESPIDEN AL DIBUJANTE ENEKO DE ‘20 MINUTOS’ Y SUS VIÑETAS COBRAN FUERZA EN LA RED

Naiz, 02/11/2017

[Otra muestra de lo muco que respetan la libertad de expresión nuestros mass mierda.]

El diario 20 minutos ha despedido el dibujante cómico Eneko las Heras. Eso es lo que ha anunciado el mismo artista desde su cuenta de Twitter donde también ha asegurado que no sabe cuáles son los motivos del despido: "20 minutos me ha comunicado que prescinde de mis dibujos". Con el tuit también ha aprovechado para despedirse de sus compañeros del rotativo.

Las Heras aseguraba, en su Twitter, que no sabe cuáles son los motivos del despido, pero informaba de que algunas de sus últimas viñetas no habían sido publicadas en papel.

Las redes sociales se hicieron eco de este despido y fueron numerosos los que mostraban su apoyo a Eneko y abogaban por la libertad de expresión. Muchos recordaron sus viñetas en los mensajes:

Esta última viñeta, en la que se observa la silueta del Toro Osborne con un cuerno en el que se distingue el brazo y un arma de un policía antidisturbios con el lema Marca España, ha tomado fuerza como denuncia de este despedido. Sin embargo, el propio artista ha aclarado que este dibujo salió hace tiempo en ’Interviu’ y nada tiene que ver con 20minutos.

EL GRAN COLOCÓN DE LA GUERRA

Jacinto Antón

El País, 30/10/2017

[Gran artículo. Solo tengo una pega: alguien debería decir a los periodistas de El País que un epígrafe en negrita y en mayúsculas que dice EL MITO DEL "EJÉRCITO YONQUI" (y además ejército yonqui entre comillado) EN VIETNAM predispone al lector a encontrarse con una negación de la idea entrecomillada y sin embargo, después de afirmar en el epígrafe que es un mito que el ejército norteamericano en Vietnam fuera un ejército de yonquis, leemos más abajo que es cierto que era un ejército de yonquis. !Pero si además se hace acompañar el artículo con una foto de soldados americanos pinchándose heroina!... Por favor, señores de El País dejen de tomar el pelo al lector.]

Lukasz Kamienski pasa revista en un libro pionero al uso de las drogas en combate a lo largo de la historia, desde los hoplitas griegos hasta las fuerzas especiales de EE.UU.

No hay guerra sobria. Que en la guerra siempre se han usado drogas es sabido, Lo que no lo es tanto es la escala. De hecho, la mayoría de los guerreros de la historia han entrado en combate colocados de algo. Desde los hoplitas griegos (opio y vino) a los actuales pilotos de cazabombarderos estadounidenses (“pastillas go”: anfetaminas), pasando por los guerreros vikingos (hongos alucinógenos), los zulúes (extractos de diversas plantas “mágicas”) o los kamikazes japoneses (tokkou-jo,“pastillas de asalto”: metanfetamina), los combatientes de todas las épocas y clases han echado mano de alguna sustancia psicoactiva para enardecerse, mejorar el rendimiento, y vencer el miedo y ser capaces de luchar contra el enemigo con armas mortíferas, un trauma, matar y eventualmente morir, que significa un verdadero desafío a la naturaleza humana.

A explicar la historia social, cultural y política del uso de esas sustancias en el campo de batalla ha dedicado el profesor de la Facultad de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Jaguelónica de Polonia Lukasz Kamienski (Cracovia, 1976) su libro Las drogas en la guerra (Crítica), una obra que cubre un gran vacío sobre el tema y que está llena de información apasionante y detalles impagables, como que la victoria británica en El Alamein tuvo que ver con el uso de la bencedrina —de la que Montgomery era un entusiasta—, y la de los marines en Tarawa con el speed. Kamienski apunta de pasada que Bismarck era un “asiduo morfinómano” y que John F. Kennedy se inyectaba dexedrina e iba colocado de speed durante la crisis de los misiles.

“La guerra es en buena medida inseparable de las drogas”, señala Kamienski, que no deja de recordar que la propia guerra es una droga. “A lo largo de la historia encontramos continúas referencias a hongos y plantas mágicos y a todo tipo de sustancias tóxicas que ayudan a los guerreros para inspirarles en la lucha, hacerlos mejores combatientes o contribuir a paliar los efectos físicos o psicológicos del combate. También para hacerles soportable el aburrimiento que a menudo conlleva la guerra. No digo que todos los guerreros de todos los ejércitos hayan usado y usen asistencia farmacológica, pero la melodía principal de la historia militar sí que tiene ese tono farmacológico. El homo furens es un homo narcoticus”

El estudioso, que considera que “la práctica de colocarse es entre los que combaten tan vieja como la propia guerra”, analiza el “subidón” bélico bajo varios aspectos: las drogas recetadas por las propias autoridades militares y distribuidas por ellas a los soldados (evidenciando una hipócrita doble moral), las autorrecetadas por los combatientes, y las utilizadas como herramientas de guerra (desde el uso hace tres milenios por los caldeos de humaredas de cáñamo indio para embotar al enemigo —con el riesgo de que te soplara el viento en contra—) hasta los planes estadounidenses durante la Guerra Fría para lanzar una lluvia de LSD sobre las tropas soviéticas. No menos descabellados han sido proyectos posteriores de EE UU como el de bombardear con feromonas a las fuerzas enemigas para descontrolar sexualmente a los soldados o el de usar viagra con los integrantes de las fuerzas especiales propias para hacerlos más agresivos.

Kamienski destaca el uso del alcohol, “el coraje líquido”, como “la droga más popular de cuantas han empleado los ejércitos” y “uno de los puntales” de las tropas de todos los tiempos (excepto, claro, las islámicas), al menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha empleado, recuerda, como anestésico, estimulante, relajante y fortalecedor. No se entiende el imperio británico, señala, sin el ron, que se daba a los marinos y soldados, ni el ejército ruso sin el vodka, que propició victorias y también causó derrotas. En Chechenia los soldados llegaron a canjear blindados por cajas de vodka.

Las drogas en la guerra sigue el empleo de estas de manera cronológica, hasta llegar a las guerras actuales, con el ISIS colgado de captagón (fenetilina) y los estadounidenses usando el psicoestimulante de nueva generación modafinilo, muy eficaz para combatir la fatiga y la privación del sueño. Lo último, dice Kamienski, sin embargo, es “la neuroestimulación directa del cerebro”. El futuro, vaticina, apunta a una ciborgización de los soldados en vez de su yonquización.

El libro pasa revista a los guerreros griegos (que consumían opio disuelto en vino), a los asesinos nizaríes de Alamut asociados al hachís, y a los comedores de hongos y el furor berserker germano y escandinavo que relaciona con la ingesta de Amanita muscaria o A. pantherina, setas que también tomaban, sostiene, para luchar rabiosamente los tártaros.

Kamienski, que sonríe educadamente cuando se le comenta el uso de la poción mágica por los galos de Astérix, explica que Napoleón hubo de tomar medidas drásticas contra el hábito de consumir hachís de sus tropas en Egipto. Luego pasa revista a las guerras del opio y recalca la epidemia de adicción a la morfina que provocó la Guerra de Secesión estadounidense, donde se repartió a diestro y siniestro como panacea.

 En las guerras coloniales, según el estudioso, la mayoría de los pueblos guerreros que se enfrentaban a las potencias europeas iban definitivamente colocados. La élite guerrera zulú con dagra, variedad sudafricana euforizante del cannabis. La Primera Guerra Mundial fue la contienda de la cocaína, que consumían los ases de caza alemanes, se administró a los soldados australianos en Galípoli y se suministraba regularmente en general a las tropas británicas en forma de grageas Forced March (!).

La segunda contienda fue la del speed y la meta de la Wehrmacht, comercializada como pervitin. Los nazis buscaron un estimulante aún más poderoso, “una verdadera bala mágica”, en el DI-X, que probaron los comandos de Otto Skorzeny. Pero en realidad todos los ejércitos emplearon las anfetaminas. Caso especial, apunta Kamienski fue el de las tropas finlandesas, colocadas hasta las cejas con heroína, morfina y opio.

En el gran colocón de la Segunda Guerra Mundial, los únicos tradicionales fueron los soviéticos, fieles al vodka y la valeriana.

EL MITO DEL “EJÉRCITO YONQUI” EN VIETNAM

Kamienski dedica un amplio espacio a la Guera Fría, a la búsqueda de sustancias para colocar al enemigo y al “arsenal alucinógeno de los EE UU”, como el polvo de ángel, experimentado a menudo en soldados propios y en civiles sin que estos lo supieran. También sigue la verdadera obsesión paranoica para lograr un “suero de la verdad”.

La guerra del Vietnam es “la primera verdadera guerra farmacológica”, con un consumo entre el personal militar estadounidense que alcanzó cotas nunca vistas. El estudioso apunta que en 1973, año de la retirada de EE UU del país del sudeste asiático, el 70 % de los soldados tomaban algún estupefaciente, fuera marihuana, dexedrina, heroína, morfina, opio, sedantes o alucinógenos. El ejército llegó a poner en marcha un programa de análisis de orina masivos, denominado Operación Flujo Dorado (!). El coloque masivo fue lo que dio pie al mito del “ejército yonqui”, aunque el autor considera que el consumo de drogas, “en términos generales, no interfirió excesivamente en el rendimiento en combate”. En todo caso, solo unos pocos se consolaban en Vietnam escribiendo a casa y escuchando a Barbra Streisand.

EL CÁRTEL DEL FUEGO (II)

Daniel Toledo 

CTXT, 27/09/2017

Portugal: marca España

El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”. 

En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores. 

El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa. 

Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.

Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero. 

Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta. 

La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de  suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.

CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”. 

Portugal: marca España

El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”. 

En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores. 

El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa. 

Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.

Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero. 

Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta. 

La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de  suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.

CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”. 

“Y segundo”, continúa Pinto Coelho, en la causa abierta por el Ministerio Público “cada línea que leemos pone al descubierto un crimen, y sólo está siendo juzgado el envío del pliego de condiciones del contrato a Jaime Gomes. Pero es que el resto también es constitutivo de delito, y me pregunto por qué no hay más procesos abiertos y acusados. Una de las razones es que forma parte del caso Vistos Gold --la trama corrupta que entregaba fraudulentamente visados a extracomunitarios para circular por Europa a grandes inversores-- y sólo el punto 4 se ocupa del caso de los Kamov. Esto no tiene sentido. En Derecho Administrativo un contrato es nulo si, en la base de ese contrato, se encuentran indicios de delito. Y aquí tenemos varios contratos. Todo esto tiene elementos de prueba, esto consta en la acusación”. 

En 2014, la filial que trabaja para Avialsa en Portugal, Agro-Montiar, ganó un concurso con la ANPC de cesión de dos aviones anfibios, por un período de 5 meses, por valor de 1,79 millones de euros. Como muchos otros contratos con empresas de lucha contra incendios, la empresa fue escogida mediante el método llamado “de ajuste directo”. En condiciones normales, el ajuste directo sólo es ejercido por las administraciones públicas para contratos inferiores a 150.000 euros. Pero un organismo público puede, según el Código de Contratos Públicos portugués, hacer uso del ajuste directo si se dan “casos de urgencia imperiosa, cuando solo existe un único proveedor, o cuando un anterior concurso haya quedado desierto”. 

Aquí el cártel del fuego se hace fuerte. El ajuste directo debe estar justificado jurídicamente, y es el cártel quien se encarga de justificarlo por medio de la colusión ilegal entre empresas. Cuando se detecta manipulación del mercado, al evitar la libre competencia, existen entes públicos reguladores encargados de luchar contra estas prácticas —como la CNMV en España—. Otras veces los hechos pasan al ámbito penal —como la que nos ocupa, por sospechas de pertenencia a organización criminal, cohecho, soborno, falsedad de documento público y mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación—. Y otras, demasiadas, pasan desapercibidas o se descubren cuando ya no hay nada que hacer. 

La empresa portuguesa Heliportugal impugnó el contrato ganado por Agro-Montiar, y más tarde fue anulado por el Tribunal de Cuentas portugués por claras irregularidades a la hora de escoger el método de ajuste directo, pero la anulación llegó a posteriori de la entrada en vigencia del mismo. Es decir, y para sorpresa del Tribunal y de Heliportugal, cuando la ANPC, por orden y despacho directo del ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, envió al Tribunal el contrato para su fiscalización, los aviones ya habían realizado la mayor parte de las horas de vuelo. “Las consecuencias que esto puede tener para un Estado de derecho son muy importantes”, declara Pinto Coelho, “porque parece ser una señal de que la Justicia en Portugal nunca más se va a recuperar de estos dos grandes asuntos —Vistos Gold y caso de los Kamov—“.

El director de recursos de la ANPC entonces era el coronel José Teixeira, también dimitido y en proceso disciplinario y criminal por este asunto, aunque continúa como director de la Guardia Nacional Republicana —el equivalente a la Guardia Civil en Portugal—. Parece que nadie consigue apoltronarse en las butacas más altas de la ANPC.

A pesar de la sentencia del Tribunal de Cuentas y de la investigación en marcha, un año más tarde, en mayo de 2015, Agro-Montiar volvió a ganar un concurso de cesión de dos “aeronaves complementarias —aviones anfibios medios—”, para los cursos del 2015 al 2017 por valor de 4,9 millones de euros. El representante de Agro-Montiar y expiloto de Avialsa, Carlos Craveiro, y el presidente de la ANPC, Mayor General Francisco Grave Pereira, firmaron un contrato entre la Administración Interna y Agro-Montiar en el que a ésta se le permitía “subcontratar (…) a la empresa Avialsa T-35” lo que precisamente se le contrataba a Agro-Montiar. Es decir, una subcontrata dentro de una subcontrata sin razón aparente. Grave Pereira también está siendo investigado por su participación en el contrato con Everjets.

Según se deduce cruzando las causas abiertas en Portugal y España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma descarada en el mercado portugués. La manipulación ha sido tan espectacular que ya han caído dos exministros, varios dirigentes de la Autoridade Nacional de Protecção Civil, se ha sacrificado a la estatal Empresa de Meios Aéreos, dejado de pagar contratos pasados a empresas fuera del cártel, como Heliportugal, y se han visto implicados tanto gobiernos locales como el Gobierno central. 

Los correos, contactos, invitaciones a cacerías, regalos y prebendas se cruzaron entre ambos países con el objetivo de crear una red amplia e infalible. El juzgado de Sagunto tiene constancia del correo enviado por Vicente Huerta a Carlos Craveiro, ya en febrero de 2010, en el que se refería a Portugal: “Ganar como sea el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal, además de contar con AT —el avión AT-802— de Martínez y otro de Faasa para el concurso. El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal, amigo Carlos, y vamos a atacar con todo el arsenal posible”.

Y así lo hicieron. Según el auto del juzgado de Sevilla, el 2 de marzo de 2010 Vicente Huerta “envió un correo a los integrantes de la ‘Asociación’, relativo al concurso en Portugal, en el que expuso que deberían presentar dos ofertas, una por parte de Avialsa T-35, y otra por parte de Aviación Agrícola de Levante, S.A., dirigida esta última a ganar el concurso, siendo la otra de cebo, al fijar como precio total 2.050.000 euros, y la segunda por importe de 1.999.999 euros, si bien, presentándose esta última el mismo día de cierre de presentación de ofertas”. Aviación Agrícola de Levante fue en realidad fundada en 2007 por el mismo Vicente Huerta y Francisco Alandí que dirigían Avialsa. De hecho, el Holding Empresarial Avialsa ejerció de socio y administrador único de Aviación Agrícola de Levante. 

Ángel Martínez Ridao contestó dos días después dando su visto bueno a la oferta cebo y a la ganadora, así como Manuel González Gabaldon, de Faasa. Dicho y hecho, en la lista de contratos públicos del Gobierno portugués aparece registrado, el 4 de mayo de 2010, el contrato entre la estatal Empresa de Meios Aéreos, S.A., y Aviación Agrícola de Levante, por 2 millones de euros.

En total, los contratos conseguidos por las empresas españolas del cártel en Portugal suman alrededor de 53 millones de euros, sin contar con el contrato de 46 millones de Everjets, ni con los de la brasileña Helisul, que suman 47 millones y que en 2014 formó una Unión Temporal de Empresas con Inaer para conseguir su único contrato con Protección Civil. En julio de 2011, Cristóbal Castellanos —del departamento de I+D de Avialsa–, recibía otro correo de Miguel Angel Martínez —Ridao—: “Por último, siguiendo palabras textuales de Ángel, el acuerdo del contrato de Portugal es 50% para Avialsa y el 50% para Angel Martínez, no quisiera tener ningún problema al final de año en lo referente a Portugal. Ángel ha hecho punto por punto lo que Paco —Francisco Alandí— ha indicado”.

El hombre desde dentro 

A estas alturas surge una pregunta de forma natural: ¿puede un cártel de empresas españolas influir en un mercado extranjero sin contar con apoyo sobre el terreno, esto es, con apoyo de otras empresas nacionales? ¿Quiénes fueron los contactos que ayudaron al cártel a infiltrarse en el mercado portugués? 

El país vive inmerso en una vorágine de imágenes de incendios incontrolables, antiguos pueblos consumidos por las llamas, ancianos indefensos que pierden todo lo que tenían. Portugal parece hechizada por el shock de los fuegos. Mientras, el hiperactivo presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mueve más que un bombero entre incendio e incendio para proclamar que está, estamos, ante una “causa nacional”. 

Quizá lo que Rebelo de Sousa y el país entero tiene enfrente es un caso de corrupción generalizada que consume decenas de miles de hectáreas de espacios naturales al año. Igual que ocurre en Andalucía, parte de las administraciones portuguesas han de estar contaminadas de una forma u otra. Desde el exministro Miguel Macedo, el ex secretario de Estado y exministro Luís Marques Mendes —socio de Macedo en la empresa JMF, utilizada como sociedad instrumental para pagos de sobornos, según el Ministerio Público—, el también imputado António Figueiredo, expresidente del Instituto dos Registos e Notariado, hasta probablemente funcionarios de las mesas de contratación, es obvia la colaboración estatal de una u otra forma.

Y para esto han necesitado de un hombre, u hombres, desde dentro. Ya en una de las actas de acuerdos de las reuniones celebradas por el cártel en el hotel El Cruce de  Manzanares, puede leerse: “Se encarga a Jaime Arqué que inicie gestiones en Portugal en relación con los concursos de aeronaves de la que fija que licite ese país para 2009”. Si el Grupo 6 quería un agente fuerte en Portugal, no podían elegir mejor persona que Jaime Arqué. Director general desde 1993 de Helicsa, cuya fusión con Helicópteros del Sureste fundó Inaer en 2008, también director general de Cegisa y, cuando ésta fue absorbida a su vez por Inaer, posteriormente nombrado Director Bussiness Development para el sureste de Europa dentro del Grupo Inaer, Arqué tenía una larga y valiosa experiencia en trabajar a varias bandas. Además, es presidente de la propia AECA —la Asociación Española de Compañías Aéreas donde están agrupadas las 14 empresas investigadas en la Audiencia Nacional— y presidente también de la Asociación Europea de Helicópteros, desde la que acostumbra a hacer hincapié, en declaraciones y conferencias, en el mercado portugués —debido a su evidente falta de medios propios aéreos—.

Por supuesto las intenciones de manipular el mercado en Portugal se mantuvieron durante años hasta el día de hoy. En un correo de 2012 enviado por Arqué a Huerta y a Francisco Alandí, se explica: “Os quiero informar que la Alta Dirección del Grupo está de acuerdo en llevar adelante el proyecto de colaboración multinacional para ampliar las operaciones en Portugal, Francia e Italia. Todo ello con la adquisición de los aviones que sean necesarios”, y que “ambas partes —Avialsa e Inaer— declaremos nuestra intención de negociar los correspondientes contratos, que supongan, por un lado la adquisición de los aviones, y por otro la entrada de Inaer en los contratos de Operación Portugal y Francia en la medida que se acuerde para el año 2013”. La adquisición de aviones ad hoc no podía corresponder sino a una estrategia a largo plazo. En el mismo correo se indica su intención de influir en las instituciones estatales Vigili del Fuoco, italiana, y Sécurité Civile, francesa.

Otro de los nombres que suena con frecuencia es el de Carlos Craveiro, ex piloto de Avialsa, gerente de Agro-Montiar, y también investigado y cuya implicación queda bien clara en los correos mencionados más arriba. A pesar de que Craveiro aparece repetidas veces tanto en la causa abierta en la Audiencia Nacional como en la abierta por la Procuradoria portuguesa, continúa desempeñando funciones para empresas públicas y privadas. Sin ir más lejos, fue el designado como  comandante y director de operaciones de las pruebas de un avión Air Tractor en Madeira, adonde se desplazó el 2 de mayo de 2017 para demostrar su idoneidad como instrumento de combate al fuego en el archipiélago. El Airt Tractor por supuesto pertenece  a Avialsa, y un mes más tarde el Ministerio de Administração Interna confirmaba las buenas aptitudes del avión. Otro contrato para Avialsa, esta vez con el Gobierno Regional de Madeira.

El abogado defensor de Heliportugal, Pinto Coelho, aunque sin hacer acusaciones, también puso el punto de mira sobre otra persona: Filipe Lobo D’avila, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Luso-Española. Además de tener un perfil político de alto nivel —exdiputado, ex secretario de Estado de la Administração Interna, ex alto funcionario del Ministério da Justiça—, D’avila también es abogado, y fue el que defendió a Everjets cuando ésta interpuso una demanda precisamente al Ministerio de Administração Interna —MAI—. Lo particular del caso es que Everjets tramitó su demanda cuando D’avila era secretario de Estado en la MAI, y cuando D’avila salió del MAI, fue el abogado defensor contra el propio ente.