El orígen de la polémica es una fotografía en la que el monarca español aparece de cacería junto a políticos y empresarios imputados, condenados y encarcelados por corrupción.
La instantánea fue tomada en la finca de “El Alamín”, en Toledo, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, ex jefe de los empresarios españoles (CEOE), actualmente encarcelado por evasión de capital, y quien acogió una cacería de perdices donde fueron invitados el Rey Juan Carlos, Jaume Matas, ex presidente de las Islas Baleares condenado por malversación, cohecho y prevaricación, y Arturo Fernández, empresario imputado por el escándalo de la entidad financiera Bankia.
El empresario Arturo Fernández mantiene una relación muy estrecha con Juan Carlos, hasta el punto de que le ha ido comprando su colección de automóviles.
Una vez más, las amistades y la afición del monarca por las cacerías vuelven a enturbiar su imagen y la de la Monarquía.
Tras destaparse los continuados delitos cometidos por Díaz Ferrán, ex jefe de los empresarios españoles, la finca de “El Alamín” pasó a otros propietarios. Un grupo de inversores se la adjudicaron en subasta tras ofrecer 24 millones de euros.
La finca estaba hipotecada en Banif, la división de banca privada del Banco Santander, con el que tenía deudas contraídas. Tal vez por eso entre los invitados de Díaz Ferrán, en la cacería compartida con el Rey, también se encontraba Emilio Novela, vicepresidente de Banif (Grupo Santander), e imputado por la quiebra de la empresa Viajes Marsans.
Las malas compañías persiguen al monarca desde hace más de veinte años. La cuenta que se inició con su ex consejero Manuel Prado y Colón de Carvajal, tuvo su punto álgido con el ex banquero delincuente, Mario Conde.
