La Opinión, 16/02/2012
[Probablemente artículos de prensa como éste habrán pasado desapercibidos para muchos pero desde que ha subido el PP al poder las relaciones entre España y Marruecos se han vuelto a agriar. Y digo que "se han vuelto a agriar" porque ya durante la segunda legislatura de Aznar las relaciones hispano-marroquíes se tensaron hasta un punto muy peligroso. Aquí hay que recordar que la toma del Islote Perejil en 2002 por parte de soldados españoles fue considerado por Marruecos como una acción de guerra. Y es que el problema no era el maldito islote sino el reparto del petróleo que se había descubierto poco antes en el mar que separa a Marruecos de Canarias y en las costas del antiguo Sahara español. Todo ello causó la entrada en el conflicto de un tercero, EE.UU., aliado de Marruecos que estaba intentando ante todo que España no volviera a sus andadas imperialistas (¡Washington no quiere competidores en el control del Magreb!) También hay que tener en cuenta que el petróleo canario-marroquí podría contribuir al sueño dorado de nuestros plutócratas: convertir a España en un país petrolero independiente energéticamente hablando. O dicho de otro modo, en una potencia mundial.]
El Ministerio de Defensa advirtió en el año 2001 de que otorgar permisos para la exploración de una posible existencia de petróleo frente a las costas de las Islas de Lanzarote y Fuerteventura podía molestar al vecino marroquí. De hecho, la tramitación de la autorización solicitada por la empresa petrolera Repsol motivó que el Gobierno de Marruecos reclamara el inicio de conversaciones para delimitar las respectivas aguas jurisdiccionales y su aprobación supuso, en el mes de enero de 2002, una protesta formal de Rabat.
La llamada de atención de Defensa forma parte del expediente enviado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria a las instituciones canarias para reactivar la autorización concedida a la petrolera en diciembre de 2001 y suspendida judicialmente tres años después ante la falta de control medioambiental.
En él consta el procedimiento seguido para la concesión del permiso y, en él, los informes emitidos por varios departamentos del Estado a solicitud del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Rodrigo Rato y competente en Energía.
Defensa puso de manifiesto en mayo de ese año que "al no existir un acuerdo bilateral con Marruecos que delimite las zonas económicas exclusivas [200 millas] de ambos países, podría surgir algún tipo de litigio por la pretensión marroquí de fijar la línea de equidistancia, no desde la costa de África, sino desde su talud continental [subsuelo marino que se extiende más allá de las 12 millas del mar territorial], por lo que estaría más próxima a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y cruzaría algún vértice de las zonas de prospección".
En total, el área de exploración para la que Repsol inició la tramitación en noviembre de 2000 consta de nueve cuadrículas en un total de 616.060 hectáreas y se situaría, la más lejana, a unas 50 millas desde la costa canaria.
Roces
La complejidad de definición de los límites con Marruecos se puso también de manifiesto en el resumen del expediente administrativo que hizo la Dirección General de Política Energética y Minas. En él se subraya que en todas las fases del proceso se actuó de "forma coor dinada" con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el fin de garantizar que las investigaciones en el subsuelo marino se llevaran a cabo dentro de las aguas jurisdiccionales españolas. Pese a ello, se señala, el inicio de la tramitación del permiso solicitado por Repsol motivó "una nota verbal del Gobierno de Marruecos solicitando el inicio de conversaciones" con el fin de definir la mediana entre ambos países.
Un mes después de que el Consejo de Gobierno presidido entonces por José María Aznar aprobara el real decreto que permitía a la petrolera investigar durante seis años junto a las costas orientales de Canarias la existencia de petróleo, el minis terio marroquí de Asuntos Exteriores remitió una nota de pro testa a la embajada española en Rabat.
El documento del departamento de Defensa, firmado desde la Subdirección General de Patrimonio, informa también de que consultados los distintos cuarteles generales, en la zona afectada por las exploraciones de hidrocarburos no hay instalaciones de interés para la defensa nacional.
