Telma Luzzani
El Destape, 26/12/2022
Nunca los golpes de Estado en América Latina tuvieron objetivos puramente locales. Ni los dictadores del siglo XX, entrenados en la Escuela de las Américas de la base norteamericana en Panamá, ni los golpes híbridos del siglo XXI, en los que se combinan complejísimas acciones de los poderes Legislativo y/o Judicial; los medios de comunicación; sectores empresariales capaces de dar golpes de mercado y las tradicionales fuerzas policiales o militares. Desde Pinochet y Videla hasta las destituciones de Dilma Roussef, Fernando Lugo, Manuel Zelaya o Evo Morales, todos tienen el sello inconfundible de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Washington. Pedro Castillo no es la excepción.
El 6 de diciembre, un día antes del derrocamiento de Castillo, la embajadora de EEUU en Lima, Lisa Kenna, se reunió con el general (R) Emilio Gustavo Bobbio Rosas, designado como ministro de Defensa el día anterior, 5 de diciembre. Bobbio estuvo solo 3 días en el cargo, lo suficiente para ayudar a destituir a Castillo y ordenar a las Fuerzas Armadas no apoyar al legítimo presidente de Perú. Bobbio renunció el 7 de diciembre y lo sucedió Alberto Otárola el máximo responsable de la feroz represión contra quienes protestaban en contra del golpe y de las casi 30 muertes de manifestantes (hasta ahora).
La embajadora Lisa Kennan tiene un prontuario que habla por sí solo: fue nueve años agente de la CIA y es veterana del Pentágono. Cuando se reunió con Bobbio, se sabía que el Congreso, como hace meses, buscaba una vez más destituir a Castillo por supuesta “incapacidad moral” (algo contemplado en la Constitución peruana). Se sabía también, como hace meses, que no juntaban los votos suficientes para voltearlo “legalmente”. ¿Cómo se consiguieron los votos? Una versión no comprobada aún pero verosímil es que Castillo, con poca experiencia en los oscuros laberintos de la política, fue inducido a cometer un error, no una ilegalidad.
Según esa versión no comprobada, el presidente del Congreso, general (R) William Zapata, hombre de los servicios de inteligencia y ex comandante general de ejército, fue uno de los autores intelectuales del plan que involucró a la Contraloría y la Fiscalía de la Nación, a las FFAA, a la policía, a sectores de extrema derecha del Congreso y a la vicepresidenta y sucesora de Castillo, Dina Boluarte. La noche anterior al golpe Castillo participó de una reunión de Consejo de Ministro. Dada la crisis continuada en Perú y el permanente acoso del Congreso contra el presidente (una de las muchas provocaciones humillantes de la Legislatura fue no permitirle salir del país para participar de la asunción de Petro como presidente de Colombia), se le recomienda la aplicación del artículo 134 de la Constitución que permite, “en casos de obstruccionismo” la disolución de Congreso y el llamado inmediato a nuevas elecciones legislativas. Se le aseguró a Castillo que contaba con el apoyo del pueblo y de las FFAA para aplicar este artículo.
Esto fue lo que hizo Castillo a la mañana siguiente, 7 de diciembre. Pero el apoyo prometido no apareció y, en cambio, fue rápidamente acusado de “intento golpista” y destituido. Ahí sí el Congreso tuvo los votos necesarios. La embajadora Kenna tuiteó de inmediato: “Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato” sin mencionar que el artículo 134 –citado por Castillo esa mañana- faculta al presidente a hacer lo que hizo.
Al día siguiente, 8 de diciembre, mientras el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia que “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo” y sus pares de Colombia, Gustavo Petro y de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocen como legítimo presidente a Castillo, Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado informa que “EEUU da la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte y espera trabajar con su administración para lograr una región más democrática, próspera y segura.” En el colmo del cinismo, mientras los manifestantes peruanos eran atacados con violencia por la policía, Nichols termina su nota diciendo: “Aplaudimos a los peruanos mientras se unen en apoyo a su democracia”.
A pesar de que Perú es una democracia de las “buenas”, como dice irónicamente el politólogo español Manolo Monereo, “una de esas que respeta la economía de mercado, da seguridad a las inversiones extranjeras y beneficia a las grandes empresas con poco control y pocos gravámenes”, se debe tener en cuenta que “el orden neoliberal no surge espontáneamente de la naturaleza sino que hay que imponerlo”. Perú es demasiado pródigo en recursos naturales como para dejar que su riqueza quede librada al juego democrático.
La Cordillera de los Andes es la principal fuente de depósitos minerales del mundo. Según el Instituto Geológico de EEUU (US Geolological Survey), Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc del mundo y el primero de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Es además rico en piedras preciosas, tierras raras, petróleo, gas, litio y uranio.
La conocida activista y ex legisladora por el partido Podemos Perú, Cecilia García, denunció la relación entre el golpe de Estado contra Castillo y la renovación de las concesiones mineras, petroleras y de la energía eléctrica en ese país. “El 2023 es un año clave porque vencen y hay que reevaluar al menos 37 proyectos mineros. Hay que aprobar concesiones de lotes petroleros en el norte además de contratos para la explotación de litio. Necesitaban sacar al presidente del poder durante el año 2023. Por eso a pesar de los reclamos populares y la presiones, Dina Boluarte llamó a elecciones para el 2024 y se niega a adelantarlas”.
Otro punto de análisis para entender este golpe de Estado es la guerra geoeconómica entre Washington y Beijing y la creciente bronca de EEUU al ver que la pérdida de su liderazgo es inversamente proporcional al imparable avance de China. Cosco Shipping Ports, una de las gigantes chinas, está construyendo la Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, un megapuerto de 992 hectáreas, capaz de enviar 1.500.000 de contenedores y 6 millones de toneladas de carga al año de América del Sur a China y a toda Asia. El negocio es gigantesco y los mutuos beneficios de nuestra región y China, enormes. Si a esto se suma la incorporación de Perú al gran proyecto chino de “la franja y la ruta” (Nueva Ruta de la Seda) y la carretera bioceánica entre Perú y Brasil, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, se entiende la obsesión de Washington por tener a Lima bajo control.
El caso peruano y su supuesto caos permanente (aunque estable en cuanto a las concesiones para la explotación minera, petrolera y pesquera) debe observarse detenidamente. Nuestra región es, una vez más, laboratorio de ensayo para la desestabilización democrática. Como Bolivia, Argentina o Brasil, Perú es en este momento uno de esos experimentos.
