La supuesta cesión de un apartamento de lujo al ex mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, dio pie a una investigación que terminó con la condena a 9 años y medio por corrupción.
Sin embargo, las pruebas que sustentan el caso dan mucho que pensar. Por ejemplo, un contrato sin rúbrica se cuenta entre las “evidencias” que sustentan la sentencia a nueve años y medio de prisión contra el ex presidente brasileño.
Un análisis jurídico, publicado en el portal de la revista especializada “Forum”, detalla que la sentencia condenatoria del juez Sergio Moro, que aún debe ser ratificada en segunda instancia ante el Supremo, aporta como prueba esencial un apartamento, supuestamente concedido a Lula por el grupo empresarial OAS, aunque en ningún documento consta que sea propiedad del ex mandatario o sus allegados.
Si “el apartamento fue de hecho concedido al ex presidente por el Grupo OAS, sin el pago del precio correspondiente, ni siquiera de las reformas, habrá prueba de la concesión por el Grupo OAS a él de un beneficio patrimonial considerable (…) Al contrario, si se determina que esto no ocurrió, es decir, que el apartamento jamás fue concedido al ex Presidente, la acusación deberá ser declarada improcedente”, reza el texto.
Pero para Moro, “eso no es suficiente para la solución del caso”, porque alega que para la consumación de crímenes de legitimación de capitales, se requieren “estratagemas de ocultación y disimulación”.
El elemento que usa el juez para insistir en la culpabilidad de Lula, pese a que el nombre ni la firma del ex presidente aparecen en ningún documento, son informes aparecidos en la prensa.
Por eso, no son gratuitas las palabras de la ex presidenta Dilma Rousseff, quien este miércoles calificó el fallo contra Lula como “una flagrante injusticia y un absurdo” que sigue “el guión pautado por la prensa de la derecha”.
Según Forum, el dato curioso es que un reporte del diario “O Globo“, en el que ya señalaban a Lula y a su esposa como propietarios del inmueble, fue publicado en marzo de 2010, con una actualización en noviembre de 2011, mucho antes de que iniciaran las investigaciones judiciales.
La sentencia precisa que, entre los documentos tomados en cuenta por el juez, hay un contrato sobre la residencia “y que, aunque no formado, se refiere expresamente a la unidad 174, la correspondiente al triplex”.
La ausencia de la firma de Lula da Silva en ese contrato es, sorprendentemente, la causante de su responsabilidad penal.
El dictamen, como hemos señalado, aún debe ser ratificado ante el Tribunal Supremo. Los abogados del ex mandatario anunciaron que apelarán el fallo ante la corte y acudirán también ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Pero, independientemente del curso que tome el proceso, es probable que la decisión no impida a Lula postularse a las próximas elecciones presidenciales, previstas en 2018.
Mientras la defensa cumple los trámites de la apelación y el Tribunal Regional Federal (TRF) decide, el tiempo previsto para la revisión del caso es de año y medio, plazo suficiente para que Lula se presente a los comicios.
El analista Joaquim Palhares, entrevistado por RT, consideró que este proceso contra el ex mandatario tiene un trasfondo político para tratar de “exterminar cualquier posibilidad de que la izquierda vuelva nuevamente a gobernar Brasil”.
La prueba de ello es la “persecución” que hubo contra la ex presidenta Dilma Rousseff, quien a su juicio fue acosada por la justicia hasta que lograron su destitución el año pasado, en un proceso de ‘impeachment’ que dejó en el poder a Michel Temer, quien el pasado 19 de Mayo fue acusado, nada menos que por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, por corrupción, obstrucción de la justicia y actuar junto con el senador suspendido, Aecio Neves, a favor de interrumpir el avance de la investigación de la operación anticorrupción ‘Lava Jato’.
El juez Edson Fachin aceptó la denuncia para abrir una investigación contra Temer, quien se negó a renunciar al cargo tras la publicación de una grabación en la que se evidencian las acciones delictivas del actual presidente brasileño.
Surgen pues dudas razonables sobre el recto proceder de la Justicia brasileña, cuando un magistrado es capaz de emitir una condena sin aportar en la causa pruebas contundentes y otro juez que, pese a las evidencias de la comisión de delitos por parte de Temer, no está dispuesto a llevar al mandatario al banquillo.
Mucho, no algo, huele a podrido en Brasil. Y el hedor viene ataviado con toga y birrete.
