El ventano, 21/01/2016
El ‘número dos’ de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y el comisario José Villarejo se reunieron con el periodista Eduardo Inda el pasado lunes para preparar el serial de reportajes que acusan a la formación morada de recibir millones de Irán y Rusia. Sus pesquisas sin orden judicial y sus filtraciones a Inda pueden constituir un delito de revelación de secreto.
El lunes 18 de enero por la mañana se celebró en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dirige el comisario Eugenio Pino, una reunión con el periodista y tertuliano Eduardo Inda. Al día siguiente, Ok Diario —el medio de comunicación que éste dirige tras su salida de El Mundo— publicó que “la productora de Pablo Iglesias recibió otro millón de euros desde un banco de Moscú”, continuando así un serial iniciado una semana antes en el que se acusaba a Podemos de recibir dinero de Irán y que Inda ha bautizado como el Irángate.
La reunión se llevó a cabo dentro de las dependencias policiales de la DAO. Según describen testigos que se encontraban en el edificio, “los primeros en llegar fueron el comisario Eugenio Pino y su mano derecha, el inspector José Ángel Fuentes Gago. Después llegó Eduardo Inda y, a los pocos minutos, el comisario José Manuel Villarejo”.
Estas reuniones, añaden dichas fuentes policiales, “son habituales, no sólo con Inda, sino también con otros periodistas que suelen ser beneficiarios de grandes exclusivas. En este caso, los periodistas que han publicado el falso informe de la UDEF son los convocados habitualmente por el DAO en su despacho”.
Las informaciones difundidas por Eduardo Inda sobre Podemos, que no forman parte de una investigación de la UDEF ni de ningún juzgado, contienen datos bancarios que “sólo pueden haber sido consultadas por el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblanc), aunque esta unidad de la Policía no puede acceder a esos datos privados libremente. Tendría que ordenarlo un juez, algo que en este caso aún no ha ocurrido”, señalan dichas fuentes.
Y añaden: “Ahora que la UDEF ha descubierto sus corruptelas, la cuestión que subyace es cuánto tardará en intervenir la Fiscalía y si será tan diligente como, por ejemplo, en los casos de Gürtel o Bárcenas”.
Fuentes judiciales aseguran que la cúpula policial podría haber incurrido en un claro delito de “revelación de secreto”. En primer lugar, porque no se puede consultar la información bancaria y de Hacienda sin que haya una investigación legal abierta por un juzgado. Y en segundo lugar, porque antes de dar las indagaciones a la prensa deben ser remitidas a las autoridades judiciales pertinentes.
