EL Diario /Europa Press, 10/04/2019
Ya falta menos para verle así.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha solicitado en la Audiencia Nacional una batería de diligencias entre las que consta petición expresa de que se cite como imputados al director de OKDiario, Eduardo Inda, y a uno de sus redactores, se compruebe el tráfico de llamadas de ambos y su relación con el comisario en prisión provisional José Manuel Villarejo y se geolocalice el destino que tuvo el móvil de su asesora Dina Bousselham tras ser robado en 2015.
La petición se enmarca en el contexto de la pieza 10 del caso Tándem, incoada después de que apareciese entre los archivos de Villarejo un volcado del teléfono de Bousselham, parte de cuyo contenido había sido publicado en OKDiario. En aquellas fechas trascendieron otras informaciones perjudiciales para Iglesias y el partido que resultaron estar basadas en informes policiales elaborados sin supervisión judicial, como el PISA o el relativo a financiación procedente de Granadinas.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, y que fue adelantado el martes por Público.es, sus abogados consideran que con la apertura de la pieza 10 "se ha puesto en evidencia la presumible colaboración activa para difamar a D. Pablo Iglesias Turrión entre un grupo de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía entre los que figura el Sr. Villarejo Pérez y el medio de comunicación OKDiario".
A preguntas de eldiario.es, Podemos no ha confirmado la información, aunque fuentes del partido de Iglesias sí aseguran que se ha presentado un escrito solicitando pruebas.
Tras pedir al juez entrada y registro en la redacción de ese medio, petición de la que finalmente se acordó un requerimiento de material y un apercibimiento para que no volviese a difundir información procedente del móvil de Bousselham, la defensa de Iglesias pide ahora imputaciones, pues además de la de Inda y el redactor que firmaba las noticias, quiere que declaren como investigados sobre este asunto policías que ya están en el punto de mira por el caso Villarejo.
Se trata de Eugenio Pino, que era el número 2 de la Policía Nacional cuando se elaboraron los informes sobre la financiación de Podemos; el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que según unos audios difundidos por moncloa.com se entrevistó con un político venezolano en Nueva York para recabar su colaboración en la investigación no judicializada sobre el partido y Bonifacio Díaz Sevillano, investigado, como los otros dos, en la pieza 'Kitchen'.
Levantar el secreto de sumario
Precisamente, la defensa de Iglesias pide que se comprueben "los contactos telefónicos habidos entre Villarejo, Inda, Pino y Fuentes Gago entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2016, detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros aumenta" en los periodos entorno a la publicación en OKDiario del informe PISA, el pago en Granadinas y los pantallazos del chat que habrían salido del móvil de Bousselham.
Sobre el terminal, pide también al juez Manuel García Castellón que libre oficio para que la unidad investigadora "averigüe mediante triangulación u otro sistema equivalente el posicionamiento del número de teléfono entre los días 1 de noviembre de 2015 y 21 de julio de 2016 (fechas entre el día del robo y la publicación)" de modo que se pueda averiguar "cómo fue el traslado del mismo a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido".
Insta además a adoptar otras medidas, como recabar el testimonio de los políticos venezolanos que habrían servido de fuente para la elaboración del Informe PISA (Pablo Iglesias S.A.), pedir al Ministerio del Interior que entregue cuanta documentación tenga sobre este asunto y la relación de viajes al extranjero de Fuentes Gago en las fechas en que se hizo, y requerir a moncloa.com los audios y a La Vanguardia las notas policiales publicadas por ambos al respecto.
Por último, la defensa de Pablo Iglesias solicita que se levante por completo el secreto de sumario que pesa sobre esta pieza separada del caso Villarejo, ya que entiende que al margen del mismo se siguen publicando informaciones y que se dificulta su derecho a ejercer la acusación al no tener acceso a material como las declaraciones que se han venido prestando en sede judicial, como la del presidente del Grupo Zeta o el exdirector de Interviú.
