Pedro Sánchez, elegido este lunes nuevo Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue consejero de Caja Madrid entre 2004 y 2009 y está vinculado a la emisión de preferentes.
Como consejero de dicha entidad contribuyó con su voto a que la Asamblea diera luz verde a la emisión de preferentes en 2007, 2008 y, especialmente, en 2009, el año en el que la caja llevó a cabo la mayor emisión de preferentes lanzada hasta la fecha por la banca española (3.000 millones de euros).
Así, Sánchez formó parte, durante cinco años, del máximo órgano de gobierno de la entidad. El órgano que aprobaba las cuentas anuales de Caja Madrid, incluidas también las del holding Cibeles, a través de donde se hizo la compra, en el año 2008, del City National Bank of Miami que ha desencadenado el procesamiento del ex presidente Miguel Blesa.
En la sesión ordinaria de las reuniones de la Asamblea General celebradas el 5 de marzo de 2007, el 3 de marzo de 2008 y el 22 de junio de 2009, los consejeros generales, incluido el citado Sánchez, economista de profesión, aprobaron sendas autorizaciones genéricas para que Caja Madrid pudiera emitir preferentes y colocarlas a clientes particulares de su red de oficinas a pesar de que, ya en mayo de 2009, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó a sus inversores de que las preferentes eran “un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido”. Ese año, como se ha dicho, Blesa lanzó la mayor emisión de preferentes de la historia.
Caja Madrid ofreció las acciones preferentes a los inversores -particulares- dando a entender que se trataba de renta fija cuando no lo era. En la mayoría de los casos los inversores eran particulares inexpertos que creyeron que era una inversión segura -la seguridad es una característica fundamental de la renta fija-.
El desconocimiento de los inversores sobre las condiciones de su contratación así como la imposibilidad de rescate del dinero invertido ha llevado a algunos observadores económicos a considerar esta práctica una verdadera estafa bancaria, encubierta perpetrada por las entidades financieras, dando lugar a numerosas protestas y reclamaciones judiciales ante la falta de protección legal de los ciudadanos.
