El Salto, 02/05/2023
[Con que el cambio climático ¿eh?]
Durante la semana pasada, Iberdrola procedió al vaciado de 46.000 millones de litros de agua (46 hm3), el equivalente a las necesidades de una población de 600.000 habitantes durante un año.
Durante la semana pasada, Iberdrola procedió al vaciado de 46.000 millones de litros de agua (46 hm3), el equivalente a las necesidades de una población de 600.000 habitantes durante un año, según los datos que maneja Paco Castañares, presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe.
El desembalse se produjo en la cuenca extremeña del Tajo y afectó a las presas de Alcántara, Gabriel y Galán y Valdecañas. Su único propósito sería la producción de energía eléctrica y el consiguiente rendimiento económico, aun en mitad de una situación de sequía como la que afecta a gran parte de Extremadura.
No resulta excepcional la actuación de la multinacional energética en los pasados días, pues desde diversas fuentes se cifra lo desembalsado en el último trimestre en un total de 600.000 millones de litros de agua (exclusivamente hablando de los embalses extremeños bajo responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo), lo que supondría la cantidad suficiente para el abastecimiento durante un año de una población de nueve millones de personas, y que, volviendo a trasladar cifras, virtualmente equivaldría a nueve año completos cubriendo las necesidades de agua de toda la región.
Ya el año pasado se dio una situación similar, llevando al límite a determinadas poblaciones (Belvís de Monroy, Saucedilla y Almaraz) y ocasionando que el embalse de Valdecañas se situara en el nivel más bajo de las últimas cinco décadas, al 21% de su capacidad, en claro contraste con el siguiente en la cuenca, el de Torrejón, que, en idénticas circunstancias climatológicas, se hallaba al 91%. La explicación se hallaba en la acumulación de recursos para turbinar desde este último e incrementar la producción hidroeléctrica en un momento de alza de precios (190,27% de incremento sobre el de 2021).
El propio Parque Nacional de Monfragüe sufrió graves consecuencias, e incluso desde Portugal se elevaron críticas por la política regulatoria de los caudales de unas aguas que son internacionales y que estarían siendo gestionadas en flagrante violación de los acuerdos presentes en el Tratado de Albufeira y anteponiendo el rendimiento económico a cualquier otra consideración social o ambiental. En su tramo extremeño, el Tajo está de hecho constituido por una cadena de cinco embalses (Valdecañas, Torrejón-Tajo, Cedillo y Alcántara) con unas reservas de más de 5.000 hectómetros cúbicos.
Tanto las polémicas actuaciones del año pasado por parte de Iberdrola como las presentes se han encontrado con una tibia respuesta por parte de la Administración autonómica que, exculpando por completo a la compañía, traslada la responsabilidad al Gobierno central. Si en mayo de 2022 el propio Fernández Vara únicamente alcanzó a decir que “veía mal” lo sucedido, en esta ocasión el Ejecutivo autonómico no ha ido mucho más lejos y, otra vez, señalando en dirección a Madrid.
Por boca de su portavoz, Juan Antonio Rodríguez, se subrayó la legalidad de las actuaciones de Iberdrola y su amparo por una normativa a modificar en el Congreso de los Diputados, afirmando literamente que «Extremadura no tiene competencias en esta materia, lo que podemos hacer es favorecer la eficiencia energética y de los regadíos».
Iberdrola, por su lado, y abundando en esa línea, afirmó ya en su momento actuar “dentro de sus límites concesionales” y con respeto a la legalidad incluida dentro del contrato de explotación que detenta sobre las presas.
Afortunadamente, el Tajo a su paso por Extremadura se ha visto compensado este año con las lluvias registradas a finales del otoño. Actualmente los embalses se hayan al 74% de su capacidad, dos puntos por encima de la media de la última década y 26 sobre el volumen acumulado en la misma semana de 2022 (que fue en esa ocasión del 49%).
En la cuenca del Guadiana la situación es por completo diferente, y guarda relación con lo señalado en la última sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, cuando se afirmó desde la Junta que «Extremadura no tiene competencias en esta materia, lo que podemos hacer es favorecer la eficiencia energética y de los regadíos». Es precisamente en este último punto donde su posicionamiento, aquí totalmente activo y por completo alineado con las tesis extractivistas, confronta con el de múltiples colectivos y expertos, que señalan directamente que la actual política de regadíos, por la que se pretende ampliar los de Tierra de Barros, Monterrubio de la Serena, Villanueva del Fresno, Arroyo del Campo, Ambroz o Zona Centro puede generar problemas irresolubles de abastecimiento.
El ejemplo más claro sería el de Tierra de Barros, donde se está trabajando en el proyecto de poner en riego 15.000 hectáreas de olivo y viña de secano, abundando en la tendencia de regar cultivos de secano o, complicando aún más la situación, poner en superintensivo cultivos que ya eran de regadío.
De hecho, en la provincia de Badajoz el principal problema en los usos del agua procede de esta práctica. A nivel regional, y atendiendo a datos del Informe Ambiental de Extremadura (2020), se aprecia que el 92% del consumo de agua en Extremadura resultó tener como destino el uso agrícola.
En las últimas décadas, de hecho, no ha dejado de incrementarse tanto la superficie dedicada a regadío como el consumo de agua para el mismo, pasando de 1.464,75 hectómetros cúbicos en 2015 a 1.777,96 de 2018. Atendiendo a otros parámetros, la superficie regada en Extremadura creció de 205.008 hectáreas en 2005 a 267.423 en 2016, 284.715 en 2020 y 290.586 en 2021.
Mientras tanto, se da por perdida la cosecha de cebada y trigo en el sur de Badajoz y existen problemas graves de abastecimiento en la mancomunidad de Tentudía, con 20.000 personas en situación de emergencia desde diciembre de 2021, y donde ya en la primavera de 2022 se tuvieron que poner en marcha restricciones en el consumo de agua que todavía permanecen vigentes.
Otros 30 municipios de las mancomunidades de Llerena y Los Molinos (83.000 habitantes) y 12 pueblos de Alange y tierra de Barros han entrado, también, en situación de emergencia.
Como muestra de lo paradójico de la situación, y a pesar de la gravedad de la misma, el entrecruzamiento de intereses políticos parece claro. Basta comprobar cómo los regantes de Orellana pueden regar este año el 60% de la superficie, eligiendo además el cultivo (arroz, maíz, tomate, etc., siendo todos ellos de muy elevado consumo hídrico).
Parece evidente que, con elecciones a la vista, nadie parece dispuesto a tomar unas medidas que, afirman diversos colectivos, necesariamente han de afectar profundamente a un modelo productivo para el campo extremeño basado en macroproyectos de agricultura industrial de dudoso rigor científico, alto riesgo ambiental y para el que nadie sabe señalar, a ciencia cierta, de dónde va a obtener el agua.
