Daniel Toledo
Portugal: marca España
El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”.
En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores.
El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa.
Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.
Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero.
Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.
En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta.
La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.
CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”.
Portugal: marca España
El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão, el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”.
En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores.
El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa.
Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.
Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero.
Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.
En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta.
La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.
CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un tipo de contrato sin licitación pública--. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”.
“Y segundo”, continúa Pinto Coelho, en la causa abierta por el Ministerio Público “cada línea que leemos pone al descubierto un crimen, y sólo está siendo juzgado el envío del pliego de condiciones del contrato a Jaime Gomes. Pero es que el resto también es constitutivo de delito, y me pregunto por qué no hay más procesos abiertos y acusados. Una de las razones es que forma parte del caso Vistos Gold --la trama corrupta que entregaba fraudulentamente visados a extracomunitarios para circular por Europa a grandes inversores-- y sólo el punto 4 se ocupa del caso de los Kamov. Esto no tiene sentido. En Derecho Administrativo un contrato es nulo si, en la base de ese contrato, se encuentran indicios de delito. Y aquí tenemos varios contratos. Todo esto tiene elementos de prueba, esto consta en la acusación”.
En 2014, la filial que trabaja para Avialsa en Portugal, Agro-Montiar, ganó un concurso con la ANPC de cesión de dos aviones anfibios, por un período de 5 meses, por valor de 1,79 millones de euros. Como muchos otros contratos con empresas de lucha contra incendios, la empresa fue escogida mediante el método llamado “de ajuste directo”. En condiciones normales, el ajuste directo sólo es ejercido por las administraciones públicas para contratos inferiores a 150.000 euros. Pero un organismo público puede, según el Código de Contratos Públicos portugués, hacer uso del ajuste directo si se dan “casos de urgencia imperiosa, cuando solo existe un único proveedor, o cuando un anterior concurso haya quedado desierto”.
Aquí el cártel del fuego se hace fuerte. El ajuste directo debe estar justificado jurídicamente, y es el cártel quien se encarga de justificarlo por medio de la colusión ilegal entre empresas. Cuando se detecta manipulación del mercado, al evitar la libre competencia, existen entes públicos reguladores encargados de luchar contra estas prácticas —como la CNMV en España—. Otras veces los hechos pasan al ámbito penal —como la que nos ocupa, por sospechas de pertenencia a organización criminal, cohecho, soborno, falsedad de documento público y mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación—. Y otras, demasiadas, pasan desapercibidas o se descubren cuando ya no hay nada que hacer.
La empresa portuguesa Heliportugal impugnó el contrato ganado por Agro-Montiar, y más tarde fue anulado por el Tribunal de Cuentas portugués por claras irregularidades a la hora de escoger el método de ajuste directo, pero la anulación llegó a posteriori de la entrada en vigencia del mismo. Es decir, y para sorpresa del Tribunal y de Heliportugal, cuando la ANPC, por orden y despacho directo del ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, envió al Tribunal el contrato para su fiscalización, los aviones ya habían realizado la mayor parte de las horas de vuelo. “Las consecuencias que esto puede tener para un Estado de derecho son muy importantes”, declara Pinto Coelho, “porque parece ser una señal de que la Justicia en Portugal nunca más se va a recuperar de estos dos grandes asuntos —Vistos Gold y caso de los Kamov—“.
El director de recursos de la ANPC entonces era el coronel José Teixeira, también dimitido y en proceso disciplinario y criminal por este asunto, aunque continúa como director de la Guardia Nacional Republicana —el equivalente a la Guardia Civil en Portugal—. Parece que nadie consigue apoltronarse en las butacas más altas de la ANPC.
A pesar de la sentencia del Tribunal de Cuentas y de la investigación en marcha, un año más tarde, en mayo de 2015, Agro-Montiar volvió a ganar un concurso de cesión de dos “aeronaves complementarias —aviones anfibios medios—”, para los cursos del 2015 al 2017 por valor de 4,9 millones de euros. El representante de Agro-Montiar y expiloto de Avialsa, Carlos Craveiro, y el presidente de la ANPC, Mayor General Francisco Grave Pereira, firmaron un contrato entre la Administración Interna y Agro-Montiar en el que a ésta se le permitía “subcontratar (…) a la empresa Avialsa T-35” lo que precisamente se le contrataba a Agro-Montiar. Es decir, una subcontrata dentro de una subcontrata sin razón aparente. Grave Pereira también está siendo investigado por su participación en el contrato con Everjets.
Según se deduce cruzando las causas abiertas en Portugal y España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma descarada en el mercado portugués. La manipulación ha sido tan espectacular que ya han caído dos exministros, varios dirigentes de la Autoridade Nacional de Protecção Civil, se ha sacrificado a la estatal Empresa de Meios Aéreos, dejado de pagar contratos pasados a empresas fuera del cártel, como Heliportugal, y se han visto implicados tanto gobiernos locales como el Gobierno central.
Los correos, contactos, invitaciones a cacerías, regalos y prebendas se cruzaron entre ambos países con el objetivo de crear una red amplia e infalible. El juzgado de Sagunto tiene constancia del correo enviado por Vicente Huerta a Carlos Craveiro, ya en febrero de 2010, en el que se refería a Portugal: “Ganar como sea el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal, además de contar con AT —el avión AT-802— de Martínez y otro de Faasa para el concurso. El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal, amigo Carlos, y vamos a atacar con todo el arsenal posible”.
Y así lo hicieron. Según el auto del juzgado de Sevilla, el 2 de marzo de 2010 Vicente Huerta “envió un correo a los integrantes de la ‘Asociación’, relativo al concurso en Portugal, en el que expuso que deberían presentar dos ofertas, una por parte de Avialsa T-35, y otra por parte de Aviación Agrícola de Levante, S.A., dirigida esta última a ganar el concurso, siendo la otra de cebo, al fijar como precio total 2.050.000 euros, y la segunda por importe de 1.999.999 euros, si bien, presentándose esta última el mismo día de cierre de presentación de ofertas”. Aviación Agrícola de Levante fue en realidad fundada en 2007 por el mismo Vicente Huerta y Francisco Alandí que dirigían Avialsa. De hecho, el Holding Empresarial Avialsa ejerció de socio y administrador único de Aviación Agrícola de Levante.
Ángel Martínez Ridao contestó dos días después dando su visto bueno a la oferta cebo y a la ganadora, así como Manuel González Gabaldon, de Faasa. Dicho y hecho, en la lista de contratos públicos del Gobierno portugués aparece registrado, el 4 de mayo de 2010, el contrato entre la estatal Empresa de Meios Aéreos, S.A., y Aviación Agrícola de Levante, por 2 millones de euros.
En total, los contratos conseguidos por las empresas españolas del cártel en Portugal suman alrededor de 53 millones de euros, sin contar con el contrato de 46 millones de Everjets, ni con los de la brasileña Helisul, que suman 47 millones y que en 2014 formó una Unión Temporal de Empresas con Inaer para conseguir su único contrato con Protección Civil. En julio de 2011, Cristóbal Castellanos —del departamento de I+D de Avialsa–, recibía otro correo de Miguel Angel Martínez —Ridao—: “Por último, siguiendo palabras textuales de Ángel, el acuerdo del contrato de Portugal es 50% para Avialsa y el 50% para Angel Martínez, no quisiera tener ningún problema al final de año en lo referente a Portugal. Ángel ha hecho punto por punto lo que Paco —Francisco Alandí— ha indicado”.
El hombre desde dentro
A estas alturas surge una pregunta de forma natural: ¿puede un cártel de empresas españolas influir en un mercado extranjero sin contar con apoyo sobre el terreno, esto es, con apoyo de otras empresas nacionales? ¿Quiénes fueron los contactos que ayudaron al cártel a infiltrarse en el mercado portugués?
El país vive inmerso en una vorágine de imágenes de incendios incontrolables, antiguos pueblos consumidos por las llamas, ancianos indefensos que pierden todo lo que tenían. Portugal parece hechizada por el shock de los fuegos. Mientras, el hiperactivo presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mueve más que un bombero entre incendio e incendio para proclamar que está, estamos, ante una “causa nacional”.
Quizá lo que Rebelo de Sousa y el país entero tiene enfrente es un caso de corrupción generalizada que consume decenas de miles de hectáreas de espacios naturales al año. Igual que ocurre en Andalucía, parte de las administraciones portuguesas han de estar contaminadas de una forma u otra. Desde el exministro Miguel Macedo, el ex secretario de Estado y exministro Luís Marques Mendes —socio de Macedo en la empresa JMF, utilizada como sociedad instrumental para pagos de sobornos, según el Ministerio Público—, el también imputado António Figueiredo, expresidente del Instituto dos Registos e Notariado, hasta probablemente funcionarios de las mesas de contratación, es obvia la colaboración estatal de una u otra forma.
Y para esto han necesitado de un hombre, u hombres, desde dentro. Ya en una de las actas de acuerdos de las reuniones celebradas por el cártel en el hotel El Cruce de Manzanares, puede leerse: “Se encarga a Jaime Arqué que inicie gestiones en Portugal en relación con los concursos de aeronaves de la que fija que licite ese país para 2009”. Si el Grupo 6 quería un agente fuerte en Portugal, no podían elegir mejor persona que Jaime Arqué. Director general desde 1993 de Helicsa, cuya fusión con Helicópteros del Sureste fundó Inaer en 2008, también director general de Cegisa y, cuando ésta fue absorbida a su vez por Inaer, posteriormente nombrado Director Bussiness Development para el sureste de Europa dentro del Grupo Inaer, Arqué tenía una larga y valiosa experiencia en trabajar a varias bandas. Además, es presidente de la propia AECA —la Asociación Española de Compañías Aéreas donde están agrupadas las 14 empresas investigadas en la Audiencia Nacional— y presidente también de la Asociación Europea de Helicópteros, desde la que acostumbra a hacer hincapié, en declaraciones y conferencias, en el mercado portugués —debido a su evidente falta de medios propios aéreos—.
Por supuesto las intenciones de manipular el mercado en Portugal se mantuvieron durante años hasta el día de hoy. En un correo de 2012 enviado por Arqué a Huerta y a Francisco Alandí, se explica: “Os quiero informar que la Alta Dirección del Grupo está de acuerdo en llevar adelante el proyecto de colaboración multinacional para ampliar las operaciones en Portugal, Francia e Italia. Todo ello con la adquisición de los aviones que sean necesarios”, y que “ambas partes —Avialsa e Inaer— declaremos nuestra intención de negociar los correspondientes contratos, que supongan, por un lado la adquisición de los aviones, y por otro la entrada de Inaer en los contratos de Operación Portugal y Francia en la medida que se acuerde para el año 2013”. La adquisición de aviones ad hoc no podía corresponder sino a una estrategia a largo plazo. En el mismo correo se indica su intención de influir en las instituciones estatales Vigili del Fuoco, italiana, y Sécurité Civile, francesa.
Otro de los nombres que suena con frecuencia es el de Carlos Craveiro, ex piloto de Avialsa, gerente de Agro-Montiar, y también investigado y cuya implicación queda bien clara en los correos mencionados más arriba. A pesar de que Craveiro aparece repetidas veces tanto en la causa abierta en la Audiencia Nacional como en la abierta por la Procuradoria portuguesa, continúa desempeñando funciones para empresas públicas y privadas. Sin ir más lejos, fue el designado como comandante y director de operaciones de las pruebas de un avión Air Tractor en Madeira, adonde se desplazó el 2 de mayo de 2017 para demostrar su idoneidad como instrumento de combate al fuego en el archipiélago. El Airt Tractor por supuesto pertenece a Avialsa, y un mes más tarde el Ministerio de Administração Interna confirmaba las buenas aptitudes del avión. Otro contrato para Avialsa, esta vez con el Gobierno Regional de Madeira.
El abogado defensor de Heliportugal, Pinto Coelho, aunque sin hacer acusaciones, también puso el punto de mira sobre otra persona: Filipe Lobo D’avila, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Luso-Española. Además de tener un perfil político de alto nivel —exdiputado, ex secretario de Estado de la Administração Interna, ex alto funcionario del Ministério da Justiça—, D’avila también es abogado, y fue el que defendió a Everjets cuando ésta interpuso una demanda precisamente al Ministerio de Administração Interna —MAI—. Lo particular del caso es que Everjets tramitó su demanda cuando D’avila era secretario de Estado en la MAI, y cuando D’avila salió del MAI, fue el abogado defensor contra el propio ente.
