Entre la tarde del 8 de marzo y la madrugada del 10, Venezuela fue víctima de un nuevo ataque de sabotaje, el mayor en su historia republicana, a la central hidroeléctrica del Guri, que dejó sin electricidad a por lo menos un 80% de la población, con el objetivo de socavar todo intento por parte del Gobierno venezolano de lograr la estabilización de la economía y frenar el cuadro insurreccional que Estados Unidos y sus delfines como Juan Guaidó intentan culminar exitosamente en el país.
1. La preparación del shock. Previo al sabotaje que estremeció al conjunto del Sistema Eléctrico Nacional, dejando sin luz a gran parte del país durante los últimos dos días, varios movimientos y pronunciamientos anunciaban que recurrirían a una acción de fuerza bruta.
El retorno falsamente épico de Guaidó duró menos de lo esperado en cartelera, ante la llegada del “presidente interino” no hubo deserciones críticas en la FANB que mezcladas con una revuelta social generalizada lo instalara en Miraflores para ejercer el poder. Ese round de recuperación (su gloriosa llegada a Maiquetía), tras la derrota del 23 de febrero, día en que dio por sentado el ingreso de la “ayuda humanitaria”, no surtió efecto más allá del frenesí temporal de los medios. En consecuencia, Guaidó volvió al incómodo punto de partida de hace dos meses. Desgastado por la derrota del 23 de febrero y sin acciones concretas de mando presidencial que lo catapulten a lo interno, la orquestación de las siguientes operaciones correría a totalidad por cuenta de Estados Unidos.
Un excitado como de costumbre Marco Rubio, anunciaba horas antes del apagón que los “Venezolanos vivirán la más severa escasez de alimentos y gasolina”, dejando ver que tenía conocimiento de que algún tipo de shock se suscitaría en las próximas horas. Por su parte, el gobierno ruso emitió un comunicado alertando que “Estados Unidos está elaborando un plan de respaldo que trata de introducir en Venezuela grupos armados ilegales entrenados con el fin de llevar a cabo sabotajes y actividades subversivas”. La guerra sucia en curso fue alertada por ambos bandos del conflicto geopolítico sobre Venezuela.
La profecía autocumplida de Rubio se hizo realidad en un apagón generalizado que tuvo un impacto ampliado en la red bancaria, de telecomunicaciones y de servicios públicos vitales del país (hospitales, provisión de agua, transporte, etc.), obstaculizando de forma prolongada su funcionamiento y paralizando las actividades rutinarias de la población. En resumen, un ataque encubierto al centro de gravitación del sistema eléctrico venezolano, planificado para agudizar el malestar social y económico, reflotar la narrativa de “crisis humanitaria” y “Estado fallido”, con la cual esperan reactivar el alicaído liderazgo de Guaidó.
Pero esta tendencia de apelar a las opciones antipolíticas y de guerra no convencional cuando los recursos políticos no dan resultados, no es nueva ni reciente (basta recordar los ataques eléctricos continuados cuando las revoluciones de color de 2014 y 2017 entraron en reflujo). A su modo Bloomberg lo insinuó en su último reportaje. El desgaste de Guaidó, su incapacidad para encabezar un proceso de transición más o menos serio, despeja el terreno para que los ataques como los del Guri, la violencia armada, irregular, la guerra de sabotaje al estilo Contra nicaragüense, se conviertan en alternativas “legítimas” y “urgentes” para confrontar al chavismo. De esas formas de guerra tiene amplio conocimiento el delegado de Trump hacia Venezuela, Elliott Abrams, el papá de la guerra mercenaria contra Nicaragua en los 80.
2. Embargo y sanciones: las armas de destrucción masiva. A las vulnerabilidades históricas de un sistema eléctrico dependiente de los ingresos de la renta petrolera, se ha sumado una feroz política de sanciones financieras que ha mermado la capacidad de inversión pública en ramas estratégicas del Estado. Se contabilizan en 30 mil millones de dólares el dinero venezolano embargado por Estados Unidos, que utilizando como herramienta el “gobierno paralelo” de Guaidó, ha dejado al país sin recursos líquidos con los que atender las dificultades que estimulan las sanciones. Mientras tanto, Guaidó usa el dinero embargado, según él, para cancelar opacamente algunos intereses de la deuda externa.
El sistema eléctrico nacional ha estado bajo ataque por una mezcla explosiva entre desinversión potenciada por el bloqueo financiero, pérdida de personal técnico especializado por la depreciación del salario y operaciones de sabotaje sistemático, las últimas puestas siempre en vigor cuando la ofensiva política la recupera el chavismo. Razón tenía Chris Floyd, autor del libro The Empire Burlesque en designar las sanciones financieras como un “holocausto”: el empleo de esta arma de destrucción masiva en países como Irak, Irán y Siria, da cuenta de que el daño a la infraestructura crítica es similar a una intensa campaña de bombardeos con misiles crucero.
En tal sentido, el apagón es una extensión del embargo contra Venezuela, de la política estadounidense de restringir importaciones, bloquear cuentas y obstaculizar el acceso a dinero líquido en el mercado financiero internacional y en su propio mercado petrolero, prohibiendo el pago de las exportaciones a Venezuela. El apagón también es una metáfora del estado de sitio en el cual se mantiene al país y cómo el bloqueo financiero, que obstaculiza el uso de dinero para recuperar un ya debilitado sistema eléctrico nacional que sostiene la actividad petrolera y económica del país, es el sustituto de las armas bélicas.
3. La modalidad del golpe cibernético y crimen de lesa humanidad. En un primer momento, y así lo haría saber Guaidó con su llamado a un “paro nacional” el pasado martes frente a algunos sindicatos de la administración pública, una acción de fuerza vendría a precipitar esa parálisis anunciada. La modalidad de fabricar una situación de colapso, como cuando la plataforma de pagos de Credicard, en 2016, anuló su sistema para interrumpir todas las actividades comerciales y económicas del país, esta vez fue ejecutada ampliando su radio de afectación.
Y es que la carga de estrés y descontento que se busca inducir en la población, a modo de combustible para estimular una situación de anarquía generalizada que de alguna manera pudiera ser canalizada en protestas violentas a favor de Guaidó, indica que la estrategia de caos (mediante sabotaje cibernético y artesanal focalizado hacia infraestructuras críticas que hacen funcionar al país) es utilizada como herramienta de shock masivo con el objetivo de desgastar a la población. La operación no es sólo de guerra eléctrica, pues sus consecuencias cubren todas las actividades rutinarias de la sociedad venezolana, a la cual se le obstaculiza el acceso a los alimentos, al servicio hospitalario y a las comunicaciones básicas. Los focos violentos que buscaron prender se extinguieron rápido ante un clima de agotamiento colectivo que esperaba la llegada de la electricidad.
Un crimen de lesa humanidad visto a la luz del Estatuto de Roma y de la legislación internacional, en tanto se busca la destrucción física de un grupo poblacional utilizando como armas de guerra los elementos básicos de su subsistencia.
Marco Rubio y Mike Pompeo reaccionaron de forma jocosa ante el apagón, imprimiéndole una carga de humillación y sadismo que refleja con exactitud las motivaciones y la estrategia de fondo del golpe contra Venezuela: a medida que el “plan Guaidó” falla en sus objetivos de alcanzar la fractura de la FANB que deponga a Maduro, la población civil (sin discriminación ideológica) asciende a víctima de primer orden de las continuas agresiones militares encubiertas que encabeza Estados Unidos.
Este golpe cibernético contra el sistema eléctrico nacional implica una agresión militar de facto, una extensión de la ocurrida en la frontera colombo-venezolana el 23 de febrero.
4. No es un fin en sí mismo: condiciones para la guerra irregular. Desde la llegada de Guaidó su proyección en medios se ha vuelto marginal. Esta premeditada reducción de su visibilidad, contrasta con el peso cada vez mayor que tiene en cuanto a la orientación del cambio de régimen el Comando Sur, John Bolton, Marco Rubio y Mike Pompeo. En tal sentido, los efectos nocivos del apagón encajan a la perfección con la narrativa de “crisis humanitaria”, bajo la cual el Comando Sur y la ultra derecha venezolana, desde 2016, movilizan la “urgencia” de activar un dispositivo de “intervención humanitaria” que neutralice la prohibición del Congreso estadounidense, del Consejo de Seguridad de la ONU y del consenso pragmático por la no intervención que se ha gestado en Latinoamérica.
Sin embargo, el apagón como tal no es un fin en sí mismo. En un nivel operativo, pareciera más bien, sobre todo por el blackout que generó la interrupción del sistema eléctrico, que se trata de una maniobra para agudizar las vulnerabilidades del país y medir la capacidad de respuesta militar de los sistemas defensivos de la República de cara a una acción militar irregular y mercenaria, que aprovecharía el contexto de bloqueo informativo para encubrir incursiones armadas, su mapa operacional y a los responsables directos en el terreno.
Por ende, a nivel del teatro de operaciones de la guerra contra Venezuela, el apagón se traduce en la generación de un panorama difuso y de confusión que favorecería la ejecución de operaciones de bandera falsa, incursiones paramilitares y otras acciones violentas que precipiten un estado de conmoción generalizado, que pueda ser presentado como el hecho desencadenante de una intervención militar preventiva, sea para “estabilizar al país por la crisis humanitaria” o para “salvar a los venezolanos de una situación de Estado fallido” en “crisis humanitaria”. En ese marco narrativo, Julio Borges, Antonio Ledezma, Juan Guaidó y el gabinete de la guerra contra Venezuela en Washington, se dan la mano y trabajan en conjunto amparados bajo la doctrina del caos controlado de factura estadounidense.
Con el apagón buscan darle concreción física a la “crisis humanitaria”, ya no sólo a nivel propagandístico, sino aprovechando las bajas humanas y complicaciones de distinto orden que ha generado la operación de sabotaje.
5. Características de la agresión. Esta vez no hubo un ataque a subestaciones o a líneas de transmisión eléctrica, como se había ensayado en distintas ocasiones con anterioridad, según manuales de sabotaje de la CIA contra la Nicaragua sandinista de los 80, ya desclasificados.
Cabe acotar que el software usado (llamado Scada) en el Sistema de Control Automatizado (SCA) que operativiza el funcionamiento de los motores es el creado por la empresa ABB, que desde hace años no trabaja en el país. Esta empresa ABB, que en Venezuela trabajó como Consorcio Trilateral ABB (ABB Venezuela, ABB Canadá, ABB Suiza), diseñó un proyecto de modernización del Guri a finales de la década pasada, durante el gobierno de Hugo Chávez, en el que describe a profundidad tanto el sistema atacado como la organización básica del Guri.
El analista geopolítico Vladimir Adrianza Salas, en entrevista con Telesur, relaciona el ataque con el consorcio. Explicó que el embalse del Guri “requiere un sistema de control que técnicamente se llama ‘sistema scada’, el cual no es otra cosa que un sistema de supervisión, control y requisición de datos que permite, desde la perspectiva informática, controlar todos los elementos de generación de energía. Si saboteas esto, saboteas el funcionamiento. Pero para sabotear esto necesitas dos cosas: o debes tener acceso desde afuera o debes tener complicidad interna para modificar los procesos”.
Precedentes de este tipo se encuentran en países atacados o presionados directamente por Estados Unidos, como Irak y el Líbano, donde los apagones han sido sistemáticos y de forma consecutiva, uno tras otro durante decenas de horas. Las “réplicas” en la interrupción del suministro de energía responderían a estas secuencias de ofensivas que ya han sido experimentadas en otros contextos de guerra asimétrica e irregular.
La creación de ejércitos de hackers y de materiales de ciberguerra por parte de la CIA y la NSA ha sido documentado por esta tribuna: reseñamos un documental en el que explicaba el origen del virus Stuxnet, por el que se debe señalar los pasillos de estas agencias de inteligencia estadounidenses. Aquel instrumento de ciberataque tuvo como objetivo tanto el sabotaje en las instalaciones de investigación nuclear en Irán como el fin de instalar un cuadro circunstancial que pudiera concluir en un ataque a la red nacional automatizada iraní de electricidad (sistema análogo al del Guri), en caso de guerra declarada entre Washington y la República Islámica.
El presidente Nicolás Maduro, en horas de la tarde noche del 9 de marzo, aseguró que este el más grande ataque contra Venezuela en los últimos 200 años republicanos, luego de que se extendiera, de manera intermitente, el ataque al sistema eléctrico nacional a las 60 horas.
6. Frenar las tendencias de recuperación. El apagón ocurre en medio de tendencias en la recuperación a distinta escalas, a nivel económico, una baja de los precios en alimentos sensibles ha reducido la crispación de principios de año, mientras que a nivel financiero la reestructuración del mercado cambiario ha logrado contener una de las variables de la inflación inducida: el aumento del precio de las divisas en el mercado negro. Estas tendencias han favorecido a la estabilidad política del país, en medio de agresiones no convencionales y amenazas de intervención militar, quitándole a Guaidó no sólo poder de convocatoria, sino capacidad de maniobra para capitalizar el malestar generalizado provocado por las sanciones.
Así, el apagón busca frenar estas tendencias de recuperación social, política y económica, agravando mediante un boicot generalizado los medios de pago, el acceso a los alimentos y a los hospitales y el desenvolvimiento normal de la sociedad venezolana. De igual forma, la agresividad del ataque tiene como objetivo debilitar la producción petrolera e industrial del país.
7. La conciencia del país (recordar 2002-2003) y el pulseo de la intervención. Así como en 2002, la población venezolana ha vivido una prueba de fuego generalizada. Una operación de sabotaje dirigida a precipitar un caos generalizado, que ponga en riesgo la salud y la alimentación de la gente, la actividad económica del país, sus telecomunicaciones y nuestras rutinas más básicas, nos retrotrae al paisaje del sabotaje petrolero de los años 2002-2003, donde la oposición de ese momento, los mismos que gestionan una intervención junto a Estados Unidos y Colombia, ejecutaron un estado de sitio paralizando la industria petrolera.
La reacción de la población, atacada psicológicamente durante los últimos años con el fin de estimularla a una guerra civil que posibilite una intervención, ha sido adversa al cálculo del sabotaje. Se ha impuesto la calma, el empleo de reverberos en los edificios y barrios para cocinar, la movilización de los recursos físicos del país para atender las emergencias más apremiantes; pero sobre todo la vocación generalizada del país de no caer en una provocación que busca desembocar en una confrontación civil y armada. La violencia fue derrotada como en 2002-2003, ese paisaje que marca nuestra historia contemporánea hoy ofrece la lección de que tras una prueba de fuego superada, donde la brutalidad del golpe es de impacto masivo, la cohesión del pueblo se reafirma.
Al cierre de esta publicación, Juan Guaidó intenta canalizar el impacto del apagón para “declarar una emergencia extraordinaria” en la Asamblea Nacional, porque según él “llegó el momento de dar el paso”, coqueteando con la idea de usar la Constitución para legitimar una intervención. Justamente en esa orientación a modo de cierre del ciclo del sabotaje, puede verse que el fin del apagón intenta fabricar las condiciones de anarquía, caos y ausencia de servicios vitales, para presionar por una “intervención humanitaria” en suelo venezolano, con el beneplácito de la Asamblea Nacional y la “coalición de países” latinoamericanos, prestos a una acción de fuerza, que está armando John Bolton.
Esa presión, sin embargo, es específica y escalonada. Ante la llegada de la misión técnica de la Alta Comisionada de DDHH, el apagón buscará ser canalizado hacia un engorde del expediente de la “crisis humanitaria” en Venezuela, que bien agenciado y promovido en los medios, pueda resultar en un cambio de posturas a nivel de la región, de la misma ONU, del Congreso estadounidense, sobre la “urgencia” de una acción de “socorro humanitario” solicitada por el “gobierno paralelo”.
Una maniobra que baja el telón para Guaidó, quien preso de un plan mal concebido y dependiente de la cadena de mando del gabinete de la guerra contra Venezuela en Washington, debe ser sacrificado en función de abrirle a la guerra. Imagen lo suficientemente convincente del sacrificio, es que un política use una palanca del poder del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para legitimar una intervención militar extranjera. Un suicidio acompañado por sectores de la ultra caraqueña, hijos directos de los primeros colonizadores españoles, que claman por que se active la Responsabilidad de Proteger (R2P) que destruyó Libia, Kosovo, Irak, y otras regiones que Estados Unidos ha saqueado para mantener su estatus de potencia.
Pero el apagón debe ser otra lección, y debe obligarnos a mirar en los códigos sociales y hábitos colectivos y de solidaridad que emergieron en 2002-2003, nuestras armas como comunidad histórica y espiritual a disposición para mantener el hilo de vida de la historia patria.
Fuente: Misión Verdad
