Richard Moya
Investig'Action, 21/09/2015
Con la entrada en vigor de la «Ley Mordaza» en España desde el 1 de julio, el pueblo español se encuentra entre la espada y la pared. Con la puesta en marcha de esa ley que ataca la libertad de expresión, el gobierno diseñó un instrumento jurídico que descaradamente favorecerá a los dirigentes y corruptos del estado español y que desfavorecerá a los más desprotegidos.
Mientras tanto, el pueblo está esperando que en el Parlamento se aprueben leyes que protejan a quienes cada día pierden sus casas, a los estafados por los bancos, a quienes perdieron sus empleos y han agotado sus prestaciones, que defiendan a los pobres y a los desamparados que no tienen voz.
Pero en estos tiempos de corrupción es cuando más leyes se aprobaron a favor de los poderosos, ricos y corruptos que dirigen esa nación. También puede apreciarse el descaro en las instituciones jurídicas españolas, cuando un fiscal anticorrupción pide la exculpación de la Infanta (hija de la Reina), porque —según su defensa— ella no sabía lo que estaba firmando. Pero esa mujer tiene estudios de tercer nivel y hasta maestría.
En España se está creando un estado policial, convirtiéndose en un instrumento represor que viola el derecho a la protesta y al de la libertad de expresión, con un conjunto de leyes que violan el código civil español en varios de sus artículos, poniendo de relieve el retraso de este país en el tema de los Derechos Humanos. Pero muchos de sus dirigentes se hacen los despistados, y no quieren ver lo que le pasa al pueblo ibérico para así poder cuestionar lo que sucede en otros países del continente europeo y en el resto del mundo.
Contrariamente a lo que pasa en España, en la República Bolivariana de Venezuela el pueblo venezolano disfruta de todos los beneficios y Derechos Humanos que dejó el Presidente Hugo Chávez en sus proyectos de inclusión social. El cambio comenzó con la Constitución de 1999, en la que la participación y el protagonismo del pueblo les permitiría dirigir su destino.
En lo que respecta al marco jurídico venezolano, contrariamente a las leyes que se aprueban en el Parlamento español, ha permitido que los más desfavorecidos en Venezuela estén disfrutando de muchos beneficios tales como: el derecho a la vivienda, a la salud gratuita incluyendo medicinas de altos costos, derecho a la educación gratuita hasta en los niveles universitarios, acceso a las tecnologías y muchos otros proyectos de inclusión social y reconocimiento a los pueblos originarios, el beneficio de recibir pensión de vejez y créditos bancarios con bajas tasas de interés.
Venezuela cuenta con muchas Misiones en todo el país, que son un precioso baluarte, y que cubren diferentes tipos de necesidades. Entre ellas encontramos 34 instituciones con capacidades en todos los ámbitos.
Sin embargo los medios de comunicación en el extranjero no divulgan el beneficio que las Misiones proporcionan a los venezolanos.
Una de las numerosas empresas de comunicación que se destaca por su intensiva guerra mediática contra Venezuela es el ABC de España. Su jefe de operaciones, Jaime González, en una oportunidad señaló en una de sus portadas que «El chavismo utiliza a España como centro de distribución de drogas en Europa» La portada fue acompañada de una foto que pretendía apoyar esa gran mentira contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
En el titular y los comentarios de esa publicación del diario ABC podemos analizar la estrategia basada en deslegitimar y descalificar al presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. En esta oportunidad se apreció la estrategia de la «calificación/descalificación», que consiste en el uso de recursos retóricos que permiten elevar o rebajar la condición de alguna persona o grupo de acuerdo con su posición respecto al gobierno. Los grupos y las personas que apoyen al gobierno serán constantemente presentados como violentos, agresivos, intolerantes, y corruptos. Y los grupos de oposición a esa administración son presentados como víctimas de la violencia, civilizados y pacifistas. Otra de las estrategias que acompañó a esta publicación del diario ABC fue la «Disolución de las fuentes».
Con la misma estrategia, los diarios El Nacional y El Universal (denunciados ante tribunales por el Presidente de la Asamblea Diosdado Cabello) pretendieron hacer lo mismo que hizo años atrás el periódico El Universo de Ecuador contra el Presidente Rafael Correa.
El ABC es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, la ONG que se dedica a socavar los gobiernos en Latinoamérica que no se someten a sus ideologías políticas. El ABC, fundado en 1903 es un diario «de línea conservadora, monárquica y católica» que, según el historiador francés, Jean Michel Desvois, en la primera mitad del siglo pasado «era el diario de la oligarquía, es decir, de la aristocracia, de la gran burguesía, de la Iglesia y, seguramente, de buena parte de la pequeña burguesía reaccionaria de provincias que se sentía solidaria de la clase dominante y que no está al servicio de los desprotegidos sino de burgueses».
¡El ABC mantiene una posición a la derecha de Franco! Pero siempre apoyando la represión en España y al imperialismo en todos los conflictos internacionales. En una oportunidad el director de opinión de este diario se dirigió al Presidente Maduro y manifestó «usted no nos va a dar lecciones de ningún tipo, el ABC defiende mucho más libertad de lo que la defiende usted». Este actor político, que no presta ningún servicio a su nación, también manifestó: «Nos hemos enfrentado a muchas personas más poderosas que usted (Maduro), la libertad y la democracia siempre es más fuerte que el tirano».
En otra declaración, González expresó «palabras de solidaridad ante los duros momentos que vive el pueblo venezolano, no los abandonamos, estamos luchando por la libertad». Definitivamente, el cinismo y el descaro de este individuo que pretende ser un «profesional de la comunicación» es un desvío de la profesión del comunicador social.
Curiosamente, el diario en el cual trabaja no publicara notas de prensa ni artículos contra la «ley Mordaza» de su país.
