mpr21, 17/04/2022
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha creado la Oficina de Política Cibernética y Digital, una unidad dedicada a vigilar y controlar los flujos de información que circulan por las vías digitales.
La Oficina se ocupará de asuntos relacionados con la seguridad nacional, las oportunidades económicas y el impacto del ciberespacio, las tecnologías digitales y las políticas sobre los valores de Estados Unidos.
El lugar de esta unidad en el organigrama del Departamento de Estado no se ha especificado definitivamente. Se habló de poner esta oficina directamente bajo la autoridad de la Subsecretaria de Estado Wendy Sherman en lugar del Departamento de Seguridad Nacional debido a la naturaleza amplia y horizontal de la Oficina. Pero la elección no parece ser unánime dentro del Departamento de Estado, aunque cuenta con el apoyo de los miembros del Congreso y de los grupos de presión que representan intereses privados.
La Oficina del Ciberespacio consta de tres depertamentos. El primero es la Política Internacional de la Información y las Comunicaciones, bajo la dirección de Steven Anderson, que dirigió la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales, centrándose en la dirección de internet y las negociaciones sobre la intimidad digital.
El segundo es la Ciberseguridad Internacional, dirigido por Michelle Markof, veterana de las negociaciones sobre ciberseguridad en la ONU.
El tercero es Libertad digital, dirigida por el coordinador Blake Peterson, especialista en derechos humanos y dirección digital.
La Oficina estará dirigida por un diplomático con rango de embajador aprobado por el Senado. Hasta que se produzca el nombramiento, actualmente está dirigida por Jennifer Bacchus, diplomática de carrera que fue ministra consejera en la embajada de Estados Unidos en Praga.
El despliegue demuestra la voluntad de Washington de recuperar el control del ciberespacio reforzando el dominio que ya ostanta Estados Unidos sobre internet, pero ampliando la guerra de la información a los ámbitos jurídicos relacionados con la protección y la confidencialidad de los datos digitales, un verdadero campo de batalla en el que la lucha es encarnizada por tratarse de un asunto de seguridad de primer orden.
La iniciativa confirma los esfuerzos de Washington en materia de guerra de la información e influencia en el ciberespacio, un campo sacudido tanto por la aparición de sistemas de información de actores públicos como por individuos impermeables a los discursos oficiales o a la propaganda orientada de los medios de comunicación bajo el control de grupos de interés privados que influyen en los procesos de elaboración y concepción de las políticas públicas.
La desafección masiva y el aumento del discurso disidente en las redes preocupan en Estados Unidos, que intenta controlar cualquier discurso alternativo incorporando a los grandes monopolios digitales (Google, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter) en lo que se considera un esfuerzo de guerra para silenciar cualquier narrativa que no sea la impuesta o dictada por los imperialistas y sus altavoces del estilo Maldita, Newtral y demás censores.
El cierre de cuentas de medios de comunicación de países considerados rivales u hostiles por Washington es sólo el comienzo de una larga campaña que incluirá tanto a particulares de todo el mundo como a la opinión interna de Estados Unidos con el objetivo de imponer una única narrativa, sin posibilidad de fisuras ni críticas.
