Radio Ángulo, 12/05/2015
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue suspendida y será sometida a un juicio político por el Senado, una medida tajante que corta 13 años de gobiernos de izquierda en el mayor país de América Latina y plantea incógnitas sobre su futuro inmediato. Por 55 votos a 22, los senadores separaron a Rousseff del poder a las 06:34 de la mañana (hora local) de este jueves. El mandato de Rousseff termina el 31 de diciembre de 2018.
No guardaron ni las formas. Hubo tanta urgencia ayer en el Senado por votar el impeachment que pondrá fin al gobierno de Dilma Rousseff que el presidente de esa Cámara, Renán Calheiros, prohibió el debate entre oficialistas y opositores. "Sinceramente es raro que no se puedan confrontar opiniones sobre algo tan trascendente, estamos hablando de un enjuiciamiento golpista contra una presidenta legítima. Cómo no debatir eso" reclamó el senador Humberto Costa, jefe del bloque oficialista, al hablar con periodistas.
"El verdadero juez de este impeachment será la historia y estoy segura de que el veredicto no será favorable a esta Cámara" complementó la senadora Angela Portela, del PT. Al cierre de esta edición, 55 senadores habían anticipado su voto por el impeachment contra 22 que anunciaron su respaldo a la continuidad de Rousseff por lo que se avecinaba una segura derrota del gobierno –se necesitaba la mitad más uno de los 79-. Y tras cartón la licencia obligatoria de la presidenta por hasta seis meses mientras se realiza el juicio.
Ayer Dilma permaneció en la residencia oficial ajustando los detalles del discurso que posiblemente pronunciará hoy cuando se prevé que miles de activistas la aguardarán a su salida del Palacio del Planalto. Al que horas después arribará Temer con su gabinete interino.
La sesión comenzó con una hora de atraso con una intervención del titular del Senado, Renán Calheiros, que impostó un discurso republicano en el que distinguió la democracia brasileña de las que existen en Honduras y Paraguay. Quizo dar a entender que la destitución de Dilma no puede compararse con las de los presidentes Manuel Zelaya en 2009 y Fernando Lugo en 2012. Sin embargo, las anomalías de ayer no hicieron más que convalidar esas comparaciones, especialmente con el caso paraguayo donde Lugo no tuvo derecho a defensa.
Con el formato impuesto a la sesión del Senado volvió a quedar vacante la explicación fundamentada de cuáles son los delitos en que incurrió Dilma para que merezca una pena tan grave como la separación del cargo y el juicio político a cargo de un cuerpo legislativo donde el 58 por ciento de sus miembros está procesados, investigados o denunciados ante la Justicia.
En esa lista está el propio Calheiros, quien en los próximos días podría convertirse en reo ante la Corte Suprema, conforme lo anticipó ayer uno de sus jueces.
"Están queriendo hacer todo con mucho apuro, quieren hacer con Dilma lo que hicieron con Getulio Vargas en 1954 (se suicidó) y con Joao Goulart en 1964 (derrocado por militares)", comparó el senador Jorge Vianna del PT.
Su compañera de bancada, la senadora Fátima Bezerra, destacó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó esta semana sus críticas a la destitución sin que haya delito probado sumándose a los cuestionamientos de Unasur y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "que basada en harta jurisprudencia sostuvo que el impeachment está repleto de nulidades, y que es un proceso que espantó a juristas internacionales frente a la parcialidad del juzgamiento".
A contramano de Unasur, OEA y la CIDH el gobierno estadounidense convalidó ayer la destitución de Dilma por la vía parlamentaria y la legitimidad de su sucesor Michel Temer. "Nosotros continuamos confiando en las instituciones de Brasil... que tiene una democracia madura" declaró el portavoz de la Casa Blanca Joash en Washington mientras en Brasilia sesionaba el Senado.
El mes pasado, un emisario de Michel Temer fue recibido en el Departamento de Estado, lo cual fue criticado por legisladores del PT que vieron en ese gesto una señal de apoyo al impeachment y al fin de la política externa implementada por Dilma que dio continuidad a las premisas fijadas desde 2003 por Lula cuando se priorizó la integración regional antes que el alineamiento con Washington característico de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
A ese partido pertenece José Serra, el inminente canciller del nuevo gabinete. Las credenciales diplomáticas de Serra justifican la confianza norteamericana en el gobierno que viene: es un enemigo del Mercosur por ser un "lastre" para la inserción internacional de Brasilia y partidario una relación próxima con Washington.
Represión que empieza
Unos cinco mil militantes por la democracia, en su mayoría mujeres, fueron reprimidos por la Policía Militarizada cuando se concentraron frente al Congreso donde aclamaron a la "guerrera" Dilma y denostaron a los "golpistas" Michel Temer, Eduardo Cunha y Renán Calheiros, en ese orden de indignación. La marcha tuvo su pico en la noche de ayer junto al "Muro de Berlín" montado en el centro brasiliense, frente al Parlamento, para evitar choques con la movilización pro impeachment, que reunió poca gente.
Sorprendió la rudeza de la represión policial contra una columna en la que gran parte de las participantes eran activistas que venían de participar en la Cuarta Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres.
Tal vez los machetazos, balas de goma y gases lacrimógenos lanzados casi de forma exhibicionista hayan sido un aviso de los tiempos que avecinan bajo el gobierno entrante.
Los movimientos sociales realizaron el martes en al menos 10 estados la primera de las "marchas de la resistencia" al gobierno "golpista" que se repetirán periódicamente hasta el restablecimiento de la normalidad democrática.
Columnistas importantes de la cadena Globo y voceros empresariales propusieron que la nueva administración reprima las protestas. La nueva ley de seguridad pública dota de más atribuciones represivas a la policía, dado que permite encuadrar como "terroristas" a los movimientos sociales, en línea con la perspectiva de Alexandre de Moraes,el probable ministro de Justicia de Michel Temer.
Los manifestantes contra el golpe "actúan como una guerrilla, hay que identificarlos y tratarlos como delincuentes", declaró esta semana el probable titular de Justicia.
(Con información de Darío Pignotti/ Página/12 )