Gissel Molina
Librered, 12/02/2015
Regresar al pasado del neoliberalismo, con la aplicación, al pie de la letra, de las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), era la propuesta del plan golpista, desarticulado por los órganos de inteligencia del Gobierno nacional y por las denuncias de militares patriotas.
La agenda, firmada públicamente por figuras de la ultraderecha e integrantes del plan golpista: María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, contempla entre sus acciones colocar a Venezuela a merced del FMI y BM.
Los golpistas planeaban, entre muchos eufemismos, “insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales (FMI y BM), y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superas las ‘dificultades’ a corto plazo”, que se traduce en reprivatización de las empresas estratégicas del país (agua, luz , electricidad, educación, las empresas básicas de Guayana, Pdvsa), además de congelación de salarios, liberación de tasas de interés y aumento en los precios de servicios públicos.
Estas recetas del FMI y del Banco Mundial ya fueron aplicadas por gobiernos puntofijistas de la IV República y produjeron como resultado más de 60% de pobreza en la población (de las cuales más de la mitad se hallaba en pobreza absoluta), y la reducción del “gasto social” (como ellos lo llaman).
Entre las ofertas del trío además contempla volver al tutelaje extranjero que existía en materia energética, dejando a un lado la soberanía petrolera de Venezuela, basada en refundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y el impulso de una estrategia de bandas de producción, que han contribuido al desarrollo de misiones y programas para una justa distribución de la riqueza nacional y una mayor inclusión social de la población.
En ese sentido, los golpistas hablan en el documento de “revisar los marcos legales” y lo que consideran como “los acuerdos lesivos” de Petróleos de Venezuela. S.A. que mantiene con países del mundo.
Otro de sus objetivos, según el plan, es “reestablecer” la vieja “autonomía” del Banco Central de Venezuela, que funcionaba en el pasado de la IV República en la que eran designados banqueros y empresarios para proteger los intereses de las élites financieras del país. También sueñan con “desmontar” el control cambiario, que protege al país de la fuga de capitales y de su uso como arma de desestabilización por parte de la burguesía.
Además, plantean liberar a los que llaman “presos políticos” que son ciudadanos comunes que perpetraron delitos comunes, como es el caso de los responsables del plan criminal de “La Salida”, que dejó 43 venezolanos asesinados y más de 800 lesionados, o los efectivos policiales involucrados en el golpe de Estado de 2002.
Asimismo, hablan de “reponer” la libertad de expresión, según mencionan en un documento difundido sin límites por las redes sociales y publicados sin restricciones por la mayoría de los medios comerciales que existen el país.
Los firmantes del plan además reinciden en manipular con la solicitud de realizar elecciones “transparentes” en el país. Lo solicita Ledezma, que fue electo como alcalde metropolitano de Caracas por el actual sistema electoral venezolano; Machado elegida diputada en elecciones libres y directas y Leopoldo López, ex alcalde elegido en comisiones organizados por la misma plataforma electoral nacional que permanentemente cuestionan.