Contrainjerencia, 20/03/2013
La co-directora de Bishop Accountability,
Anne Doyle, dijo a la AP que estos casos
demuestran que Bergoglio se demoró en tomar
acciones en la lucha global de la Iglesia católica
por enfrentar los abusos sexuales de sus sacerdotes.
BUENOS AIRES – Una organización católica estadounidense afirmó que el papa Francisco se demoró en tomar medidas contra dos sacerdotes argentinos que fueron acusados y condenados de abuso sexual; le pidió que se disculpe por la supuesta protección que la Iglesia católica argentina le habría ofrecido a los clérigos y le solicitó que haga público los expedientes de ambos casos.
El abogado de algunas de las víctimas dijo que el hoy papa Jorge Mario Bergoglio no se había reunido con las personas que sufrieron abusos ni las había ayudado y denunció que funcionarios de nivel medio de la Iglesia Católica, que trataron de encubrir uno de los casos, siguen en sus puestos de trabajo.
The Associated Press intentó comunicarse sin éxito con Federico Walls, portavoz del Arzobispado de Buenos Aires para conocer su opinión sobre las acusaciones de la organización, que salieron a la luz pública ayer martes en momentos en que el papa Francisco era entronizado como tal en una ceremonia litúrgica en el Vaticano que le dio la vuelta al mundo.
La exigencia de la organización Bishop Accountability (Rendición de Cuentas de Obispos), que rastrea casos de menores víctimas de abusos, se refiere a los sacerdotes Julio César Grassi y Napoleón Sasso, a quienes la justicia argentina condenó por pederastia.
Grassi encabezó la Fundación “Felices los Niños”, que tiene a cargo hogares para menores y fue condenado a 15 años de cárcel en primera instancia en junio de 2009 por la justicia argentina, por el abuso sexual de un menor. El sacerdote permanece en libertad hasta tanto la apelación no sea resuelta por la Cámara de Casación argentina.
El recurso jurídico fue presentado ante el tribunal en su nombre por la Iglesia católica argentina, entonces encabezada por Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires.
El hoy Papa también supervisaba la conferencia obispos de Argentina cuando Napoleón Sasso fue designado a un comedor popular instalado en una capilla y cuando más tarde se convirtió en un fugitivo, que se escondió durante un año dentro de una propiedad de la Iglesia en la misma diócesis, dijo Ernesto Moreau, abogado de parte de las víctimas.
Dicha designación ocurrió después de que Sasso recibió sicoterapia en un sitio para sacerdotes descarriados, al que se le envió tras de ser acusado de cometer abusos sexuales en una remota provincia argentina.
Tras su paso por ese comedor, Sasso fue condenado en noviembre de 2007 a 17 años de cárcel por haber abusado de un grupo de 25 niñas de entre 3 y 16 años que iban al centro en la localidad bonaerense de Pilar, entre 2002 y 2003.
Desde noviembre de 2012, este sacerdote goza del beneficio de salir una vez al mes de la prisión.
La co-directora de Bishop Accountability, Anne Doyle, dijo a la AP que estos casos demuestran que Bergoglio se demoró en tomar acciones en la lucha global de la Iglesia católica por enfrentar los abusos sexuales de sus sacerdotes, un escándalo que estalló en 2002, cuando miles de casos se hicieron públicos en Estados Unidos y el mundo.
“El hecho es que lo hizo hace cinco años, cuando otros obispos de otros países ya se habían reunido con las víctimas y habían aplicado estrictas leyes que los obligan a presentar informes”, dijo Doyle. “Esto lo pone detrás de algunos de sus colegas estadounidenses, eso es seguro”.
“Las víctimas de estos dos sacerdotes son los mismos hijos de Dios sobre quien estaba hablando en su homilía de hoy (ayer), agregó Doyle. “Ellos son los más vulnerables entre los pobres. Esperamos que Francisco haga de esto una prioridad, que se comunique con las víctimas y rectifique su terrible indiferencia para con ellos cuando era arzobispo”.
El grupo dijo que para enviar un mensaje de “cero tolerancia” frente a estos casos de abuso sexual, el papa Francisco debe pedirle a la arquidiócesis de Buenos Aires que: 1) haga públicos los expedientes de estos dos casos; 2) que identifique a otros sacerdotes sobre los que pendan acusaciones que sean creíbles; 3) que apoye públicamente la obligación de denunciar ante las autoridades cualquier sospecha de abuso; 4) que admita que se equivocó al defender a los sacerdotes condenados; 5) que ofrezca disculpas a las víctimas de Grassi y Sasso y 6) que programe una reunión inmediata con las víctimas.
Bergoglio, quien se convirtió en cardenal de Argentina en 2001, no ha estado involucrado directamente en escándalos de abusos sexuales o encubrimientos, pero no logró destituir a los sacerdotes acusados y se negó a reunirse con las víctimas, dijo Moreau a la AP.
“Bergoglio es el hombre más fuerte de la iglesia argentina desde el principio del siglo”, dijo Moreau. “Nunca la cúpula de la Iglesia hizo algo para sacar las personas de estos lugares, tampoco hizo nada para aliviar el dolor de las víctimas”.
Según Moreau y la organización Bishop Accountability, Bergoglio se reunía con Grassi y quiso evitar que ese sacerdote fuera encarcelado después de que se le condenó a prisión. En una entrevista periodística antes de que su proceso judicial se fallara en primera instancia, Grassi dijo que el arzobispo de Buenos Aires “jamás” le “soltó la mano”.
Pero el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que actuó como querellante en el juicio contra Grassi, dijo en una declaración enviada a AP que nunca se le solicitó a Bergoglio una audiencia para que recibiera a las víctimas de abuso del religioso.
El Comité, que asumió la representación de los menores, incluso destacó que el ahora Papa intervino personalmente para reubicar a los niños del comedor infantil que dependía de la fundación liderada Grassi y que fue cerrado por falta de dinero.
Esta organización, no obstante, espera que en su nuevo rol de papa, Bergoglio tome medidas concretas contra los sacerdotes pedófilos.
En Argentina, las críticas contra el ahora papa han estado siempre dirigidas a su supuesta complicidad con la última dictadura militar (1976-1983) y no contra el presunto encubrimiento de casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica en el país.
Cuando se dio a conocer la condena contra Grassi, la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el entonces cardenal Bergoglio, no emitió su opinión al respecto.
La Iglesia puso en conocimiento de la justicia los resultados de una investigación interna por el caso de Grassi en 2009, que reiteraba las denuncias sobre las irregularidades ocurridas en el Hogar San José Obrero de Buenos Aires.
Esa indagación propició la investigación judicial que luego dispuso el desalojo de los menores al cuidado de la fundación “Felices Los Niños”, a cargo de Grassi.
En ese entonces, el arzobispado de Buenos Aires, liderado por Bergoglio, dijo que los encargados de la indagación interna “obraron correctamente”. Entre ellos estaban monseñor Horacio Benites Astoul.
En el Vaticano, el papa Francisco será el responsable del trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el año pasado le pidió a las conferencias episcopales de la iglesia en todo el mundo que elaboraran directrices completas para evitar y manejar los casos de abuso sexual. Los obispos tienen un año de plazo para elaborar dichas directrices que incluyen un mejor proceso de selección de los sacerdotes, destituir a los posibles abusadores, educar a la población laica sobre el problema y reportar sospechas de abuso sexual a las autoridades civiles en los países en los que exista el deber de denunciar la comisión de crímenes.
El biógrafo autorizado del papa, Sergio Rubin, dijo a la AP antes de que Bergoglio fuera elegido papa, que él había asumido una línea cada vez más dura sobre los abusos sexuales por parte del clero. Bergoglio insistió en que los sacerdotes acusados fueran sometidos a juicio, e impuso un minucioso proceso de selección en un intento de eliminar a los problemas a futuro, dijo Rubin.
En el libro “Sobre el Cielo y la Tierra”, editado en 2012, en el que Bergoglio y el rabino Abraham Skorka entablan un diálogo religioso, el entonces cardenal dijo que la iglesia no debe ignorar el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes.
“Cuando eso sucede, no se debe pasar por alto”, dijo. “No se puede estar en una posición de poder y destruir la vida de otra persona”. También dijo que los clérigos culpables de esos delitos deberían ser despojados de su derecho a desempeñar funciones sacerdotales.
Las acusaciones contra Sasso habían quedado al descubierto en 1994 cuando comenzó el tratamiento psicoterapéutico mientras estaba en la provincia de San Juan, en el oeste argentino. El religioso fue trasladado a Buenos Aires y tres años después le fue encomendada la dirección de un comedor para pobres, según trascendió en el juicio de 2007 que lo condenó.
El comedor estaba en una capilla, dónde Sasso tenía un dormitorio y un baño que contaba con dos puertas y que compartía con la comunidad.
“El baño tenía dos puertas”, dijo el abogado Moreau. Las niñas “”ban a baño por una puerta externa y el sacerdote las hacía pasar a su dormitorio, donde abusó sexualmente de ellas. Era gente muy humilde que iba a comer mientras sus padres trabajaban. Se encontró un enorme material pedófilo en su computador, semen, condones y un enorme desorden en su habitación”.
Un sacerdote médico y una monja se dieron cuenta de los abusos y acudieron a autoridades de la iglesia que les dijeron que tuvieran “paciencia”, según Moreau.
Pero con el tiempo, ambos llevaron los casos a autoridades superiores y la indagación penal se inició. Los funcionarios de nivel medio que encubrieron los crímenes de Sasso siguen en sus puestos, mientras que el sacerdote y la monja se vieron obligados a trabajar en otros lugares, dijo el abogado.
Tiempo después, Sasso se convirtió en un prófugo y se escondió durante un año en propiedades de la misma diócesis donde ocurrieron los casos de abuso, dijo Moreau.
En Estados Unidos, los archivos confidenciales de cientos de sacerdotes pedófilos se han hecho públicos en procesos civiles, conciliaciones o por órdenes judiciales. Los archivos pusieron de manifiesto cómo altos funcionarios de la Iglesia católica trabajaron tras bambalinas para controlar el escándalo y evitar que las autoridades y los feligreses se enteraran de lo sucedido.
En Latinoamérica, esos archivos confidenciales no se han hecho públicos, las víctimas tienen menos probabilidades de denunciar a los curas pedófilos y de presentar una demanda civil por daños y perjuicios.
Ramón Luzarraga, experto en la Iglesia católica en América Latina, dijo que la justicia ha llegado más lentamente a Argentina, en buena medida, porque la sociedad hasta hace poco no debatía públicamente los casos de abuso sexual. “La democracia de la Argentina es todavía relativamente joven y, en comparación con Estados Unidos, las personas no están aclimatadas a hablar clara y honestamente ante la injusticia”.
Esta circunstancia ha producido que las víctimas de los abusos del clero en Estados Unidos y sus aliados cuestionen al papa sobre los casos ocurridos en otros lugares, dijo Luzarraga, profesor de teología en la Universidad de Dayton, en Ohio.
Los cientos de archivos confidenciales sacerdotales, que se han hecho públicos en Estados Unidos, han reforzado la visión de los críticos porque la gente común y corriente puede ver con sus propios ojos cómo la iglesia estadounidense ha manejado los casos de los sacerdotes abusivos, agregó.
“Esa es una gran diferencia”, dijo. “La información es poder”.
